Opinión
El Ministerio de Educación se ha debilitado con la nueva arquitectura, siendo la Superintendencia Escolar el ente determinante, bajo la idea de fortalecer el control y el castigo (cierre de establecimientos y perdida de la condición de Sostenedor), más que la provisión de normas y orientaciones que mejoren el hacer de las escuelas (bajo el supuesto de que tratan de hacer lo que saben, por ende, hay que mostrar caminos de mejoramiento). De igual forma, la Agencia de Calidad se ha preocupado de establecer SIMCE para muchos subsectores y niveles. No se niega el aporte de la medición, pero estos procesos masivos y repetitivos poco aportan a lo que se sabe, más si están desprovistos de estrategias de mejoramiento pertinentes y con escaso soporte financiero y técnico para su implementación.
Entendiendo que las políticas muestran sus resultados –usualmente- en el mediano y largo plazo, se analizan algunas materias, en tanto se perfilan con mayor claridad los impactos –en los próximos años– de las intervenciones implementadas en educación por el saliente gobierno.
La principal característica de este gobierno, en educación, es que desde sus inicios careció de un proyecto político educacional para el sector que estuviese enmarcado en un horizonte de mediano y largo plazo, y –por cierto– que fuese más allá de profundizar la privatización del sistema y el uso y abuso del mercado como “instrumento solucionador de los problemas”, objetivo consustancial al neoliberalismo, y que verdaderamente conforma el eje de las propuestas implementadas. Es decir, como los mismos políticos pro gobierno lo han señalado: no hubo un proyecto político en educación, se careció de relato más allá del mercado.
Si bien los períodos de gobierno de cuatro años favorecen las propuestas de corto plazo, en el gobierno que termina ello fue muy evidente, pues su primer “gerente” en educación, Joaquín Lavín, se preocupó fiel a su estilo (botones de pánico, canchas de nieve populares en la ciudad, menú de $ 2.000, etc.), de aplicar medidas efectistas, cuyo ícono de insensatez fueron los Semáforos Escolares, vastamente analizados por diversas personas y que el mismo gobierno buscó bajar en cuanto se dio cuenta del “enorme aporte” que esta medida significaba para el desarrollo de la educación chilena.
Se suma a estas “políticas” la creación de varias comisiones de expertos en distintas materias cuyos resultados no fueron revisados más allá de algunas aulas universitarias y, por cierto, no se constituyeron en referentes de las políticas implementadas por esta misma administración. Poco se puede rescatar de un primer año de gobierno que se caracterizó por la lenta instalación de las autoridades (y sus continuos conflictos de intereses), el bajo cumplimiento del gasto presupuestario del sector, el desmantelamiento del Ministerio de Educación, para dar origen a la nueva institucionalidad: Superintendencia de Educación Escolar y Agencia de Calidad. La discontinuidad de algunos programas del Ministerio, desafección de un número importante de sus funcionarios, instalándose en su impronta dos cuestiones estrechamente asociadas que constituyen su racional de operación en todo el período, a saber: fortalecer el desarrollo del mercado en educación, cuya meta será aumentar al máximo su grado de privatización; y, segundo, demostrar, midiendo todo lo que se pueda medir, que la educación privada de cualquier laya es mejor que la pública. Es decir, su meta fue reforzar en la ciudadanía la idea de que la educación pública es de mala calidad.
Recién estrenado el segundo año de gobierno, el poderoso movimiento estudiantil del año 2011 cambió brusca e irremediablemente el accionar del ejecutivo, pero no alteró sus principios. No obstante, dejó fuertemente herido su débil proyecto educacional inicial y también los siguientes: GANE, Gran acuerdo Nacional por la Educación, tiene una vida efímera, y la Reforma Tributaria pro educación no logra recaudar –según los expertos– los recursos esperados y menos los requeridos para acometer esta magna empresa, que será “la mejor y gran reforma educativa del país” en palabras presidenciales, reforma de la cual no se tienen noticias posteriores. Son los años de exaltación del marketing, siguiendo la autocrítica de Allamand tras la reciente derrota presidencial, y de la incontenible necesidad de creer que se hace historia (de forma positiva) formulando anuncios grandilocuentes, que –ciertamente– al poco andar muestran su falta de consistencia.
[cita]El subsecretario Rojas marcó la pauta gubernamental. De sus filas salieron los directivos de la Superintendencia y Agencia de Calidad, bajo su coordinación se han generado los cambios que han debilitado los marcos curriculares y las normas que con posterioridad fiscaliza la superintendencia escolar. Bajo su dirección se ha producido la instalación de la nueva institucionalidad del sector.[/cita]
Pese a que la oposición aún se encontraba muy contundida tras la pérdida del gobierno después de dos décadas de dominio, Piñera y su gobierno no pudieron capitalizar estos anuncios porque los principios en los cuales centró su política fueron extremadamente débiles, estando inexorablemente reñidos con los objetivos de fortalecimiento de la educación pública, que se comienza a manifestar con cierta fuerza por entonces en la opinión ciudadana.
El movimiento de estudiantes universitarios y secundarios se transformó, contra todo pronóstico del gobierno y cierta sorpresa de la oposición, en una corriente social incontenible, básicamente porque desnudó la “desnutrida política educacional imperante” y también parte de la anodina política concertacionista en educación, instalando desde ese momento en la agenda país los temas que han sido y son el eje de la actual problemática. Así el sector educación es el centro de la agenda del nuevo gobierno encabezado por Bachelet, con sus demandas de educación pública gratuita y de calidad, asociada al fin del lucro en educación, por ende, no es extrañable que el nombramiento del nuevo ministro del gobierno entrante despertara tamaña expectación, pues se sabe que este sector ordenará la “bajada de las políticas públicas”, incluyendo la tributaria.
La salida del ministro-gerente Lavín, producto del conflicto estudiantil, se produce no solamente por su deficitario manejo del mismo, por las presiones sociales de estudiantes, un poco por los rectores CRUCH, sino esencialmente por las exigencias de los rectores de las instituciones privadas y sus dueños, que temían el escalamiento del tema del lucro, ante el evidente reconocimiento del ministro Lavín de haberse enriquecido mediante su participación en la propiedad de una universidad privada.
El nuevo ministro, Bulnes, un abogado corporativista de experiencia en materia de negociación, busca encauzar el conflicto sin el éxito esperado por el gobierno. Los temas de la agenda del movimiento estudiantil estaban ya instalados, anclados en el escenario político nacional, abarcando un campo mayor al inicial porque también afectaban significativamente la política de los gobiernos de la Concertación, al menos desde el 2000 en adelante, extendiéndose la discusión a tres materia sustantivas presentes en el ideario político actual: una, el cambio constitucional para fortalecer al Estado y la educación pública, evidenciando, por ende, el insuficiente cambio constitucional ocurrido bajo la presidencia de Lagos; segundo, el fin al lucro en educación, considerando también la débil actitud de los gobiernos anteriores en su fiscalización, incluyendo la nueva Ley General de Educación (2009) y el tema de la acreditación de planteles y carreras de educación superior, el que explotó con el “affaire Eugenio Díaz” y una serie de irregularidades hasta hoy descubriéndose, dando cuenta de la fragilidad e indolencia con que se construyó esta institucionalidad; y tercero, que el fortalecimiento de la educación pública en todos sus niveles pasa por los temas anteriores: cambio constitucional hacia un Estado potente, fin al lucro y nuevo sistema de financiamiento sustentado en principios muy diferentes al actual, algo que en los 24 años de democracia chilena está –por cierto– en deuda y que, de paso, en su rodada arrastró al CAE, instrumento que en su momento tanto ponderaran las autoridades de este país.
El largo conflicto social del año 2011 dejó un costo importante en pérdida de matricula escolar para el sector público. No obstante –paradójicamente–, la sociedad en forma masiva reclamó con fuerza y aceptación la gratuidad de la enseñanza y el fortalecimiento de la educación pública, incluyendo la educación superior.
Pero entre la macro y la mesopolítica del gobierno de Piñera hay diferencias, desempeñando un papel estratégico quien ha sido el único subsecretario de educación del actual gobierno (un viceministro en los hechos), un integrista militante de la UDI que este partido se aseguró de instalar y mantener en este cargo clave como guardián de los suyos. De esta forma, las metas de duplicar la subvención escolar y de fortalecer y perfeccionar el sistema de financiamiento compartido, siguieron un rápido curso, esencialmente entendiendo que traspasan recursos a privados más que a los públicos y, por lo mismo, fortalecen directamente la privatización del sistema.
Otras medidas propuestas en el programa de Piñera, de fortalecimiento de la universidades estatales y de perfeccionamiento de la institucionalidad de educación superior, han estado lejos de concretarse más allá de los anuncios de última hora del Presidente al “bajar la cortina del actual gobierno”, más bien por el contrario, los cuatro ministros de educación de estos cuatro años de gobierno se han caracterizado más por sus rencillas y críticas con los rectores del CRUCH que por una política de fortalecimiento de la educación pública estatal. Incluso es posible señalar que, por sobre algunas cuestiones de forma, el peso de los ministros fue –finalmente- marginal para la política de mercado en educación, esta fue comandada eficientemente desde la Subsecretaría.
El subsecretario Rojas marcó la pauta gubernamental. De sus filas salieron los directivos de la Superintendencia y Agencia de Calidad, bajo su coordinación se han generado los cambios que han debilitado los marcos curriculares y las normas que con posterioridad fiscaliza la superintendencia escolar. Bajo su dirección se ha producido la instalación de la nueva institucionalidad del sector.
Se dice que está en avance, sin saber su estado, la nueva carrera docente que reemplazará gradualmente el estatuto actual. Sin embargo en lo que respecta a la creación de Corporaciones de Educación de Calidad (CEC), a nivel comunal no se ha dado ningún paso efectivo.
De esta manera, fiel a su impronta, el Gobierno saliente es consistente con sus principios: hoy tenemos un sistema educativo mucho más privatizado que antes (matrícula), fortalecido por los subsidios, esencialmente para los privados (pues su asignación se centra sobre matrícula), y también el financiamiento compartido sigue sin tropiezos su cauce de favorecer la privatización.
El Ministerio de Educación se ha debilitado con la nueva arquitectura, siendo la Superintendencia Escolar el ente determinante, bajo la idea de fortalecer el control y el castigo (cierre de establecimientos y perdida de la condición de Sostenedor), más que la provisión de normas y orientaciones que mejoren el hacer de las escuelas (bajo el supuesto de que tratan de hacer lo que saben, por ende, hay que mostrar caminos de mejoramiento). De igual forma, la Agencia de Calidad se ha preocupado de establecer SIMCE para muchos subsectores y niveles. No se niega el aporte de la medición, pero estos procesos masivos y repetitivos poco aportan a lo que se sabe, más si están desprovistos de estrategias de mejoramiento pertinentes y con escaso soporte financiero y técnico para su implementación. Pensar que por esta vía se mejorará la calidad de la educación es un “idealismo reduccionista” que un sistema educativo no puede sostener como “la estrategia” al respecto.
Como este gobierno no puede traicionar su credo dogmático por el mercado como asignador de los recursos, ha dejado en sus manos la importante tarea de coordinar las iniciativas de política. Muestra relevante de lo señalado es el programa de Becas de Pedagogía (Vocación de profesor), que ha operado desligado de todo proceso de selección e inducción de sus graduados, es decir, sus egresados no tienen una instancia de vínculo formal, que no sea el mercado, que permita optimizar esta inversión que hace el país en esta materia.
En forma similar el programa de directores de excelencia no está vinculado operacionalmente a la concursabilidad de los cargos, de manera que no representa un plus efectivo para estas materias el que una persona posea esta distinción. El mercado que debería operar no lo hace. Y así, como estos ejemplos, suman y siguen otros (programa Inicia) que muestran la incapacidad ideológica para pensar de otra manera y generar entonces políticas efectivas y vinculadas de formación, selección, inducción, desarrollo y perfeccionamiento docente y directivo, por mencionar esta área dentro de otras.
Finalmente, en la dimensión “micropolítica” se podría ahondar mucho, pero destacaré dos aspectos: uno el debilitamiento de la educación preescolar, contrario sensus que todo discurso apunta a mejorarla, no solamente está en elaboración un nuevo marco curricular que la debilita, sino que se han adoptado medidas que permiten a los sostenedores reducir el personal de asistentes de educación parvularia en aula, es decir, hoy los niños en el salón de trabajo están expuestos a riesgos mayores, producto de una política que apunta a reducir costos y, por ende, incrementar ganancias y no a mejorar la calidad de la enseñanza y su cobertura. Es decir, el fortalecimiento de este nivel de enseñanza establecido en los discursos oficiales no se condice con las medidas de micropolítica que se han implementado. Un segundo ejemplo son los mismos programas de Magíster para formar Directores de Excelencia; atendiendo a que muchas de estas iniciativas implementadas no estaban acreditadas en el sistema nacional al respecto, sus planes primero no podían superar los tres semestres (se entiende que son de dedicación parcial y no de dedicación completa), siendo más adelante reducidos a dos semestres. Es decir, obtener un grado académico en dos semestres de dedicación parcial, algo difícil de sostener con altos estándares de calidad (véase la acreditación de la que son objeto), no obstante fueron difundidos como programas de excelencia. Lo que implica que la micropolítica borra de un plumazo las propuestas macropolíticas tan profusamente difundidas; hemos de preguntarnos ¿por qué en educación se permiten con tanta facilidad las inconsistencias entre los diversos niveles de las políticas educacionales?
En razón de lo expuesto, se podría predecir con cierta posibilidad de éxito, que los impactos positivos de las políticas educacionales del gobierno de Piñera han de ser escasos, algo en materia de mejoramiento de los sistemas de acreditación en la educación superior, y en materia de un mejor sistema de costos y de información para tomar decisiones, que demandan, efectivamente, usar esta información, cuestión que el mercado no garantiza que así será. Respecto del incremento de los aprendizajes de los estudiantes, habrá que esperar un tiempo.
Parodiando el exitismo inicial de los primeros 20 días del gobierno de Piñera, “parece que el gobierno de los gerentes no pudo llegar a educación”…
