Ayer, el presidente Piñera anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para mejorar el sistema de acreditación aprobado en 2006, y corregir las fallas que la opinión pública ha conocido recientemente. No podemos sino alegrarnos de una decisión del gobierno, la cual constituye un giro de 180 grados respecto lo que la misma derecha rechazó cuando se debatió la ley actual.
Deseamos suerte al ministro de Educación en la tramitación del proyecto, a fin de fortalecer la calidad de nuestro sistema de educación superior.
Tanto el Presidente como el Ministro no han dejado de remarcar las diferencias entre lo que el proyecto anunciado contemplaría y la actual institucionalidad. Sin embargo, sorprende que olviden decir que gran parte de las debilidades actuales son responsabilidad de la oposición de derecha de entonces.
Para facilitar la discusión parlamentaria y supervisar que los parlamentarios de derecha voten ahora a favor de lo que antes rechazaron, es útil realizar la comparación entre el proyecto que se anuncia ahora y el enviado al Parlamento en abril de 2003, durante el gobierno del presidente Lagos. Curiosamente, ahora el gobierno de Piñera muestra grandes coincidencias con lo que entonces rechazó.
¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué permitió que, finalmente, la ley de aseguramiento de la calidad publicada en noviembre de 2006 dejara vacios que permitieran la crisis que hoy vemos? Sería bueno preguntarle a los que en aquellos años eran parlamentarios de la Alianza. Diputados y senadores de la Alianza le deben una explicación al país, ya que fueron los autores de muchas de las 798 indicaciones que terminaron por cambiar en forma y fondo el proyecto presentado por el gobierno de Lagos.
Invito a leer el texto del proyecto presentado en abril de 2003, y contrastarlo con la ley que finalmente fue aprobada. La oposición de entonces no quiso inicialmente aprobar la idea de legislar y se manifestó en contra de que el Estado asegurara la calidad. La filosofía era que el mercado regularía y las familias podrían elegir. Entonces los parlamentarios de la Alianza exigieron, para aprobar, una reducción de las atribuciones de la nueva Comisión Nacional de Acreditación. Temerosos del rol que el Estado podría jugar en un sector hasta entonces débilmente fiscalizado por la institucionalidad legada por la Dictadura, las principales modificaciones introducidas por la Alianza fueron:
– Se modificó de forma drástica la manera que serían nombrados los miembros de la comisión, rechazando la propuesta del Ejecutivo que todos fueran designados por el Presidente de la República. A cambio, la derecha postuló un sistema más corporativo, en el que todas las partes interesadas tienen capacidad de nombrar a consejeros. En la práctica han operado como representantes y defensores de sus instituciones más que de la calidad del sistema.
– Se restringieron las normas de transparencia de información, dejando solo las relativas al ámbito académico, y rechazándose la entrega de información financiera.
– Se evitó la definición de estándares de calidad, porque podrían limitar el desarrollo de los proyectos institucionales privados.
– Se recortaron las atribuciones de la CNA para controlar y certificar a las agencias acreditadoras. Al calor del debate, la derecha arguyó a favor de organismos acreditadores internacionales.
– Se restringió la atribución de la CNA de dejar sin efecto, en casos justificados, las acreditaciones entregadas por las agencias privadas. El Artículo 22 del proyecto de ley fue eliminado, por lo que la CNA quedó impedida de actuar ante casos como los que hoy se analizan en la prensa.
– Se mermó de manera considerable el rol de la CNA en la acreditación de los programa de postgrado en forma directa.
– Se autorizó a las universidades privadas vetar a los pares evaluadores y pedir su reemplazo.
– Se limitó severamente el margen de acción de la CNA vía reglamento
Durante la discusión, otros importantes cambios fueron introducidos al proyecto. Uno muy significativo ocurrió en la Cámara de Diputados, cuando se desvinculó a la secretaría técnica de la naciente institución del ex Consejo Superior de Educación (hoy Comisión Nacional de Educación), impidiendo que la experiencia y recursos del Consejo pudieran volcarse en la CNA.
La acreditación institucional fue el ámbito con mayor número de podas. Fue por indicaciones de parlamentarios de la Alianza que la idea original de acreditar a las instituciones como un todo se desechara, siendo reemplazada por la actual norma donde solo son obligatorias la acreditación de pregrado y de gestión, quedando a criterio de las instituciones la decisión de acreditar o no los ámbitos de vinculación con el medio, docencia de postgrado y de investigación.
Han pasado seis años desde la publicación de la ley en 2006. Esa ley fue un avance ante a la inexistencia de toda norma de acreditación de la educación superior. Costó tres años y una intensa lucha en el Congreso conseguir su aprobación. Los hechos han demostrado que el texto aprobado no permitió garantizar de manera suficiente la transparencia e idoneidad de todos los procesos de acreditación de instituciones de educación superior.
Las restricciones impuestas al Estado, a través de una CNA que finalmente fue muy distinta a la propuesta el 2003, dejaron al arbitrio de personas con evidentes conflictos de interés, procesos que deben estar guiados por la más absoluta imparcialidad.
Mas grave aun fue la negligencia del actual gobierno al no designarse por el Presidente de la Republica al nuevo presidente de la CNA. Durante un año, 2010, la institución estuvo a la deriva y aquellas universidades que no habían sido autorizadas durante el gobierno anterior, lo fueron en pocos meses durante el actual.
Nos alegra que se envíe un nuevo proyecto, que rescate el espíritu y propuestas de lo que presentamos en 2003 y que contará con el respaldo y aportes de senadores y diputados de los partidos de la Concertación.
Esperamos que en esta ocasión diputados y senadores de la Alianza, a la luz de los perjuicios que sus indicaciones provocaron, cambien su posición de antes. Se debe entender que la educación es un bien público, y por tanto el Estado debe contar con las atribuciones suficientes para asegurar la calidad de la educación para todos.
*Texto extraído de ElQuintoPoder.cl
