Si los sectores de derecha no se abren racionalmente a un común punto de encuentro, a un consenso democrático efectivo, en el cual sean los intereses de las mayorías los que primen, la institucionalidad fundamental, tal vez, se terminaría por quebrar, induciendo asimismo la realización de conductas opuestas a un estado de derecho.
Hace unas semanas El Mercurio comentó largamente en su página editorial que las proposiciones presidenciales de cambiar, modificar o reformar la Constitución Política, a través de un plebiscito o de otra fórmula que dé un amplia participación al pueblo soberano, representaría una especie de grave atentado en contra del Estado de Derecho, una suerte de amenaza. Nos pareció extraño dicho editorial, en atención a que el tema sustancial en debate se vincula con la soberanía popular, cuya intervención en materias de relevancia no puede estimarse como una amenaza que afecte el Estado de Derecho.
Lo cierto es que quienes desde hace muchos años venimos sosteniendo que la institucionalidad chilena no está respondiendo satisfactoriamente a los requerimientos del tiempo presente, y hemos propuesto la convocatoria a una Asamblea Constituyente, con la finalidad de asentar una democracia efectivamente participativa y representativa, al mismo tiempo, no lo hemos hecho con el propósito de destruir el Estado de Derecho. Muy por el contrario, si se examinan, sin apasionamientos, las normas estructurales de la Constitución de 1980 y sus complementarias leyes orgánicas constitucionales, se podrá arribar fácilmente a la conclusión de que allí se contemplan instituciones y preceptos que llevarán a la destrucción de dicho texto constitucional, por las barreras que se contemplan para impedir que las grandes mayorías se expresen y traduzcan sus anhelos y esperanzas en cambios institucionales que, lejos de afectar el fondo de la juridicidad nacional, sólo buscan ampliar los derechos de la ciudadanía.
[cita]Si los sectores de derecha no se abren racionalmente a un común punto de encuentro, a un consenso democrático efectivo, en el cual sean los intereses de las mayorías los que primen, la institucionalidad fundamental, tal vez, se terminaría por quebrar, induciendo asimismo la realización de conductas opuestas a un Estado de derecho.[/cita]
Por qué una Asamblea Constituyente, es la pregunta que muchos se hacen y, más que nadie, aquellos que postulan que todo cambio institucional representaría un atentado en contra del Estado de Derecho. Más allá de la ilegitimidad de origen de la Constitución de 1980, que muchos o algunos estiman saneada como consecuencia de los plebiscitos de 1988 y de 1989, y de las numerosas reformas constitucionales que se han hecho, por el constituyente derivado –léase Congreso Nacional–, existen razones de alta conveniencia jurídica, económica y cultural para promover un cambio de fondo a través de tal Asamblea o de otros mecanismos que tenga una efectiva representatividad ciudadana, tal como se ha propuesto en el programa de la ex Presidenta Michelle Bachelet Jeria.
En efecto, si analizamos las instituciones fundamentales de dicha Constitución, veremos que ellas representan, a esta altura de la evolución de nuestro país, un serio obstáculo para introducir cambios que conlleven más democracia, más equidad e igualdad. Para muestra, un ejemplo: nadie ya dudará que existe una feroz concentración patrimonial en los mercados más importantes. Es decir, algunos pocos tienen tal gravitación patrimonial, a través de conglomerados o grupos económicos, que absorben los mercados más importantes que generan la riqueza que se produce en el país y que se halla atrozmente mal distribuida. Los mercados bancarios, de seguros, de salud, de previsión, de pesca, mineros, del agua, de las energías, etc., se hallan todos concentrados en pocas manos. Un área que está terriblemente concentrada y que es particularmente sensible para sostener y prestigiar una buena democracia, es la que corresponde a los medios de comunicación social. En el país existen dos grandes cadenas, que se llevan casi todo el avisaje.
Al tiempo de discutirse la nueva ley relacionada con el periodismo, en el proyecto de ley enviado por el ejecutivo se contemplaban normas destinadas a disminuir la concentración en el área de los medios de comunicación. Llevada dicha propuesta de normativa al Tribunal Constitucional, este declaró inconstitucional tales preceptos, por violar, entre otras disposiciones de la Constitución, las que dicen relación con el derecho de propiedad y con la libertad de desarrollar cualquier clase de actividad económica. De esta manera, si se proyecta introducir cambios que desconcentren esta área y, en general, que produzcan una desconcentración en los mercados más importantes, forzosamente tendrán que introducirse modificaciones al derecho de propiedad, ya que las normas relacionadas con la libre competencia, con la Fiscalía Nacional Económica y con el Tribunal de la Libre Competencia, resultan ser totalmente inútiles para los objetivos de la desconcentración, ya que en tales organismos se ha asumido en forma profusa la teoría de los mercados relevantes. Al mismo tiempo, se ha afirmado, por otros sectores, principalmente pertenecientes a personas informadas por la Escuela de Chicago, que para poder competir en un mundo globalizado, se necesitan algunos pocos conglomerados o grupos financieros que salgan a competir en el resto del mundo. Nosotros somos de opinión que las necesidades económicas, que indudablemente impone el mundo globalizado, no hacen indispensable, como única fórmula económica, que todo el poder económico se encuentre concentrado en algunas pocas manos; es perfectamente posible competir en los mercados externos, generando, al interior del país, una poderosa asociatividad de intereses económicos, sin que las mismas se encuentren bajo el dominio de 15 grupos económicos, como sucede actualmente.
Como la Constitución de 1980 y sus normas complementarias han establecido mayorías muy elevadas para efectuar reformas constitucionales, la consecuencia que emana de aquello es que esas mismas normas llevan ínsito o implícito el germen de su propia destrucción. Si los sectores de derecha no se abren racionalmente a un común punto de encuentro, a un consenso democrático efectivo, en el cual sean los intereses de las mayorías los que primen, la institucionalidad fundamental, tal vez, se terminaría por quebrar, induciendo asimismo la realización de conductas opuestas a un Estado de derecho. Por ello el gran desafío que presenta la hora actual a los partidos políticos, a los políticos, a las políticas y a las organizaciones sociales es buscar, sin agresividad ni violencia, un punto de encuentro para acordar cambios verdaderamente sustanciales y no simples maquillajes. Quienes efectivamente reman en contra del estado de derecho y en contra de la juridicidad nacional, son quienes se resisten, denodadamente, contra de todo cambio o modificación. Dicha resistencia, que es pública y notoria, está generando evidentemente un ambiente indeseable. No resulta prudente, en consecuencia, que el “Decano” de los medios de comunicación haya levantado banderas para defender el statu quo, anunciando la existencia de supuestas amenazas al Estado de derecho, en circunstancias que quienes estamos por hacer cambios de fondo, lo hacemos precisamente para fortalecer el Estado de derecho, para que así la democracia sea realmente representativa y participativa. En modo alguno se trata de utilizar la fuerza, u otras formas de coacción, por cuanto tales procedimientos evidentemente destruyen el núcleo central del derecho y la democracia. Lo único que se pretende es que, si efectivamente existe una manifestación mayoritaria del pueblo soberano en las próximas elecciones presidenciales, esta mayoría, si llegare a ser tal, debiera poder expresarse sin cerrojos o candados formalmente constitucionales, pero que son verdaderos obstáculos a la esencia de todo Estado de derecho. Es la presencia de esos cerrojos la que, ante una expresión muy mayoritaria del pueblo soberano, podría llegar a transformarse en germen destructivo de la democracia. Cerrarle el paso al pueblo soberano, expresado en sus anhelos a través de procedimientos regulares y debidamente normados, sí que constituye una verdadera amenaza para cualquier Estado de derecho. Este es el problema de fondo que el editorial que comentamos no examina.
