Entendámonos. Nadie desea que se consuman drogas ni que se favorezcan ese tipo de hábitos. Pero una buena política de drogas debiera plantearse como objetivo la disminución de los daños a nuestra población y no el castigo a quienes consuman. Debiera combatir el narcotráfico y no castigar a quienes mantienen economías de subsistencia con el tráfico menor.
El consumo de drogas es un fenómeno que se ha logrado posicionar en la agenda global a partir declaraciones de la Comisión global de políticas de drogas (formada por los ex presidentes Cardoso, Gaviria, Zedillo, entre otros); el llamado de la OEA a revisar las políticas de drogas como fenómeno regional; la legalización del mascado de hoja de coca en Bolivia, el llamado a despenalizar las drogas en Guatemala, Colombia y Uruguay y el caso del “gigante prohibicionista” de los EE.UU, que al día de hoy permite el consumo medico en 19 estados y el recreacional en Washington y Colorado.
A nivel nacional, los ingentes movimientos sociales organizados en torno a la despenalización del cultivo (Movimental, No mas presos por plantar); la posición del Colegio Médico de Chile, en cuanto a avanzar en regular y estudiar las alternativas médicas que ofrece la cannabis sativa; los casos que la prensa ha ventilado en sus líneas, como los del dr. Milton Flores, el animador Félix Soumastre, el actor Ariel Mateluna, los productores y animadores Manuel y Sergio Lagos han contribuido a posicionar el tema en la agenda local.
[cita]Entendámonos. Nadie desea que se consuman drogas ni que se favorezcan ese tipo de hábitos. Pero una buena política de drogas debiera plantearse como objetivo la disminución de los daños a nuestra población y no el castigo a quienes consuman. Debiera combatir el narcotráfico y no castigar a quienes mantienen economías de subsistencia con el tráfico menor.[/cita]
Desde la convención única sobre estupefacientes de 1961 el fenómeno social del consumo de drogas se ha enfrentado políticamente desde la prohibición en gran parte de las sociedades del mundo, y es precisamente la radicalidad de esa política la que ha causado más males que los que el consumo de las propias drogas ha producido.
Así, la guerra contra las drogas ha dejado 90.000 muertos en México desde 2005; 20.000 en Colombia, miles de desplazados viviendo en las calles de Bogotá, 80.000 encarcelados por ley 20.000 en Chile (2012) y 2/3 del total de las mujeres en prisión en Chile, lo están por Ley 20.000, fundamentalmente por microtráfico y un larguísimo etc. En las poblaciones más pobres, precisamente se producen indeseables efectos de violencia, robo y mercadeo sexual para conseguir algo de pasta, que involucra a nuestros ciudadanos en oscuros y profundos recovecos de nuestra sociedad enceguecida por el dogma de prohibir lo que no queremos ver.
Todos estos hechos constituyen violaciones flagrantes a los derechos humanos de quienes, que por diversas razones consumen o comercian con drogas en mercados negros y termina en cárceles o programas de rehabilitación impuestos por las cortes.
Por lo tanto, se hace necesario cambiar el enfoque de la política, desde la mirada policial a otra sanitaria al momento diseñar políticas públicas. En el escenario político local, se podría avanzar bastante si nuestros presidenciables se pronunciaran seriamente sobre la política.
Entendámonos. Nadie desea que se consuman drogas ni que se favorezcan ese tipo de hábitos. Pero una buena política de drogas debiera plantearse como objetivo la disminución de los daños a nuestra población y no el castigo a quienes consuman. Debiera combatir el narcotráfico y no castigar a quienes mantienen economías de subsistencia con el tráfico menor. Debiera preocuparse por la calidad de la sustancia que corre en la calle, para minimizar los daños de quienes consumen. Esta es la base del modelo de reducción de daños, la alternativa al prohibicionismo, que posee destacadas dimensiones en Portugal, República Checa, Holanda, España, Suiza, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica e India.
Sin embargo, tímidamente nuestros presidenciables se han pronunciado. Michelle Bachelet ha dicho que está dispuesta a revisar la política de drogas, a cambiar de lista a cannabis, y que el autocultivo no está en el programa. Marco Enriquez ha planteado la reforma a la política de drogas. Velasco y Gómez se mostraron a favor de regular al menos el consumo de cannabis, Longueira se alcanzó a negar a debatir y Allamand ambiguamente ha señalado que “existe espacio para precisar esa legislación”
Como sea, los cambios que se esperarían para esto, debieran incluir al menos lo siguiente:
