Opinión
A propósito de la declaración de la Asociación de Magistrados y de los comentarios de Dolmestch es útil recordar que fueron escasísimos los magistrados que se atrevieron a ir contra la corriente bajo la dictadura y en los primeros años de la transición. El archivo Memoria y Justicia consigna que durante el régimen de Pinochet hubo apenas tres jueces que intentaron actuar con independencia: Carlos Cerda, José Cánovas Robles y René García Villegas.
Junio de 1998: en un desayuno con la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en Chile, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Dávila, fue interpelado por el periodista Federico Quilodrán, de Associated Press, acerca de la obsecuencia del máximo tribunal con la dictadura de Augusto Pinochet.
El magistrado, que había asumido el cargo en enero de ese año, respondió que no le cabía duda que el Poder Judicial habría sido cerrado si no se hubiera sometido al régimen en los primeros años de la dictadura. Pinochet, que desde el 11 de marzo de ese mismo año había asumido como senador vitalicio, se declaró “sorprendido y dolido” por las expresiones de Dávila en una entrevista publicada pocos días después en el diario La Tercera.
Eran, no está de más recordarlo, los tiempos en que la transición chilena seguía un orquestado cauce de “democracia protegida” bajo la vigilancia del ex dictador, que si bien había entregado la banda presidencial en marzo de 1990 mantenía un poder de facto que solo comenzaría a desmoronarse en octubre de 1998 con su arresto en Londres.
[cita]El juez Dolmestch sostiene que de no mediar el “acierto” del apoyo al golpe de la magistratura “habría habido una dictadura absoluta”. Un argumento inaceptable a la luz de los hechos. Porque la prevalencia de un Poder Judicial que sistemáticamente rechazaba los recursos de amparo, presidido por un Israel Bórquez que se declaraba hastiado (“curco”) por los detenidos-desaparecidos, contribuyó decisivamente a que Chile sufriera un régimen de facto revestido de poderes absolutos para secuestrar, torturar y asesinar.[/cita]
Este episodio vuelve a la memoria a propósito de los comentarios del juez Hugo Dolmestch, vocero de la Corte Suprema, tras la declaración de la Asociación de Magistrados del miércoles último, en que este organismo gremial pidió perdón por las actuaciones de la judicatura bajo el régimen dictatorial e instó al máximo tribunal a hacer otro tanto.
Dávila, al contrario de Dolmestch, no se atrevió a calificar de “acierto” el sometimiento a las autoridades golpistas. Los corresponsales que estuvimos en esa conversación de junio de 1998 advertimos inequívocamente que sus palabras no solo trasuntaban sinceridad, sino que daban cuenta además de la estrategia de sobrevivencia de una Corte Suprema que en 1973 declaró “fuera de la ley” al gobierno de la Unidad Popular y que tras el golpe prestó un manto de legalidad a las sistemáticas violaciones de los derechos humanos.
Quince años después de la confesión de Dávila, y en un contexto político que se supone libre de cancerberos castrenses de la institucionalidad impuesta por la dictadura, el juez Dolmestch sostiene que de no mediar el “acierto” del apoyo al golpe de la magistratura “habría habido una dictadura absoluta”. Un argumento inaceptable a la luz de los hechos. Porque la prevalencia de un Poder Judicial que sistemáticamente rechazaba los recursos de amparo, presidido por un Israel Bórquez que se declaraba hastiado (“curco”) por los detenidos-desaparecidos, contribuyó decisivamente a que Chile sufriera un régimen de facto revestido de poderes absolutos para secuestrar, torturar y asesinar.
Roberto Dávila falleció el 27 de enero del año 2000, y a la distancia hay que agradecerle su momento de sinceridad en aquel desayuno-conferencia de prensa con los corresponsales de la prensa extranjera, aunque en general su trayectoria como magistrado se caracterizó por su respaldo a la ley de amnistía de la dictadura.
A propósito de la declaración de la Asociación de Magistrados y de los comentarios de Dolmestch es útil recordar que fueron escasísimos los magistrados que se atrevieron a ir contra la corriente bajo la dictadura y en los primeros años de la transición. El archivo Memoria y Justicia consigna que durante el régimen de Pinochet hubo apenas tres jueces que intentaron actuar con independencia: Carlos Cerda, José Cánovas Robles y René García Villegas.
Los tres sufrieron sanciones de la cúpula del Poder Judicial. Carlos Cerda fue temporalmente suspendido en 1986 porque ignoró la resolución que ordenaba traspasar a la justicia militar el proceso por el secuestro y desaparición de 10 dirigentes del Partido Comunista en 1976, donde formuló cargos, entre otros, contra Manuel Contreras y Gustavo Leigh. La Corte Suprema desautorizó las órdenes de detención que el juez Cánovas dictó en 1985 contra altos mandos de Carabineros implicados en el secuestro y degollamiento de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino. Por último, el juez René García Villegas fue suspendido en 1988 y en 1990 removido del Poder Judicial por haber declarado que “en Chile se tortura” e intentar allanar centros de detención de los órganos represivos.
