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Al fondo del debate educativo

por 16 julio, 2013

El rol del Estado en materia educativa no se deriva de ser su primer responsable, sino que se desprende de la conveniencia para la sociedad como un todo, y por ende para todos sus miembros, de que las personas sean educadas, lo cual es condición necesaria para la vida social y el desarrollo de cada persona. Como responsable directo del bien común, el Estado tiene el deber de proveer de los medios suficientes, a quien corresponda, para que las personas se puedan educar, y de exigir aquella educación mínima que asegure la posibilidad de participar de la vida en sociedad.
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Hace muchos años que la educación es uno de los temas centrales en la agenda pública. Lo lamentable ha sido el poco avance en cambios profundos, que realmente mejoren el sistema educacional en todos sus niveles. Uno de los principales problemas es que, por paradójico que parezca, de lo que menos se ha discutido es sobre la educación propiamente tal. Al fin y al cabo, el debate actual se ha centrado en el financiamiento de la educación y en las condiciones que la posibilitan, más que en la educación en sí. Los temas recién mencionados se han pretendido resolver planteándolos como una discusión de principios, respecto de si debe o no debe ser gratuita la educación, siendo que son temas contingentes: dependiendo de las condiciones del país, de sus posibilidades, es lo que se puede y debe financiar. No es de principio que la educación debe ser gratuita, ni tampoco que no lo pueda ser en mayor medida a la actual.

Es tan poco lo que se habla de educación, que el “derecho a la educación” se ha transformado en una consigna. Nadie dice qué se entiende por este derecho, de dónde viene, ni tampoco qué es lo que implica.

Probablemente lo anterior se debe a que, para algunos, el sistema educacional se ha transformado en un medio para hacer ingeniería social. Dadas las aspiraciones de mayor justicia e igualdad, algo que deberíamos compartir todos, se quiere diseñar un sistema educativo que elimine las desigualdades, sin importar si se cumplen los objetivos propios de la educación, lo cual es bastante discutible.

El rol del Estado en materia educativa no se deriva de ser su primer responsable, sino que se desprende de la conveniencia para la sociedad como un todo, y por ende para todos sus miembros, de que las personas sean educadas, lo cual es condición necesaria para la vida social y  el desarrollo de cada persona. Como responsable directo del bien común, el Estado tiene el deber de proveer de los medios suficientes, a quien corresponda, para que las personas se puedan educar, y de exigir aquella educación mínima que asegure la posibilidad de participar de la vida en sociedad.

Se dejó de debatir sobre los problemas educativos, y en especial sobre qué entendemos por ella. El principal desafío es que actualmente muchos estudiantes, luego de doce años de estudio, incluso con jornada escolar completa, salen de cuarto medio sin entender lo que leen ni manejar las operaciones matemáticas básicas. Eso es lo principal que debemos resolver desde la perspectiva educativa. Por lo demás, jamás avanzaremos en mayores niveles de igualdad sin mejorar en este ámbito.

Por todo lo anterior, es importante recordar que la educación va más allá que un proceso de aprendizaje de habilidades o competencias desarrolladas. Esto es sólo una parte de ella. La verdadera educación debe ser integral,  considerando la formación en todas las dimensiones de la persona. Aquellos que tienen el deber de educar a los niños, son sus responsables directos, es decir, sus padres. Es por esto que ellos tienen el derecho de formarlos según sus convicciones. Sin embargo, como los padres no son capaces de entregar la educación en todas sus dimensiones, en particular las que requieren mayor especialización, es que existen los colegios para colaborar en la formación de los niños.

Por ende, el rol del Estado en materia educativa no se deriva de ser su primer responsable, sino que se desprende de la conveniencia para la sociedad como un todo, y por ende para todos sus miembros, de que las personas sean educadas, lo cual es condición necesaria para la vida social y  el desarrollo de cada persona. Como responsable directo del bien común, el Estado tiene el deber de proveer de los medios suficientes, a quien corresponda, para que las personas se puedan educar, y de exigir aquella educación mínima que asegure la posibilidad de participar de la vida en sociedad.

Desde esta óptica se esclarece bastante el debate. En primer lugar, el Estado si tiene una responsabilidad de asegurar la calidad de la educación, en relación con aquellos mínimos indispensables. No tiene sólo un rol de fiscalizador, sino también de promover y apoyar a los establecimientos y familias, de tal manera que esa calidad sea realmente alcanzada. En segundo lugar, también debe procurar la diversidad de proyectos educativos en el sistema, de tal manera que los padres puedan educar a sus hijos según sus convicciones. En relación al financiamiento, la discusión se hace más sencilla todavía: el Estado debe apoyar financieramente a los padres y jóvenes, en caso de que no cuenten con los medios suficientes para hacerlo.

Nadie puede negar que el sistema educativo necesita de mejoras y que se debe avanzar en muchos frentes. Sin embargo, le haríamos un gran favor a los estudiantes actuales del sistema, y a los futuros, si la preocupación se centra en que (i) nadie deje de  estudiar por temas económicos y (ii) todo estudiante realmente aprenda y se forme de buena manera. Todo lo demás es ajeno a la educación, y por ende, parte de una discusión política que debe estar al servicio de la formación y enseñanza de los jóvenes, y no al revés.

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