A propósito del debate que se ha instalado sobre la legitimidad de la violencia cuando un pueblo es sometido a vejaciones por una dictadura terrorista, parece indispensable apuntar que las luchas sociales y democráticas libradas por un pueblo, lejos de ser manipuladas partidistamente se mueven y expresan mucho más que las limitadas capacidades de quienes pretenden dirigirlas.
Es cierto que diversos partidos y movimientos sociales enfrentaron a la dictadura del general Pinochet para ponerle término, haciendo uso de las más diversas formas de lucha, incluida la armada, gesta patriótica que permitió detener los crímenes atroces perpetrados y abrir paso a un proceso de transición pactada entre los sostenedores de aquella dictadura, hoy gobernantes y congresistas, y quienes se valieron de aquella violencia solapadamente para instalarse como los administradores del nuevo orden guzmaniano.
Y por años se han erigido como los promotores de una democracia ejemplar, modélica, de mayorías. Al costo, desde luego, de esconder las vergüenzas de no haber enfrentado dignamente la suerte corrida por los detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos, los cientos de miles de torturados, de no haber juzgado a Pinochet. Y que hablar de los jóvenes que perdieron su futuro, o los estudiantes universitarios endeudados de entonces que sufrieron persecuciones económicas por deudas que les prometieron acabarían. Como hoy.
Hoy se escandalizan y rasgan vestiduras por la reivindicación del uso de las armas durante los años del miedo quienes en el pasado instaron a los militares a derrocar a Salvador Allende, mismos que callaron por años sus crímenes o los ocultaron.
Lo que debe ser puesto en su lugar es que fue el pueblo en su amplia heterogeneidad, diversidad y amplitud, quien finalmente enfrentó a la dictadura. Nadie, en consecuencia, tiene el derecho de arrogarse la representación de ese pueblo armado con su dignidad y sus esperanzas. Su derecho a la rebelión excedió lejos lo que canonizan los manuales y se funde con las raíces históricas de las luchas del pueblo mapuche en contra de la dictadura imperial española.
Desde esta perspectiva, resulta impropio establecer parámetros de valor para juzgar las luchas por la libertad, sea antes del pacto que abrió paso la derrota moral de 1988 o después. No existen buenos y malos rodriguistas, o luchadores que actuaron correcta o incorrectamente. Ambos merecen el reconocimiento de la historia.
Esto para muchos puede ser disonante y extemporáneo, pero es la dignidad perdida la que impide apreciar el valor de quienes dieron sus vidas por la justicia social y la libertad, al igual como admiramos a los padres de la patria o los libertadores de América Latina.
Por lo anterior, nadie podría arrogarse la conducción de las actuales luchas y rebeliones antineoliberales que recorren el país y que anuncian la recomposición de la memoria democrática chilena. Todos los movimientos sociales que exigen sus derechos, que se ponen de pie, que han dicho basta, representan la búsqueda de un nuevo país y de liderazgos que no vacilan en decir las cosas por su nombre.
