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El querellante Ubilla y sus tribulaciones en el caso sobreprecios

por 19 octubre, 2012

La primera del subsecretario del Interior fue contratar al prestigiado penalista, Luis Hermosilla. Se recurre a un abogado particular, en lugar de poner los antecedentes en poder del CDE que es el organismo llamado por ley a querellarse en caso de fraude al fisco. Un escenario ambiguo que ha terminado de complicarse con la resolución del juzgado de garantía que, por segunda vez, rechazó la admisibilidad de la querella. En esta comedia de equivocaciones, todo se ha enredado.
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Cuando el Subsecretario del  Interior, Rodrigo Ubilla, debió reconocer las aristas delictuales del denominado caso “sobreprecios”, luego de una segunda e irrefutable denuncia de Ciper Chile, su primera reacción fue contratar como abogado de la Subsecretaría para el caso al prestigiado penalista Luis Hermosilla. Ello no dejó de provocar sorpresas.

Desde luego, a pesar de la gravedad de la denuncia, llamó la atención que el Ministro Hinzpeter se desentendiera desde el primer minuto del asunto, haciendo recaer toda la responsabilidad en Ubilla, al punto que pocos días más tarde desconoció incluso participación en la contratación del ex fiscal Alejandro Peña.

Otro elemento que desconcierta es que se recurriera a un abogado particular, en lugar de poner los antecedentes en poder del Consejo de Defensa del Estado que es el organismo llamado por ley a querellarse en caso de fraude al fisco, o de delitos de funcionarios tipificables como cohecho, soborno o negociación incompatible.

No es sólo una cuestión de buen uso de los recursos públicos: el Consejo de Defensa del Estado cuenta con una dotación de excelentes abogados especializados en estas materias, que no suponen costo adicional para el Estado y dan garantía de una investigación rigurosa e imparcial para ejercer la acción penal en contra de quienes corresponda.

Ubilla presenta como investigador del caso por parte de la Subsecretaría, al abogado Hermosilla quien debuta calificando al Subsecretario como “víctima” y contradictoriamente anuncia una indagación a fondo, “caiga quien caiga”.

Desde luego y como primera limitación legal, Hermosilla no es funcionario y carece, por tanto, de facultades para investigar al interior del aparato administrativo de la Subsecretaría, lo que supone una investigación sumarial.

Este escenario ambiguo ha terminado de complicarse con la resolución del juzgado de garantía que, por segunda vez, rechazó la admisibilidad de la querella presentada a nombre del Subsecretaría por Ubilla con el patrocinio de su abogado Hermosilla.

El asunto es muy simple, pero de contornos francamente chaplinescos: 1) La querella se presenta en representación de la Subsecretaría, pero el juez la rechaza, pues la Subsecretaría carece de facultades para querellarse. Esas potestades corresponden al ausente Ministro Hinzpeter; 2) Ubilla insiste y dice al juez que  ya que no cabe presentarla como Subsecretario, la presenta como particular y  pide se tengan como no escritas todas las referencias que la querella hace al Subsecretario como titular de la acción, y 3) el juez responde: muy bien, pero dese la molestia de corregir su libelo, porque así como está no puede prosperar.

Estamos hoy en que Ubilla se declara como querellante particular, como lo podría ser cualquier hijo de vecino, asistido por un abogado también particular para tratar un asunto que, por cierto, no es particular sino público.

En esta comedia de equivocaciones, todo se ha enredado. Un abogado aparece contratado por la Subsecretaría, supuestamente con dineros fiscales, para atender a un particular y no al Servicio. Se abre una brecha de eventuales desviaciones de fondos fiscales, de actuaciones en la esfera pública de un abogado que no es funcionario y mil otros equívocos que pueden generar graves consecuencias.

Como si las complicaciones no bastaren, se informa que la tercera versión de la querella vendría esta vez patrocinada por un abogado funcionario de la Subsecretaría y no por Hermosilla. Si en el libelo se persiste en presentar a Ubilla como querellante particular estaremos en un nuevo problema, pues no tiene sustento legal que un funcionario, actuando como tal, atienda con remuneración fiscal los asuntos particulares de su jefe.

Mal, todo mal. Todo pide a gritos que intervengan la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado para poner una cuota mínima que sea de orden y legalidad.

El gran ausente en  toda esta suma de actuaciones -a lo menos irregulares- es el Ministro del Interior, quien para alejarse de la línea de fuego deja hoy a su Subsecretario Ubilla en una posición nada envidiable.

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