Volvemos, una vez más, a la vieja discusión de siempre: cuál es el rol de los estados, de manera individual o colectiva, en la regulación de precios y las ganancias de empresas que ofrecen servicios que cada día se vuelven más parte de lo que consideramos “básico”.
El Stockholm Internet Forum es una especie de Babel posmoderno en el que, sin embargo, el inglés parece un acuerdo momentáneo, a ratos trabajoso, aunque relevante. Quienes están sobre el escenario, en los paneles oficiales, lo hablan cómodamente. Muchos de quienes escuchan, sin embargo, no se sienten tan cómodos con él. La diferencia no es casual ni circunstancial, es sintomática: en este foro, en el que se ha reunido una enorme cantidad de organizaciones por la internet libre y de activistas digitales de diversa índole, hay muchísimos idiomas y hay, al menos, dos grandes discursos: el de la libertad de expresión versus la censura y/o la vigilancia, y el del acceso y sus precondiciones.
Para muchas naciones europeas, el debate está centrado en cómo expandir las nuevas tecnologías hacia otros territorios y cómo promover internet libre para todos, asumiendo que algunas regulaciones son necesarias. El dilema, entonces, se expresa en términos de libertad versus restricciones, o libre expresión versus vigilancia.
Para la mayoría de las naciones del tercer mundo, en cambio, el tema sigue siendo generar las precondiciones para que el acceso a internet sea posible. Estamos hablando de estructuras básicas, como lo son el hecho estar conectado a la red eléctrica, acceder a un móvil o una computadora, estar alfabetizado. Y si el acceso al agua o a la electricidad no es hoy el drama mayoritario en Chile, sí lo es, en muchos sentidos, el acceso a una computadora y, sobre todo, el manejo de las herramientas necesarias para comprender correctamente las claves digitales.
Entre estas dos discusiones, el debate parece, en realidad, entre dos lenguas diferentes. Claves diferentes, prioridades diferentes, significados diferentes.
¿Nos importa la censura? Se escuchaba entre algunos participantes durante el día; sí, nos importa que no haya censura, pero no hay peor censura que la marginación. Es, en las naciones pobres —pero también entre los pobres de nuestras naciones— una condición basal el acceso a servicios y tecnologías mínimos, de modo de poder poner sus propias problemáticas, causas, denuncias, demandas, en la red.
Una vez más, el acceso equitativo parece ser el nudo central. Quiénes acceden y en qué condiciones. Y si se trata de democratizar el mundo y de permitir que verdaderamente sea una internet libre para todos, es decir, la “plaza pública” prometida, la primera pregunta, luego de las políticas públicas de cada Estado —o junto con ellas— es la posibilidad de adquirir tecnologías a precios razonables.
Y mientras para las naciones proveedoras de tecnologías y servicios de telefonía e internet, el asunto se asienta en la libertad de empresa, en el fomento de la industria y en los mercados en los que esa tecnología y esos servicios se ofrecen a la demanda, para las naciones que consumen estas tecnologías y servicios —entre los que se cuenta Chile— el tema sigue siendo el acceso a las TICs. Parece, entonces, un negocio redondo para los vendedores de tecnología y de servicios de telecomunicaciones: por un lado tienen a sus Estados haciendo lobby para sus productos y prestaciones. Por otro, los Estados donde se establecen y que requieren sus servicios, ponen poca o ninguna regulación al precio en el que se ofrece, por ejemplo, el acceso a tecnología.
Volvemos, una vez más, a la vieja discusión de siempre: cuál es el rol de los Estados, de manera individual o colectiva, en la regulación de precios y las ganancias de empresas que ofrecen servicios que cada día se vuelven más parte de lo que consideramos “básico”. En sociedades que dicen garantizar la libertad de expresión y el derecho a protestar, está claro que no basta con las estructuras tradicionales análogas. Para entrar, entonces, en las nuevas formas de participación globales, es necesario un rol activo de los Estados en la creación de políticas digitales consistentes para el acceso equitativo y universal a internet. De cualquier otra manera, el mundo —también digital y también en cada uno de nuestros países— seguirá dividido entre quienes hablan el idioma de la inclusión, quienes intentan balbucearlo y quienes quedan fuera, porque no les es permitido comprender sus lógicas.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
