En relación a la columna respecto al problema entre los médicos y el MINSAL, es necesario preguntarnos en qué medida presiones de grupos de poder pueden efectivamente mejorar las condiciones del sistema de salud. Chile posee una relación médico/habitante cercana a la de un país en desarrollo, siendo el gran problema la distribución asimétrica de los mismos, los que se concentran principalmente en el sistema privado. De fondo está la situación de un sistema de salud que ha sido despotenciado y desfinanciado paulatinamente desde la dictadura hasta el día de hoy. Las cifras son bastante categóricas y hablan por sí solas, así como ha sido expuesto por movimientos sociales transversales que buscaban una reforma al sistema de salud.
También es un hecho que hasta hace algunos pocos años, la situación de los médicos en formación en Chile era desastrosa: La formación de postítulo de especialidad debía ser financiada en gran medida por el mismo médico en formación, lo que producía una situación de endeudamiento al terminar la especialidad que presionaba a emigrar al sector privado para pagar la deuda. Sin embargo, se debe reconocer que en los últimos años se han logrado avances importantes en la formación y regulación de las especialidades médicas en Chile: por un lado, la implementación de programas de financiamiento Estatal de las especialidades (como son los mencionados programas FOREBAS y CONE), y el esfuerzo de algunas universidades por implementar programas de formación con financiamiento propio, lo que ha relegado a una proporción menor la cantidad de médicos en situación de autofinanciamiento.
El problema se genera en la medida que, como es de esperar, el MINSAL exige garantías al realizar esta inversión en capital humano. Estas garantías se refieren a un vínculo obligatorio por parte del médico especialista para trabajar en el sector público al finalizar la especialidad, y al pago de una multa en caso que el médico dé por finalizado su programa antes de terminar el período de tiempo estipulado, o se retire del mismo. El alegato de los médicos se refiere a la exclusión de la condición de “funcionario”, por lo que se rigen por una ley diferente a la de un médico especialista contratado, a la exigencia de contar con un aval para la firma del pagaré de la multa (del que muchos médicos no disponen), y la incertidumbre sobre las condiciones de devolución futuras. Se ha generado un movimiento llamado Residentes Chile que ha realizado manifestaciones públicas expresando estos puntos de vista, argumentando que estos problemas van a dañar la relación duradera de los médicos con el sector público y que no fomentará el vínculo a largo plazo. Es cierto que esta incertidumbre existe, que hay vacíos que permiten plantear que las condiciones podrían cambiar unilateralmente perjudicando a los médicos en formación luego de terminar la especialización, y que el sistema no se ha caracterizado por ser flexible en este primer momento, pero estas son condiciones que pueden ser mejoradas. Lo que el Estado exige ahora es una retribución en el sector público de esta inversión. Esto lleva a plantear los siguientes puntos:
¿Hasta qué punto las condiciones planteadas por el MINSAL son realmente abusivas?: El sueldo que un médico recibe sujeto al programa CONE o FOREBAS es de alrededor $1.100.000, el que puede ser hasta $1.700.000 en especialidades críticas con mucho déficit. Considerando nuestra situación de país en vías de desarrollo con una gran inequidad en los ingresos de las personas, para más de algún lector podría parecer un poco excesivo que los médicos reclamen por “condiciones laborales” considerando que hace algunos años se endeudaban para estudiar, y ahora no pagan y además reciben un sueldo de esas características. Más aún, cabe preguntarse a qué punto hemos llegado en el cual los médicos piensan que estos montos son insuficientes o no lo favorece. Por último, tenemos que recordar que todos los profesionales de la salud que estudiaron en Chile han sido beneficiados de una u otra manera por el Estado: aportes estatales a la educación superior por distintas vías, que han favorecido el desarrollo de la educación en salud; por la posibilidad de acceder a hospitales públicos, estar en contacto con pacientes, y utilizar las instalaciones de estos; y por el simple hecho de vivir en un país en donde existen las condiciones para estudiar una carrera de la salud en relativas buenas condiciones. Por este motivo, debería existir un sentimiento de retribución hacia lo público.
¿Cuál es la razón de las cláusulas que impone el MINSAL?: Durante muchos años, previo a la instalación de este sistema de exigencias de devolución, muchos médicos defraudaron al sistema y jamás retornaron a trabajar el sector público, y no cumplían los pagarés y estos caducaban al año volviéndose incobrables, para lo que incluso existen fallos del Consejo de Defensa del Estado que lo refrendan. El Estado invirtió en formación de capital humano especializado, y los médicos simplemente no cumplían sus compromisos. En este caso, la postura actual del MINSAL es completamente reactiva a la actitud inicial de los médicos, correspondiendo a una resolución de la Contraloría y del Consejo de Defensa del Estado de resguardo de fondos públicos, respaldado por la Ley 19.664; fondos que deberían ir en beneficio de todos los chilenos. Esto en el contexto de un esfuerzo que está haciendo el sector público por formar más especialistas: actualmente se encuentran en formación cerca de 2.000 médicos, y la inversión en formación de capital humano ha aumentado de 2 mil a 45 mil millones de pesos.
Por último, y siendo partidario de que es necesaria una reforma real al sistema de salud de Chile, que permita tener un piso básico adecuado para la atención de salud de la población, y que subsane la situación actual de elevada transferencia de recursos públicos a instituciones privadas y de bajo gasto fiscal en salud, mejorar los sueldos de los médicos no es una prioridad del sistema. En este momento, existe un déficit de medicamentos, de recursos físicos e infraestructura, y de recursos humanos médicos y no médicos, por lo que pensar que el sistema de salud va a mejorar sólo porque se mejoran las condiciones de los médicos es demasiado aventurado. Es verdad que mejorando las condiciones laborales y los ingresos se estimularía la permanencia en el sector público, pero es igual o más importante mejorar los otros aspectos en déficit. Así como los médicos argumentan que el MINSAL es abusivo, el Estado podría argumentar que los médicos no han cumplido lo pactado previamente, o que muchos médicos en la actualidad contratados bajo estos mecanismos buscan resquicios para trabajar un par de horas menos a la semana o conseguir cualquier asignación adicional. En concreto, hay que invertir para que tanto pacientes como trabajadores de la salud se desenvuelvan en condiciones mejores, pero eso no pasa por subir el sueldo o dar más beneficios a un grupo.
El problema actual radica en una diferencia de visiones entre un grupo de médicos y el MINSAL respecto al rol del médico en el sistema público. Es complicado en la medida que muchos médicos piensan que con este tipo de presiones efectivamente se está mejorando el sistema de salud, pero más bien impresionan como demandas gremiales para satisfacer intereses propios de un grupo de poder. Es una conducta similar a la de cualquier asociación gremial de la actualidad, en que al movilizarse se menciona que lo hacen para mejorar las condiciones del sistema, pero luego de conseguir algunos incentivos adicionales deponen la movilización considerándola exitosa. Si lo que se busca es realizar cambios profundos, lo esperable sería que las organizaciones de funcionarios de la salud actuaran de manera cohesionada con un fin claro, orientado al fondo del problema. En este caso, al menos, no se aprecia cual es la verdadera contienda ideológica que quieren posicionar, más allá de su propio interés, ni como esto contribuye a una reforma al sistema de salud que beneficie a los pacientes. Es esperable que existan personas que se sientan perjudicadas en alguna condición determinada, pero eso no necesariamente va a estar en concordancia con el desarrollo social que la salud del país necesita, por lo que se debe hacer énfasis en una visión más ética de lo que significa trabajar en el sector público de salud.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
