Gratuidad

Si alguien amasa pan y luego lo come, habrá producido sólo eso: un simple pan. Si lo vende, en cambio, habrá producido una mercancía: junto a las deliciosas y nutritivas cualidades del pan, su trabajo le habrá agregando además valor, que se mide en dinero y será registrado en las cuentas nacionales. Ese fue el gran descubrimiento de la economía clásica que, al decir de Marx, cambió el curso del pensamiento humano. Del mismo modo, pero a la inversa, si la educación pagada se hace gratuita, deja de ser una mercancía y vuelve a ser sólo educación.

La gratuidad tiene al menos tres implicancias económicas profundas para los establecimientos educacionales: la forma adecuada de su propiedad dejará de ser una empresa con fines de lucro; la forma adecuada de su financiamiento ya no será la venta de servicios, sino el presupuesto público; y la relación laboral adecuada, para el magisterio y académicos, no será más el contrato asalariado privado, sino que vuelve a ser el funcionariado público. Esos tres rasgos definirán el nuevo sistema de educación pública que el país se propone reconstruir en los años venideros.

Los rasgos referidos –propiedad sin fines de lucro, financiamiento vía presupuesto y relación laboral asimilada al funcionariado público–, en su conjunto han demostrado ser la forma más adecuada, en que las modernas sociedades organizan la base principal de sus sistemas educativos. Es lo que Chile tenía hasta la dictadura de Pinochet y los subsecuentes experimentos Neoliberales.

La gratuidad de la educación, es decir, que la misma deje de venderse como servicio pagado, está en la esencia del cambio educacional requerido. Equivale a desmercantilizar la educación en todos sus aspectos.

Por definición, implica poner fin al lucro. Éste necesariamente reaparece, en cambio, de formas abiertas o encubiertas, mientras la educación siga siendo una mercancía, puesto que de hecho es la forma más adecuada a ese tipo de mercado. Ello se demuestra en el actual sistema universitario, adonde está teóricamente prohibido, pero rezuma por todos los poros, porfiadamente, una y otra vez.

La gratuidad restablece la forma de financiamiento vía presupuesto de las instituciones educativas. Les proporciona un horizonte estable para el desarrollo de sus actividades, en el marco del cumplimiento de los objetivos fijados por quien proporciona el presupuesto.

Cabe mencionar que éste es aportado siempre en su mayor parte por el Estado, pero no exclusivamente por éste. Hay muchas instituciones educacionales en el mundo, que operan con un presupuesto que en parte proviene, por ejemplo, de fundaciones privadas –las que usualmente se financian con descuentos tributarios, por otra parte–.

Sin embargo, el resultado es el mismo: la institución educacional cuenta con un presupuesto conocido, que no depende de las veleidades de un mercado en el cual esté forzada a vender sus servicios.

Finalmente, lo que resulta crucial, la gratuidad permite restablecer una relación laboral que se asimila al funcionariado público, para el magisterio, los académicos e investigadores. Ésta les proporciona asimismo la requerida estabilidad y perspectivas de carrera profesional, que han demostrado ser las más adecuadas y también las más eficientes para el desempeño de este tipo de tareas.

El ejercicio de las labores del espíritu requiere de una cierta paz de espíritu, que sólo se logra con una condición material que, si bien puede ser modesta, debe ser estable. De hecho, el mayor daño ocasionado por la privatización de –todas– las universidades en Chile, ha sido el desmantelamiento de la institución que las sociedades modernas han construido para otorgar esta base material a los intelectuales, que antes proporcionaron, por ejemplo, los conventos.

Los garrotes y zanahorias propios de la relación laboral asalariada privada, pueden resultar adecuados en la producción capitalista de mercancías, sometida a las constantes veleidades de la competencia. Tampoco allí pueden dejarse a la buena de Dios, sino que requieren fuertes regulaciones para evitar los abusos patronales.

Pero en diversos otros ámbitos de la multifacética actividad social, tanto o más importantes, y que en los países desarrollados emplean a tanta o más gente, que la producción mercantil, la milenaria relación laboral del funcionariado público resulta más adecuada. Es el caso de la administración de justicia y la defensa, entre otros muchos. También la educación, la investigación científica, la creación artística y los demás ámbitos de las llamadas actividades del espíritu.

Dicha relación laboral puede ser derechamente la de funcionario público, como ocurre en la mayor parte de los países y antes en Chile. Así debería volver a ser en todos los establecimientos de propiedad pública, en todos los niveles. El retorno del magisterio a su condición plena de EE.PP., es parte esencial de la desmunicipalización, desde luego. Lo mismo en el caso de las universidades del Estado, que al contar con un presupuesto creciente y definido, podrán pasar a la planta a muchos académicos actualmente a contrata u honorarios.

Asimismo, hay muchas instituciones de educación cuyos maestros o académicos no son funcionarios públicos, pero que sin embargo asimilan su relación laboral a ésta. Es el caso de muchas universidades privadas en el mundo y también en Chile. Milton Friedman, por ejemplo, mientras fantaseaba con los “vouchers” para privatizar la educación en otras partes, disfrutaba cómodamente, en la Universidad de Chicago, de un sillón cuyas prebendas serían la envidia de cualquier funcionario público en cualquier país del mundo: empleo de por vida, jornada completa, inamovilidad, año sabático, remuneración prudente pero adecuada, y creciente a medida que avanzaba en su carrera, jubilación temprana, similar a sus últimos ingresos y garantizada hasta su muerte, y suma y sigue. Otro tanto puede decirse de los funcionarios Neoliberales del Banco Mundial y el BID, que promovieron con tanto afán la privatización de la educación chilena.

Actualmente, el grueso del profesorado, así como los académicos e investigadores, tienen una de las relaciones laborales más precarias de la fuerza de trabajo chilena. El fin de los profesores-taxis, como resultado de la gratuidad, incidirá decisivamente en la calidad de la educación.

Como se puede apreciar, la gratuidad es muy importante. De hecho lo cambia todo y para mejor en este caso. Pero sólo a condición que el servicio de educación se haga efectivamente gratuito. Por el contrario, si se sigue vendiendo y el Estado paga los aranceles mediante el “subsidio a la demanda”, nada habrá cambiado: la educación seguirá siendo una mercancía y la privatización seguirá avanzando como hasta ahora. Precisamente por el impulso profundo de estas mismas fuerzas económicas.

En otras palabras, la forma en que se implementa la gratuidad, resulta decisiva. La privatización ha avanzado a medida que una mayor proporción del presupuesto educacional público se ha destinado al “subsidio a la demanda”. La reconstrucción del sistema de educación pública sólo puede basarse en la reversión de esta tendencia. Ésta será, en este campo, la medida más clara del cumplimiento del programa de la Presidenta Bachelet.