Iván Flores: “Los tres senadores DC estamos en contra de esta reforma constitucional e indicaciones”

Iván Flores no parece disponible para facilitarle al Gobierno una salida en seguridad. Al menos no por la vía que La Moneda escogió. El senador DC por Los Ríos rechaza de plano la reforma constitucional de seguridad pública que impulsa La Moneda y sostiene que ni siquiera las indicaciones acordadas por sus pares Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (PREP) –que reducen la propuesta original de ocho a tres materias– corrigen un problema que, a juicio del Comité de Senadores de la Democracia Cristiana, es de origen: intentar resolver por la vía constitucional asuntos que pueden abordarse mediante leyes ordinarias.

Flores califica la iniciativa como un “absurdo jurídico”, cuestiona que se pretenda constitucionalizar la segregación penitenciaria, el combate al crimen organizado y nuevas hipótesis para el Estado de Emergencia, y advierte que su voto y los de sus camaradas DC “hasta el momento” no estarán disponibles.

Pero su crítica no termina en el diseño institucional. El expresidente de las comisiones de Seguridad y de Salud del Senado acusa al Ejecutivo de concentrarse en reformas innecesarias, mientras normas vigentes siguen sin aplicarse plenamente.

Pone como ejemplo la Ley del Cáncer, que “tras seis años aún no termina de implementarse”, y sostiene que en hospitales públicos faltan medicamentos contemplados en las canastas oncológicas, a tal punto que especialistas le advirtieron que están administrando “los medicamentos que podemos, no los que establece la canasta”.

También plantea que hubo proyectos de seguridad que, según afirma, permanecieron paralizados en el Congreso hasta que el Gobierno les otorgó urgencia. En entrevista con el Mostrador, el senador Iván Flores comenta que la DC parece haber cerrado filas contra la reforma y emplaza a La Moneda a abandonar la vía constitucional para concentrarse en gestión, legislación ordinaria y ejecución efectiva de las leyes.

-¿Cuál es su visión de la propuesta de indicaciones de los senadores Longton y Squella que reduce el proyecto de reforma constitucional sobre seguridad de ocho a tres puntos: constitucionalizar regímenes penitenciarios diferenciados y crimen organizado, y reforzar el Estado de Emergencia?
­-Primero, fue un absurdo jurídico la presentación de un proyecto de reforma constitucional para mejorar la seguridad del país. No se requería modificar la Carta Magna para mejorar la seguridad. Y otorgarle a un Presidente de la República una atribución de la magnitud que se proponía es una afrenta a la democracia y al Estado de derecho, ya que permitiría a cualquier Mandatario transformar de forma intempestiva un Estado de derecho en un régimen totalitario.

Esa propuesta buscaba crear una figura de Estado de Excepción inédita que no respondía a las hipótesis tradicionales de guerras externas ni emergencias ordinarias, otorgando al Ejecutivo la facultad discrecional de restringir derechos fundamentales, libertades individuales e, incluso, cuestionar el derecho a la propiedad privada. En la propuesta original se establecía una vigencia de 240 días o 120 días para este régimen excepcional. A pesar de que diversos expertos y legisladores catalogaron la moción como una aberración jurídica.

“Hasta ahora el acuerdo entre Squella y Longton, la verdad es que es un acuerdo entre ellos dos”

-¿Qué hubiera esperado usted del Ejecutivo frente al rechazo transversal que ha tenido la propuesta constitucional de seguridad?
-El Gobierno debió admitir el error político que significaba promover dicho texto y retirar la iniciativa del Senado, para abocarse exclusivamente al avance de la agenda de seguridad ordinaria. El Ejecutivo optó por mantener la iniciativa ajustando los plazos a 120 o 30 días en lugar de actuar con honestidad y retirar el proyecto definitivamente. Bastan 10 minutos con este tipo de facultades extraordinarias para infligir un daño severo al marco democrático y a la propiedad privada.

Respecto a las conversaciones sobre las indicaciones, de forma extraoficial se conoció que el Ejecutivo busca descartar la creación de un nuevo Estado de Excepción para sustituirlo por una modalidad derivada del Estado de Emergencia actual, lo cual sigue siendo absolutamente prescindible.

-¿Pero qué le parece la propuesta de indicaciones Longton-Squella para la reforma con esos tres elementos solamente?
-Hay que ver qué es lo que presenta, porque hasta ahora el acuerdo entre Squella y Longton, la verdad es que es un acuerdo entre ellos dos. ¿Por qué no lo socializamos entre todos? Pero hay que ver qué es lo que quiere presentar, porque todavía no lo sabemos formalmente.

-Una de las cosas que proponen es incluir constitucionalmente el control de los regímenes penitenciarios de Gendarmería y la segmentación de internos. ¿Qué opina?
-Pero si hoy día es Gendarmería quien define eso. Hoy día Gendarmería define quién es primerizo, quién es avezado, dónde lo manda. Entonces, yo creo que hacer una reforma constitucional para eso es innecesario (…). Claramente, Gendarmería es la que define, de acuerdo a la peligrosidad que se ha determinado de un individuo, colocarlo en uno u otro módulo. Ahora, tampoco es algo que dañe que Gendarmería ahora tenga con rango legal esa atribución, no le pone ni le quita, pero tampoco cambia mucho las cosas.

-Lo que el Gobierno plantea y que recogen las indicaciones es que las decisiones técnicas de segregación de Gendarmería adquieren un rango constitucional para que estos no sean objetados por recursos de amparo de los defensores de los condenados.
-Es totalmente debatible, la verdad. O sea, si Gendarmería tiene la atribución por ley, se defiende la decisión de acuerdo a esa ley, porque, si no, todo tendría que estar en la Constitución. El artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería, que trata las facultades de la institución, tiene este inciso, que se ha entendido como una habilitación legal al hablar de “políticas de segmentación”.

Y el “Reglamento de establecimientos penitenciarios”, a partir del artículo 14, regula en detalle cómo se debe producir la segmentación, teniendo en consideración edad, nivel de peligrosidad, posibilidades de reinserción, si están condenados o son imputados en prisión preventiva.

-Se ha planteado que eso esté en el reglamento no es suficiente. ¿Qué opina?
-Se puede elevar a un rango legal la atribución de Gendarmería, y si se queda lo suficientemente claro, ningún juez podrá interpretar esa instrucción de la norma. El juez sencillamente la aplica. Cuando las cosas quedan redactadas un poquito ambiguas, entonces las interpreta. (…) Pero lo que yo digo es que no es necesaria una reforma constitucional para establecerlo. Si la ley es clara, nadie podría reclamar o recurrir porque pueda pensarse que Gendarmería ha actuado arbitrariamente.

“La propuesta de incluir la seguridad pública como causal para el Estado de Emergencia resulta redundante”

-La propuesta de indicaciones también considera incluir de manera explícita en la Constitución el combate contra el crimen organizado. ¿Cuál es su postura?
-Pretender constitucionalizar la lucha contra el crimen organizado constituye un profundo error conceptual. La Constitución Política debe operar como un gran marco protector que garantice el derecho fundamental de las personas a vivir en libertad y el deber del Estado de proveer seguridad ante cualquier amenaza, sin necesidad de tipificar conductas delictivas específicas.

Si se comenzara a detallar cada fenómeno delictivo en el texto constitucional, bajo la misma lógica habría que incorporar un acápite especial sobre los riesgos emergentes de la inteligencia artificial.

–¿Por qué considera inadecuado detallar tipos delictivos específicos como el crimen organizado dentro del texto constitucional?
-El crimen organizado no constituye un fenómeno ajeno a la sociedad terrestre, sino que opera como una estructura empresarial orientada a la comisión de diversos delitos. Si se aceptara inscribir explícitamente el crimen organizado en la Carta Magna, surgiría de inmediato la presión por redactar artículos constitucionales específicos contra fenómenos como la pesca ilegal –que representa el tercer negocio ilícito más lucrativo a nivel global, después del narcotráfico y el contrabando– o contra el contrabando que destruye a la pequeña y mediana industria nacional.

El contrabando abarca la comercialización ilícita de armas, drogas ilegales y medicamentos con receta médica. A modo de ejemplo, es posible constatar en las ferias libres la venta irregular de fármacos como tramadol por 2 mil pesos la caja, además de antibióticos, hormonas y tranquilizantes que carecen de trazabilidad sanitaria y provienen del comercio ilegal fronterizo.

Asimismo, el contrabando contempla el tráfico ilícito de cigarrillos, alcohol falsificado, café adulterado y vestuario, todos los cuales dañan el comercio formal y constituyen figuras delictivas que deben ser perseguidas por leyes ordinarias sin recargar el texto constitucional.

-La tercera indicación apunta a incorporar la amenaza a la seguridad pública para decretar el Estado de Emergencia. ¿Qué le parece?
-Es que ya existe, pues. Ya existe. Dentro de lo que significan los Estados de Excepción, están los de emergencia, que ya tenemos. La propuesta de incluir la seguridad pública como causal para el Estado de Emergencia resulta enteramente redundante. El ordenamiento constitucional actual ya contempla hipótesis de Estados de Excepción para hacer frente a situaciones de emergencia, conmoción interior o riesgo inminente de guerra.

De hecho, la aplicación del Estado de Excepción que hoy día estamos aplicando en La Araucanía cubre actos terroristas, cubre violencia extrema, cubre el narcotráfico, cubre todo eso y delitos complejos como el robo de madera. Fue la aprobación de la ley ordinaria contra el robo de madera la que logró frenar la evasión tributaria y la operación clandestina de miles de camiones forestales. No fue necesario mover la Constitución.

“Hasta el momento los tres senadores estamos en contra de esta reforma”

-¿Estará disponible su voto en la Sala del Senado para respaldar estas indicaciones al proyecto de reforma constitucional o su visión es totalmente divergente?
-No. Mi voto no estará disponible para aprobar estas indicaciones bajo ninguna circunstancia. Mantendré una postura consecuente en el Senado, exigiendo que el Poder Ejecutivo se enfoque en promulgar, aplicar y fiscalizar adecuadamente las leyes ordinarias vigentes en lugar de perseverar en reformas constitucionales innecesarias.

Hoy día el proyecto viene reculando, sigue reculando, va a volver a recular, pero sigue siendo nocivo. Entonces, la pregunta es por qué insistir en eso y no dedicarse a mejorar la norma común. Y más que mejorarla, aplicarla, porque la aprobación de leyes que posteriormente no se ejecutan por falta de gestión pública representa una falla sistemática del Estado.

-¿A qué se refiere con leyes que no se ejecutan?
-Por ejemplo, a tener una Ley del Cáncer hace 6 años que todavía no se termina de implementar, y es la primera causa de muerte en Chile. Cuando la gente se sigue muriendo y no hay plata en los hospitales para adquirir todos los medicamentos oncológicos que corresponden al tratamiento definido, y que los equipos médicos estarían usando las alternativas que tienen disponibles, aunque no sean las contempladas en la “canasta”.

Yo puedo decir hoy día que buena parte de la canasta farmacológica para atender a distintos tipos de cáncer falta. A la gente se le está aplicando lo que tienen, no lo que deberían aplicar. Y esto no lo dije yo. Yo presidí la Comisión de Salud hasta marzo, llevé al presidente de la Sociedad de Urólogos de Chile, a especialistas de cáncer colorrectal, y nos decían ‘nosotros estamos aplicando los medicamentos que podemos, no los que establece la canasta, porque esos no están’.

Esto lo digo con mucha responsabilidad. Porque también podríamos colocarlo en la Constitución. Y si vamos a hacer reformas constitucionales, cuando un ministro de Salud no cumple la obligación legal, entonces, este podría ser acusado constitucionalmente.

–Su voto no estará disponible para las indicaciones. ¿Y en el Comité de Senadores de la DC coinciden? ¿Tienen una visión parecida?
-Yo me imagino que sí. Los tres senadores estamos en contra de esta reforma constitucional. Ahora, como tenemos distintas especialidades, no lo sé. Yo soy el que trabaja con los temas de seguridad. Yasna (Provoste) trabaja más en recurso hídrico, en educación, presupuesto. Y “Pancho” (Huenchumilla) ha trabajado más en Constitución, esa es su especialidad. Pero hasta el momento los tres senadores estamos en contra de esta reforma constitucional, y las indicaciones, porque entendemos que todas las mejoras se pueden hacer por vía legal, no es necesario recurrir a modificaciones de la Constitución.

-En relación con los anuncios sobre la agenda de seguridad, ¿cómo evalúa que se ha desarrollado la tramitación de las iniciativas y el otorgamiento de urgencias?
-Como expresidente de la Comisión de Seguridad del Senado, vengo insistiéndole a las autoridades de Interior, al ministro de la Segpres, al de Seguridad y al Ministerio de Justicia, que otorguen la urgencia correspondiente a una serie de proyectos de ley paralizados. Entre estas iniciativas esenciales se encuentran la regulación de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), la protección de la infraestructura crítica, proyecto de las placas patentes, el de los vehículos de inteligencia que al final han avanzando solos sin la urgencia del Gobierno.

Bueno, al final dijeron ‘vamos a presentar 30 proyectos’, 10 nuevos que nadie conocía y 20 que ya estaban identificados como proyectos que ya venían en trámite, que le iban a poner discusión inmediata o suma urgencia. Y al final no fueron 30, fueron 24. Y de esos 24, uno solo es de iniciativa del Gobierno, que sigue siendo el de la reforma constitucional absurda, aunque sea con todos los nuevos adornos.

Y quedaron 23, que son proyectos que ya podían haberle puesto urgencia hace 6 meses. Se la pusieron ahora, en buena hora, y la semana pasada aprobamos dos. Despachamos del Senado el proyecto de flagrancia y el de modernización e incentivos para Carabineros.