El 8 de agosto pasado, un día después que la Comisión Externa Revisora del Censo 2012 entregara su Informe, el Presidente Piñera pidió humildemente perdón por los errores cometidos en la planificación y ejecución de este censo.
Específicamente, en su declaración el Presidente Piñera sólo se refirió, calificándolo como el principal error cometido, al hecho que “cerca de un 9% de la población no fue debidamente censada”. Agregando que, cuando fue informado de estos errores, sintió la mima molestia e indignación que han sentido millones de chilenas y chilenos. Con todo, no precisó cuándo, por quién y de qué errores fue informado. Ambigüedad que se suma al velo que tendió sobre la relevancia de la omisión censal identificada, convirtiendo hábilmente mediante un gambito retórico para nada inocuo, el gravísimo 9,3% de población no censada estimado por la Comisión Externa, en un mero cerca de un 9% de población no debidamente censada.
Ambigüedad que se intensificó con la afirmación del Presidente Piñera que fue él quien personalmente le solicitó la renuncia al ex Director del INE, Francisco Labbé. Circunstancia que no sólo ha sido negada por el afectado, sino que el Subsecretario de Economía, Tomás Flores, declaró públicamente en esa oportunidad que dicha renuncia no fue solicitada sino aceptada por el gobierno el 26 de abril de 2013.
Con todo, resulta indiscutible que el Presidente Piñera debió pedirle perdón al país a más tardar ese mismo 26 de abril pasado. De hecho, en una columna que yo publiqué aquí en El Mostrador, el 8 de mayo pasado, estimando en base a los antecedentes disponibles a la fecha, que la omisión censal era del orden de un 9,6%, terminé concluyendo que era un deber del Presidente Piñera y del ex ministro Longueira reconocer hidalgamente, si fue así, que fueron engañados por el ex director del INE sobre el particular y que efectivamente éste no había sido un censo ejemplar. Obviamente, la credibilidad de este perdón habría sido muchísimo mayor si no se hubiera esperado a que fuera la Comisión Externa quien certificara la magnitud de una omisión censal superior al 9%.
[cita]Con relación al tiempo de la consulta, me parece que ésta no debiera tomar más de dos meses, dado que carece de todo sentido seguir dilatando esta materia. Por lo mismo, me parece que la consulta debiera ser dirigida a organizaciones que conocen de cerca la realidad estadística chilena como son la CEPAL, la Oficina Estadística de los Estados Unidos y, aunque en menor medida, la OCDE.[/cita]
Es más, no solo este perdón del Presidente Piñera fue manifiestamente tardío, sino que está referido exclusivamente a la omisión censal que no es un error en sí, sino que el resultado de un cúmulo de errores que la gestaron, a lo cual se suma en este caso el agravante de un burdo intento de ocultamiento de lo ocurrido. De modo que, para que este perdón del Presidente Piñera despeje todo equívoco sobre el particular, debe pronunciarse con claridad y asumir todas las responsabilidades del caso con respecto a los siguientes cinco errores manifiestos en los que indiscutiblemente se incurrió:
• En agosto de 2010, el Presidente Piñera y el Ministro de Economía de la época, Juan Andrés Fontaine, destituyeron a la Directora del INE, Mariana Schkolnik, en circunstancias que ella no sólo fue designada por la Alta Dirección Pública sino que su desempeño había sido justamente elogiado. En particular, Mariana Schkolnik lideró exitosamente el proceso de estimación de la canasta del nuevo Índice de Precios del Consumidor (IPC), el cual junto al Censo son las dos tareas más polémicas y críticas que el INE está llamado a emprender. Sin perjuicio de los problemas de aplicación del IPC denunciados recientemente que no son de su responsabilidad en determinados sectores, como el calzado y el vestuario por ejemplo, lo cierto es que la canasta del nuevo IPC y sus ponderadores no han sido objeto de crítica alguna. Es más, en consonancia con una tradición casi centenaria en la materia, en el mandato de Mariana Schkolnik se inició en el 2007, suficientemente a tiempo, la programación del Censo del 2012. Aun cuando la Comisión Externa Revisora del Censo 2012 expresó que al asumir el nuevo director existía cierto retraso en la planificación del censo, lo cual con mi experiencia en la materia me parece discutible, lo cierto es que ésta ni calificó de relevante dicho retraso ni mencionó la existencia de error alguno en la especie ;
• En agosto de 2010, el Presidente Piñera y el Ministro de Economía de la época, Juan Andrés Fontaine, designaron a Francisco Labbé como Director del INE. En particular, su Curriculum Vitae no acredita ninguna experiencia del mismo en materia censal, tanto de hecho como de derecho. Sin perjuicio que esta designación fue ulteriormente ratificada por la Alta Dirección Pública, no tardó mucho en quedar de manifiesto que el ex Director carecía de la competencia necesaria para dirigir el INE en un período censal y, menos aún, de la calidad moral intachable que es un requisito indispensable para desempeñar un cargo de esta naturaleza;
• En agosto de 2011, un año después de haber asumido como director del INE, Francisco Labbé propuso migrar del censo de hecho, utilizado hasta entonces en el país, a uno de derecho. Por cierto, resulta insólito que si el Director Labbé estaba tan convencido de las ventajas y de la viabilidad de migrar el Censo del 2012 a la modalidad de derecho no lo haya propuesto un año antes. Máxime que en la ocurrencia el censo de hecho en curso se venía planificando desde el 2007 y su ejecución ya se había iniciado con la realización de un pre-censo, diseñado para un censo de hecho y no de derecho, el cual ya estaba prácticamente terminado en agosto de 2011. Además, el INE no contaba con un presupuesto para iniciar la planificación de un censo de derecho, que habría requerido al menos la contratación de asesores, probablemente extranjeros, expertos en censos de derecho, para lo cual habría que esperar al menos la tramitación del presupuesto del 2012. Con todo, en lugar de abandonar la propuesta de migración de un censo de hecho a uno de derecho o, por último, de postergar el Censo del 2012 Francisco Labbé logró que el Presidente Piñera aprobara esta migración a un censo de derecho así como de un Anexo Presupuestario, lo que según sus declaraciones como imputado en la Fiscalía habría ocurrido recién en octubre del 2011. Obviamente, el perdón del Presidente Piñera no es creíble si él no precisa que se arrepiente de haber aprobado una migración tardía e inviable de un censo de hecho a uno de derecho. El resto de la historia de este Censo Fallido no es sino una crónica de una muerte anunciada. En efecto, cómo no iba a fracasar un censo de derecho iniciado apenas seis meses antes de su levantamiento de datos, sin planificación, sin asesores expertos, con un pre-censo realizado para un diseño distinto, sin presupuesto adecuado y sin una prueba piloto para testear el cuestionario, que no se pudo realizar por falta de tiempo;
• El 31 de agosto de 2012, el censo nuevamente no pasó agosto. Efectivamente, en esa fecha, Francisco Labbé hizo entrega pública de los Resultados Preliminares del Censo 2012, documento que sigue estando disponible en la Red. En dicho documento, se especifica que en él “se entregan las cifras preliminares del Censo de Población y Vivienda 2012, las que se obtienen de los recuentos manuales de vivienda y población de cada sector de empadronamiento que fueron levantados por los censistas, de manera que podrán diferir de los resultados definitivos que se obtienen de los cuestionarios censales una vez escaneados cada uno de los formularios censales y realizado el procesamiento de validación de los mismos”. No obstante lo cual, se ocultó que a la población total efectivamente censada de 15758929, la cual solo fue informada por el INE por primera vez en una comunicación a la Comisión Externa, se le agregaron 813546 personas correspondientes supuestamente a habitantes de viviendas no censadas pero con moradores ausentes. Es indiscutible que estos datos agregados no fueron levantados por los censistas. Sin lugar a dudas, se trata de una gravísima falsificación de datos, que compromete seriamente la Fe Publica en la información proporcionada por el Estado. Por lo mismo, no solo Francisco Labbé sino que todos los que fueron cómplices activos o pasivos de esta falsificación de datos debieran ser severamente sancionados, sino que además el INE debiera publicar una Fe de Errata a este documento que aísle los datos de las personas y viviendas censadas de los datos de las viviendas y personas no censadas cuyos datos solamente fueron imputados. Por cierto, ni el perdón del Presidente Piñera en la materia es creíble, ni las recientes acusaciones de Francisco Labbé que el gobierno sí estaba enterado de estas manipulaciones caerán en oídos sordos, si él no precisa con claridad meridiana que fue engañado por éste. Con todo, el presidente debe reconocer humildemente que el hizo caso omiso a la percepción generalizada en el país que no se trataba del mejor censo de la historia sino que del peor de todos. En efecto, es imposible que una omisión censal de un 9,3% no hubiese llegado a sus oídos como a los de todos los chilenos que lo escuchamos una y otra vez; y
• Finalmente, la guinda de la torta del Censo 2012 no fue en agosto aunque sí le cavó su tumba, sino que fue el 2 de abril de 2013, cuando en un acto patético en el Castillo Hidalgo en un escenario casi Shakesperiano el Presidente Piñera y el Ministro Longueira presentaron los Resultados Finales del Censo 2012, reiterando por última vez que era el mejor censo de la historia. De hecho, cuando entre agosto y abril se debían validar los datos censados, lo más resaltante que se hizo fue agregar 62128 personas no censadas a las 813546 personas ya agregadas en los Resultados Preliminares. Obviamente, los comentarios formulados más arriba con relación a los Resultados Preliminares son igualmente válidos para los Resultados Finales. Con todo, la diferencia es que en esta oportunidad el Presidente Piñera y el ex Ministro Longueira aparecen personalmente involucrados, en circunstancias que tuvieron siete meses más para escuchar a ese 9,3% de la población que no fue censada y que no cesaba de protestar.
En este nuevo contexto, obviamente uno no puede oponerse a la iniciativa de solicitar una segunda opinión. Aún cuando, cabe preguntarse por qué no se solicitó una segunda opinión cuando Francisco Labbé propuso migrar de un censo de hecho a uno de derecho en circunstancias que éste era sin lugar a dudas absolutamente inviable.
Con todo, me parece que este requerimiento de una segunda opinión debiera estar acotado tanto en el tiempo de la consulta como en el contenido de la misma.
Con relación al tiempo de la consulta, me parece que ésta no debiera tomar más de dos meses, dado que carece de todo sentido seguir dilatando esta materia. Por lo mismo, me parece que la consulta debiera ser dirigida a organizaciones que conocen de cerca la realidad estadística chilena como son la CEPAL, la Oficina Estadística de los Estados Unidos y, aunque en menor medida, la OCDE.
Con relación al contenido de la consulta, me parece que ésta debiera estar acotada a solo dos opciones. Por un lado, si la propuesta de la Comisión Externa les parece pertinente a los expertos internacionales. Por otro, si estiman viable, dada la magnitud de la omisión censal, realizar una imputación rigurosa de los datos de las viviendas con moradores ausentes, utilizando un software potente como el Hot Deck, por ejemplo . Por cierto, la realización de un censo solo de las viviendas no censadas, como algunos han sugerido, dos o más años después de no haber sido censados no me parece una opción estadísticamente válida..
