La aglutinación de los aportes privados en un pequeño grupo de instituciones, no hace otra cosa sino que acrecentar las desigualdades presentes en el sistema educacional chileno. Y es que es claro, al observar que las universidades que cuentan con mayores presupuestos, son además las que se hacen acreedoras de los aportes privados más onerosos.
Las informaciones entregadas por el Ministerio de Educación, respecto de los estados financieros de las universidades, institutos y centros de formación técnica del país para el año 2011, han abierto discusiones y suspicacias respecto de los vínculos que mantienen con empresas privadas, el gasto que realizan por alumno y cuáles y por qué no entregaron los antecedentes requeridos por el gobierno.
Más allá de estas cuestiones, que deben ser indagadas en profundidad y despejadas por la autoridad, es necesario llamar a la reflexión respecto de uno de los aspectos trasparentados por el Mineduc en este proceso: la concentración de las donaciones a las instituciones de educación superior.
[cita]La aglutinación de los aportes privados en un pequeño grupo de instituciones, no hace otra cosa sino que acrecentar las desigualdades presentes en el sistema educacional chileno. Y es que es claro, al observar que las universidades que cuentan con mayores presupuestos, son además las que se hacen acreedoras de los aportes privados más onerosos.[/cita]
La aglutinación de los aportes privados en un pequeño grupo de instituciones, no hace otra cosa sino que acrecentar las desigualdades presentes en el sistema educacional chileno. Y es que es claro, al observar que las universidades que cuentan con mayores presupuestos, son además las que se hacen acreedoras de los aportes privados más onerosos.
No estamos por criticar a las empresas privadas que haciendo uso de la Ley N° 18.681, entregan recursos económicos para apoyar el crecimiento de los planteles de educación superior. Entendemos que determinado grupo económico, familia o empresa pueda tener mayor afinidad con determinada universidad. Sin embargo, creemos necesario buscar mecanismos que permitan democratizar el acceso a esos recursos, que al fin de cuentas son generados por la acción de todos los chilenos.
Por qué no abrir fondos concursables para que las distintas universidades, institutos o centros de formación técnica presenten sus proyectos de investigación, desarrollo e innovación —por ejemplo—, para que sean evaluados con criterios homogéneos y objetivos por comisiones previamente definidas en cada empresa.
Lo anterior no solo permitiría trasparentar y ampliar la distribución de estos recursos, que pueden deducirse del impuesto a la primera categoría y catalogarse como gastos, sino que generaría al interior de las instituciones educacionales el fortalecimiento de instancias para el desarrollo y ejecución de estos proyectos.
