Opinión
La estrategia de “crecimiento con equidad” tal como se pensó en los 90 ya no es posible para el Chile de la segunda década del siglo XXI. Si bien se requiere una estrategia de desarrollo que promueva el cambio estructural para avanzar hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación, ésta necesariamente debe incorporar en sus propios fundamentos conceptuales la agenda de sustentabilidad y de igualdad. Esto es así porque ya sabemos que la igualdad no es un resultado automático del crecimiento. También sabemos que la idea de “desarrollo sustentable” no es un mero equilibrio sino una propuesta superadora. Sólo así podrán construirse puentes de diálogo entre diversas corrientes de opinión que son transversales a toda la oposición.
La oposición política y social al gobierno de Piñera ha concentrado su crítica en cinco materias de alta relevancia para el país: la reforma del sistema político, la reforma educacional, la reducción de la concentración e influencia del poder económico, la protección del medio ambiente y la expansión del Estado de Bienestar, financiada mediante una reforma tributaria.
Es una agenda ambiciosa que se precisará en el transcurso del 2013 y cuya viabilidad está determinada por la capacidad de construir mayorías en ambas Cámaras. Sin embargo, ¿cuál es la propuesta en materia de desarrollo sustentable e inclusivo? La verdad es que todavía se ha dicho bastante poco.
Aun cuando más de un candidato ha lanzado ideas al respecto, ninguno ha elaborado una nueva propuesta de estrategia de desarrollo que asegure un camino de superación de un modelo exportador primario-exportador que, si bien es todavía exitoso en materia de crecimiento, no es sostenible ni sustentable pues está basado en la escasa agregación de valor de nuestras exportaciones, en la depredación del medio ambiente, en los bajos salarios y en una profunda heterogeneidad productiva entre grandes y pequeñas empresas.
Estos déficits no se originan sólo en problemas estructurales de la economía chilena, sino también en una jungla de leyes que dan excesivas facilidades a las actividades rentistas y financieras, que alientan el lucro disfrazado, que establecen una reducida y regresiva carga tributaria, que limitan el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que frenan la emergencia de nuevas oleadas de innovadores, que facilitan la depredación de recursos naturales así como generan una fuerte asimetría de poder a favor de las grandes empresas y en contra de trabajadores y pequeñas empresas.
[cita]En los 50 y 60 se gestó un movimiento de reformas estructurales que culminaron en la reforma agraria y en la nacionalización del cobre, pero todos sabemos que no logró tener solución de continuidad. En esta segunda década del siglo XXI, cuando el péndulo de la historia parece moverse hacia nueva oleada de reformas estructurales, debemos proponernos un proyecto histórico respaldado por una nueva mayoría que combine efectivamente las aspiraciones de democracia, desarrollo, igualdad y sustentabilidad. Este es el desafío que todos —sin exclusiones— debemos acometer.[/cita]
Lo anterior requiere una propuesta integral que incluya la dimensión del desarrollo, pero esto no ha ocurrido hasta ahora ¿Por qué? No es por falta de capacidades o imaginación, sino porque hay divergencias que todavía no han sido armonizadas. Se trata de diferencias que se han acumulado con el tiempo y que han generado profundas desconfianzas, conformando una suerte de nudo gordiano que no puede ser cortado por una espada, sino que debe ser pacientemente deshecho mediante un nuevo acuerdo posneoliberal.
¿Cuáles son los problemas? Primero, hay una tensión entre los que creen en la promoción del desarrollo y los que creen en la protección del medio ambiente. En las conferencias internacionales se ha construido el término “desarrollo sustentable” para superar esta divergencia, pero ello no evita el mar de conflictos sobre la aprobación de centrales hidro, termo y nucleoeléctricas, sobre el desarrollo de cultivos transgénicos, sobre capturas pesqueras, sobre el tipo de compensaciones que las nuevas empresas industrias deben otorgar hacia las comunidades locales. Algunos de estos conflictos han sido postergados como el caso de las centrales nucleares o de los cultivos transgénicos, pero otros establecen profundos clivajes como ocurrió con la recientemente aprobada Ley de Pesca. Todavía no emerge una propuesta integradora.
Segundo, hay una tensión entre los que priorizan políticas contra la desigualdad y los que priorizan políticas para el desarrollo. Esto genera perspectivas contradictorias que pueden visualizarse a través de tres ejemplos. Por un lado, las políticas de innovación implica trabajar con empresas de todo porte incluyendo las grandes empresas lo que no es bien visto por quienes están preocupados de la igualdad. Al mismo tiempo se corre el riesgo de subsidiar firmas que pueden no respetar los derechos laborales y el medio ambiente. Por otro lado, al establecer regulaciones “amistosas con el mercado”, el gobierno promueve las inversiones privadas pero al mismo tiempo puede facilitar utilidades extraordinarias, muy superiores a las que empresas similares obtendrían en países desarrollados. Y no menos importante, la cuestión de sindicatos por rama de la producción y con capacidad negociadora no tiene consenso. Para algunos esto genera excesiva conflictividad y prefieren un modelo de “flexiseguridad” a la danesa. Para otros, los sindicatos por ramas precisamente son un camino de reducción de la conflictividad social y el avance a un nuevo pacto social.
La estrategia de “crecimiento con equidad” tal como se pensó en los 90 ya no es posible para el Chile de la segunda década del siglo XXI. Si bien se requiere una estrategia de desarrollo que promueva el cambio estructural para avanzar hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación, ésta necesariamente debe incorporar en sus propios fundamentos conceptuales la agenda de sustentabilidad y de igualdad. Esto es así porque ya sabemos que la igualdad no es un resultado automático del crecimiento. También sabemos que la idea de “desarrollo sustentable” no es un mero equilibrio sino una propuesta superadora. Sólo así podrán construirse puentes de diálogo entre diversas corrientes de opinión que son transversales a toda la oposición.
Desanudar estas conflictivas propuestas requiere de un amplio diálogo y la construcción de un nuevo acuerdo. Se requiere de propuestas innovadoras tales como las que aparecen en el reciente documento 2012 de la Cepal denominado “Cambio Estructural para la Igualdad”. Esto demuestra que el debate no sólo se da en Chile. Es un debate universal.
En los 50 y 60 se gestó un movimiento de reformas estructurales que culminaron en la reforma agraria y en la nacionalización del cobre, pero todos sabemos que no logró tener solución de continuidad. En esta segunda década del siglo XXI, cuando el péndulo de la historia parece moverse hacia nueva oleada de reformas estructurales, debemos proponernos un proyecto histórico respaldado por una nueva mayoría que combine efectivamente las aspiraciones de democracia, desarrollo, igualdad y sustentabilidad. Este es el desafío que todos —sin exclusiones— debemos acometer.
