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Caso Factop en fase decisiva: fijan audiencia de preparación de juicio y separan arista Chadwick
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago citó para el 13 de octubre la audiencia de preparación del juicio oral contra seis acusados, entre ellos Luis Hermosilla y los hermanos Sauer. La Fiscalía pide penas de hasta 20 años y continuará en una causa separada la investigación contra Andrés Chadwick.
El caso Factop ya tiene fecha para su próxima etapa judicial. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 13 de octubre de 2026, a las 09:00 horas, la audiencia de preparación del juicio oral contra seis de los principales acusados de la causa, entre ellos el abogado Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y los hermanos Daniel y Ariel Sauer. En paralelo, la Fiscalía continuará investigando al exministro Andrés Chadwick en una arista separada.
La resolución, firmada por la jueza Ximena Alejandra Rivera, establece que la audiencia se realizará en el Centro de Justicia de Santiago y da curso a la acusación presentada por el Ministerio Público tras el cierre de la investigación.
Los seis acusados son María Leonarda Villalobos Mutter; el exgerente general de STF Corredora de Bolsa, Luis Patricio Flores Cuevas; el abogado Luis Edgardo Hermosilla Osorio; el exsocio de Grupo Patio, Antonio William Jalaff Sanz; y los exsocios de Factop, Ariel Isaac Sauer Adlerstein y Daniel Amir Sauer Adlerstein.
La audiencia permitirá abordar la acusación y preparar el eventual juicio oral, en una causa que contempla delitos económicos, tributarios y de corrupción. La fijación de esta fecha no constituye una sentencia ni supone que los hechos atribuidos por la Fiscalía hayan sido acreditados.
Uno de los puntos relevantes del dictamen es la separación de la investigación seguida contra Andrés Chadwick. El tribunal tomó conocimiento de que el Ministerio Público continuará las diligencias respecto del exministro en una causa independiente.
“Téngase presente la separación de la investigación informada respecto del imputado ANDRÉS PIO BERNARDO CHADWICK PIÑERA, por el delito de tráfico de influencias, previsto y sancionado en el artículo 240 bis del Código Penal”, consigna la resolución.
De esta manera, Chadwick no forma parte de los seis acusados convocados a la audiencia de preparación del juicio oral fijada para octubre, mientras la investigación en su contra sigue su propio curso.
En la acusación principal, la Fiscalía solicitó la pena más elevada para Daniel Sauer: 20 años de presidio mayor en su grado máximo. El Ministerio Público le atribuye delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, infracciones a la Ley de Mercado de Valores, delitos tributarios, lavado de activos y soborno.
Para María Leonarda Villalobos, el ente persecutor pidió 18 años de cárcel por cargos que incluyen uso malicioso de instrumento privado mercantil, estafa, lavado de activos, delitos tributarios y soborno reiterado.
En el caso de Luis Hermosilla, la solicitud alcanza los 17 años de presidio. La acusación contempla delitos tributarios reiterados, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias.
Respecto de Ariel Sauer, la Fiscalía solicitó 14 años de cárcel por estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores y delitos tributarios.
Para Luis Flores, exgerente general de STF, la pretensión punitiva es de 12 años de prisión por infracciones a la Ley de Mercado de Valores y administración desleal.
Finalmente, el Ministerio Público pidió 10 años y un día de presidio para Antonio Jalaff, exsocio de Grupo Patio, por estafa, delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores, lavado de activos y delitos tributarios.
Con el objetivo de asegurar la comparecencia de los acusados, el tribunal ordenó notificarlos por cédula y advirtió que una inasistencia injustificada podría derivar en su conducción mediante la fuerza pública, además del pago de las costas que se generen y otras sanciones contempladas en el Código Procesal Penal.
La resolución también considera la situación cautelar de Villalobos y los hermanos Sauer, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario total. Por ello, el juzgado ofició a las comisarías de Peñalolén, Lo Barnechea y Las Condes para autorizar que abandonen sus domicilios exclusivamente durante la jornada de la audiencia.
El tribunal habilitó, además, la instancia para comunicar la decisión de la Fiscalía de no perseverar en el procedimiento respecto de Rodrigo Topelberg Kleinkopf y Cristian Felipe Menichetti Pilasi.
La misma determinación comprende a personas que no fueron formalizadas en la causa, entre ellas Alessandra Muriel Reyes Lorca, Felipe Andrés Ward Edwards, Manuel José Errázuriz Tagle y Jaime Francisco Munita Valdivieso.
La nueva etapa judicial llega después de varios meses de diligencias, reaperturas y nuevas líneas investigativas. La Fiscalía Oriente cerró la investigación del caso Audio-Factop y presentó su acusación para llevar a juicio oral a los seis imputados, con solicitudes de penas que alcanzan los 20 años.
El proceso se aproxima a los tres años desde que se conoció el registro de audio en el que Luis Hermosilla hablaba de presuntos sobornos a funcionarios públicos. Las investigaciones derivadas del caso también provocaron una crisis en el Poder Judicial que terminó con la remoción de cuatro ministros.
La extensión de las diligencias ha generado cuestionamientos, a los que se sumó el fiscal nacional, Ángel Valencia. En entrevista con Tele13 Radio, reconoció que a él “también” le parece excesivo el tiempo que ha tomado la investigación y señaló que probablemente los fiscales a cargo comparten esa apreciación.
“Recuerde que esta investigación fue cerrada hace bastantes meses atrás y fue reabierta a petición de la defensa. Y, bueno, no compartimos lo que resolvió el tribunal, pero acatamos porque es lo que corresponde, cuando dispuso reabrir para realizar nuevas diligencias”, explicó.
Valencia sostuvo que “el Ministerio Público entendía que la investigación estaba agotada hace meses”, aunque manifestó respeto por las solicitudes de las defensas, cuya función —indicó— es representar los intereses de sus clientes.
El fiscal nacional también cuestionó lo que considera incentivos procesales para extender las causas. Según explicó, las reglas actuales pueden favorecer que los procedimientos se prolonguen cuando los imputados cumplen arresto domiciliario, debido a la posibilidad de abonar ese tiempo a una eventual condena.
En ese contexto, afirmó que el Ministerio Público ha insistido en que “el arresto domiciliario no se abone con la pena privativa de libertad”.
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