La pregunta del 2014 es cuán dispuesta está la clase política y dirigente para conceder mayor poder al Sistema ADP, lo que necesariamente reduciría éste en la decisión del Presidente. Considero que para lograr mayores avances como los propuestos, requiere que el Consejo ADP sea autónomo y con poder de veto incluso en el nombramiento de directivos.
El Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) en Chile cumplió 10 años en 2013. El proyecto de reforma a la Modernización del Estado, que en 2003 se transforma en la ventana de oportunidad frente al turbulento primer tercio de Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, hoy genera cuestionamientos. Primero, por el cambio de mando y coalición política del Gobierno y, segundo, por los resultados que ha logrado en esta década, siendo estos de luces y sombras.
El Sistema ADP ha sido ante todo un proceso de democratización. La concepción inicial del sistema propendía a que las élites políticas serían “desplazadas” por un sector tecnócrata, en el ámbito asociado a liderazgos de quienes ejecutan las políticas públicas. Mientras que la élite política seguiría definiendo estas políticas, revelando un cambio en la forma de concebir los gestores públicos. No obstante lo anterior, los resultados y la aplicación del Sistema ADP muestran que la distinción entre ejecución y definición de políticas públicas no está explicada por el eje entre políticos (politics) versus tecnócratas (policies), sino por cómo se distribuye el poder y cómo se lidera éste.
Antes de adoptarse el Sistema ADP, la discrecionalidad era absoluta, lo que se traducía en un poder incontrarrestable del Presidente de la República, quien designaba y nombraba a quienes dirigían los servicios públicos (I nivel jerárquico) e incluso a sus colaboradores directos (II nivel). Con el nuevo sistema, esta discrecionalidad se redujo, no desapareció, delimitándose el nombramiento condicionado a una terna propuesta por el Consejo ADP. Cabría preguntarse entonces si el poder disminuyó.
[cita]La pregunta del 2014 es cuán dispuesta está la clase política y dirigente para conceder mayor poder al Sistema ADP, lo que necesariamente reduciría la decisión del Presidente. Considero que, para lograr mayores avances como los propuestos, se requiere que el Consejo ADP sea autónomo y con poder de veto incluso en el nombramiento de directivos.[/cita]
En estricto rigor, este sistema ha demostrado que el poder sólo se ha trasladado; pese a que existe un filtro técnico que reconoce grados de meritocracia para quienes desean alcanzar cargos de dirección pública, el nombramiento continúa siendo una atribución facultativa del Presidente de la República. Lo mismo ocurre con las remociones de estos cargos.
La clase política en 2003 estuvo dispuesta a ceder parte de este poder, porque las condiciones estaban muy tensas como para extender un sistema de designaciones que había desencadenado escándalos y, más aún, provocaba que la ejecución de políticas públicas estuviese supeditada a rencillas políticas y sus coyunturas.
Hoy los avances en el Sistema ADP necesariamente se relacionan con sus falencias. Actualmente, cuando el Presidente reemplaza a un ADP, utiliza la figura de los Provisionales y Transitorios (conocidos como interinos). Esta evidencia demuestra que, cuando existe la posibilidad de ocupar el poder, aun cuando existan otras instancias de relevo, como la de subrogantes legales, se sabe que aquel instrumento que garantice la menor probabilidad de reducir dicho poder es el que será utilizado. El problema que trae consigo el uso de los provisionales es una señal de perpetuar el poder, subutilizando el sistema ADP. Si bien, en lo formal, un principio que rige al sistema ADP es la igualdad de condiciones, la evidencia muestra que, cuando hay un provisional en un cargo, éste tiende a tener mayor probabilidad de ser nombrado/a.
Otra deuda del sistema se asocia a políticas de género. Las cifras del sistema al cabo de esta década, revelan que sólo 1 de cada 3 nombrados en cargos ADP son mujeres. Aún más preocupante es cuando se observa que, del total de postulantes, sólo un 22% está compuesto por género femenino. Por consiguiente, el aumento de la participación femenina en cargos ADP es una deuda que refleja la baja inclusión de mujeres en funciones de responsabilidad y con toma de decisiones. La Presidenta electa Michelle Bachelet ha manifestado firmemente, en su programa de Gobierno, el compromiso para incorporar acciones afirmativas en la contratación femenina dentro de las políticas de selección del Sistema ADP. Un enfoque de género en esta materia permitiría un primer avance en otros pendientes, como las brechas salariales en el sector público sobre la base de igual responsabilidad (directiva y no directiva).
Durante esta década los 3 proyectos de ley que han buscado reformar el Sistema ADP no han tenido el éxito esperado en el Congreso. Bachelet en 2006 buscó cambiar mecanismos que otorgaran mayor transparencia al sistema, sin embargo, no se legisló respecto del mensaje enviado. Piñera en 2011 buscó ir más allá que su antecesora, entregando un proyecto de ley corta y comprometiendo una ley larga. Ninguna de ellas salió convertida en ley, con sendos rechazos por parte de la Cámara de Diputados. En 2013, el actual Presidente insistió en un proyecto que busca destrabar ciertos cerrojos y otorgarle mayores atribuciones al Consejo ADP. Sin embargo, las piezas siguen inmóviles en un tablero cuyos jugadores centrales (parlamentarios) han promovido un statu quo en lugar de modernización y eficiencia al Sistema.
La pregunta del 2014 es cuán dispuesta está la clase política y dirigente para conceder mayor poder al Sistema ADP, lo que necesariamente reduciría la decisión del Presidente. Considero que, para lograr mayores avances como los propuestos, se requiere que el Consejo ADP sea autónomo y con poder de veto incluso en el nombramiento de directivos. El paso coherente es que este Consejo no pueda seguir dependiendo del Servicio Civil, como opera actualmente, ya que es necesario que quien lo presida sea distinto al Director del Servicio Civil, como opera actualmente. Se requieren mayores esfuerzos para fortalecer un Estado con capacidades de resolver las demandas vigentes.
