8 de marzo: día para avergonzarse

Suele criticarse la baja participación de mujeres en puestos de decisión política y no podría ser de otro modo. La tasa de mujeres en cargos de representación popular está por debajo de la media latinoamericana. Pero esta tendencia se agudiza ostensiblemente en el sector privado (empresas y sector financiero particularmente). Irónicamente, es el Estado y no el sector privado el que está incorporando mujeres en cargos de alta responsabilidad. Así, mientras la modernidad se asoma en el Estado, en las empresas vivimos en la época de las cavernas en este plano.

El estudio “Mujer y poder. Participación en espacios de decisión” (Universidad Diego Portales) observa poco más de 5 mil cargos directivos en el ámbito público y privado. Las conclusiones son lapidarias. Por ejemplo, la participación de mujeres en las presidencias y gerencias de empresas (celulosa, mineras, retail, salmoneras) no supera el 2 %. En el sector financiero y de seguros su participación no alcanza el 4 %. En asociaciones y gremios alcanza el 13,6 %.

[cita]Mientras más alto el cargo, menor presencia de mujeres en universidades, clínicas y hospitales, el poder judicial, o las direcciones de empresas. Los mayores niveles de participación de mujeres se dan dentro del Estado en los servicios nacionales (34,1 %) y entre autoridades políticas no electas (33 %).[/cita]

En el mundo de la salud y educación (dos sectores teóricamente más “feminizados”) la participación de mujeres en cargos directivos alcanza al 16 y 27 % respectivamente. Sólo el 5,1 % de las rectorías son ocupadas por mujeres, y en sólo el 7,9 % de las gerencias generales de clínicas y hospitales hay mujeres.

Otra conclusión del estudio es que en los ocho sectores analizados las mujeres tienen significativamente menos opciones de acceder a la cúpula del poder. Mientras más alto el cargo, menor presencia de mujeres en universidades, clínicas y hospitales, el poder judicial, o las direcciones de empresas. Los mayores niveles de participación de mujeres se dan dentro del Estado en los servicios nacionales (34,1 %) y entre autoridades políticas no electas (33 %).

Para revertir esta situación se requiere, en primer término, reconocer este tema como un problema social. Nos debiesen avergonzar estas cifras. No resulta normal y justo que exista tal brecha entre hombres y mujeres. Si aceptamos lo anterior, entonces podríamos pensar en acciones de política más agresivas para revertir este lamentable récord. Por ejemplo, el Estado podría condicionar sus adquisiciones públicas a la pertinencia de género en los altos cargos de empresas; las empresas podrían desarrollar un índice de incorporación de mujeres a cargos superiores como parte de su responsabilidad social corporativa; las políticas públicas podrían incorporar medidas de acción afirmativa para remediar este desbalance; el Estado podría incentivar la entrega de recursos extraordinarios a universidades que velaran por la equidad de género; el Estado podría dar subsidios extraordinarios para motivar la mayor presencia de mujeres en cargos políticos; etc.

Esperemos que la discusión programática presidencial y parlamentaria refleje este debate. No basta con prometer paridad. No bastan las cuotas políticas. No basta con rodearse de mujeres para la foto presidencial. Se necesita de una acción decisiva, coherente, y sistemática para alterar esta vergonzosa situación que afecta tanto al mundo público, pero más llamativamente al sector privado.