Para haber sido un mal paso, como siempre he considerado que lo fue para el país la elección de Sebastián Piñera como Presidente, la primera parte de su gobierno no ha terminado peor de lo que yo creía, pero sí con perspectivas inesperadamente negativas.
En lo material, y con el cobre rondando los cuatro dólares por libra, a Chile simplemente no le podía ir mal, aunque sufriera un terremoto como el del 27/F. Ya Bachelet (léase, para estos efectos, «Andrés Velasco») había legado a su sucesor un país en una situación sin precedentes (acreedor neto del resto del mundo), pese a que había debido gastar dos tercios del «colchón de reserva para eventualidades», que había llegado a ser de treinta mil millones de dólares, para permitirnos navegar pasablemente por las aguas turbulentas de la crisis sub-prime.
En 2010 hubo un crecimiento adecuado al hecho de venir saliendo de un 2009 con caída del producto, pero con el castigo de la destrucción del terremoto. En 2011 la producción se normalizó, permitiendo crear muchos nuevos empleos, pero sin que entre los más pobres se pudiera evitar que la legislación laboral socialista siguiera castigando con la cesantía a los jóvenes menos calificados, lo cual es el principal factor de la desigualdad en la distribución del ingreso. Cosa de la cual ya se han dado cuenta los economistas, pero no los político ni la opinión pública, que siguen con la monserga de que es preciso subir los impuestos para quitarles dinero a los ricos y dárselo a los pobres (cosa que nunca ha sido buena receta de progreso), cuando bastaría que se les ofrecieran a éstos más oportunidades de trabajo, mediante una legislación laboral que permitiera una más libre contratación de personas.
Lo realmente malo de esta primera mitad de la administración Piñera ha sido la pérdida del sentido de autoridad que debe presidir la acción de todo buen gobierno. El 2011 fue un año que mostró a un gobernante incapaz de hacer prevalecer la legalidad en la vida interna, y el 2012 comienza bajo el mismo signo. Se vive bajo una atmósfera de autoridad sobrepasada. Las aspiraciones de cualquier grupo se plantean respaldadas por la fuerza ilegal. Estudiantes, padres de alumnos, pescadores artesanales, camioneros y hasta agricultores, cuando quieren obtener algo transgreden la ley e imponen la fuerza. Extorsionan al gobernante, que invariablemente deja de hacer una cosa (aplicar las leyes) y en una forma igualmente invariable hace otra (otorga el todo o parte de lo que se le exige).
En este mismo momento, en Aysén, la única alternativa impensable es que allá se apliquen las leyes. Las únicas alternativas previsibles son que se otorgue lo que exigen a los que ejercen la fuerza, o que vuelvan a paralizar la región. Nadie siquiera plantea la posibilidad de que la cantidad de delitos contra la seguridad interna y hasta contra la soberanía que cometen los huelguistas sean penados.
En resumen: al promediar este gobierno la primera conclusión es la de que la autoridad no manda, porque no es capaz de hacerlo. Manda la fuerza ilícita, no la ley. Y lo que se llama «estado de derecho» consiste en que mande la ley y no la fuerza.
No es extraño, entonces, que no se haya podido cumplir con satisfacer la primera aspiración ciudadana, según las encuestas, cual era la de reducir la delincuencia. Su aumento afecta a todos los estratos sociales pero, en particular, a los más pobres.
Por añadidura, existe la sensación de que la maldad pura y dura se ha extendido como nunca antes. No sólo se manifiesta en los desfiles callejeros y «protestas», que convierten a nuestras calles en verdaderos «Campos de Agramante», arrasados por la destrucción insana, sino en la criminalidad malvada y sin siquiera propósito de lucro, sino con sólo el de causar sufrimiento y daño, como ha ocurrido ayer en el caso de una señora fallecida a raíz de una pedrada lanzada a su auto en una autopista. Es el mal por el mal, que campea impune. ¿En qué se está convirtiendo el chileno? Esta figura del sujeto malvado, siniestro y en libre circulación personifica la promesa incumplida de terminar con la delincuencia y «la puerta giratoria».
Otro rasgo que se ha manifestado al término de esta primera mitad del gobierno de Piñera es su sometimiento a las ideas de sus adversarios. No sólo se halla empeñado en este mismo momento en una reforma tributaria que ni siquiera estaba en su programa y que obedece exclusivamente a inquietudes de la Concertación y el comunismo, sino que hay aspectos en los cuales ha actuado al compás de lo que éstos exigen, como en el tema de las llamadas «violaciones a los derechos humanos», en que no sólo ha incumplido las promesas formuladas a los militares en retiro a la hora de procurar sus votos, sino que, además, ha sido particularmente duro en las causas contra ellos, negando indultos que perfectamente pudo haber concedido (como hasta el propio Lagos lo hizo en un caso); sumándose a la ilegalidad de los procesos incoados por la judicatura de izquierda, mediante una legión de abogados de esa tendencia que mantiene en el Ministerio del Interior y que adhieren a las querellas sin fundamento legal y, a veces, ni siquiera de hecho.
La extraña identidad de este régimen, que decididamente no es de derecha, queda de manifiesto no sólo en que abraza temas que interesan a la Concertación y al comunismo, sino en que también se expresa bajo los mismos símbolos que éstos, como cuando elige para sus celebraciones más significativas a los Jaivas o los Quilapayún, relegando a la categoría de algo impensable que en esos escenarios pudieran estar, por ejemplo, «Los Huasos Quincheros», pese a ser éstos representantes tanto más genuinos que los otros de la verdadera chilenidad tradicional.
No; por ningún motivo ha sido éste un gobierno de derecha. Yo nunca esperé que lo fuera, porque el candidato Piñera había sido claro para advertir que él tampoco lo era. Pero una derecha «pragmática», carente de ideales sólidos y cortoplacista lo apoyó porque encabezaba las encuestas y había ganado mucha plata en la Bolsa, y haciendo oídos sordos a que él había anunciado «un Estado fuerte, que norme, controle, regule, supervise». Y por eso en estos dos años ha exhibido como grandes logros la creación de ministerios, subsecretarías y superintendencias que ni siquiera en veinte años de Concertación a los izquierdistas se les habían ocurrido. Simplemente, ha sido así porque éste no es un gobierno de derecha, sino, para efectos prácticos, uno más de los de ellos, un V Gobierno de la Concertación.
Y así comienza su segunda mitad. Nadie arriesga un pronóstico ni pondría las manos al fuego acerca de cómo va a terminar. Pues está clara y explícita (en un comunicado comunista, de la directiva al pleno del partido) que hay una revolución en marcha y que los conflictos sociales son el caldo de cultivo de la violencia, a través de la cual aspiran a hacerla triunfar.
Los revolucionarios ya le «tomaron el pulso» a la administración Piñera en su primera mitad. Conocedores del diagnóstico, ya podemos anticipar cómo va a ser la segunda: sin duda, peor en todos los sentidos. Y como la mayoría del país también se ha dado cuenta, ahí tenemos, en todas las encuestas, que la desaprobación del gobernante dobla a su aprobación. Más otro dato que generalmente se desatiende: también en todas las encuestas, a la pregunta de por quién votaría en una elección, si por un candiato de la Alianza o uno de la Concertación, siempre la respuesta ciudadana favorece a esta última, pese a estar peor evaluada. Y si miramos el dato de quién es el (la) postulante preferido (a), por lejos, como futuro(a) Presidente(a), ya podemos anticipar con bastante certeza cuál será el desenlace político de esta infortunada segunda mitad, habiéndose perdido en la primera el principal atributo de un gobierno: su autoridad.
