Al igual que en Chile a propósito de los 40 años del golpe de Estado, Brasil vive un intenso ejercicio de la memoria, que se manifiesta en eventos conmemorativos en la totalidad de los estados del país, en la realización de seminarios, inauguraciones de museos, festivales de cine y cientos de otras iniciativas de la sociedad civil y del Gobierno. Todo este se da, además, en medio de las actividades de la Comisión Nacional de la Verdad creada por la presidenta Dilma Rousseff en 2011.
La noche del 31 de marzo de 1964, militares brasileros se sublevaron en contra el presidente constitucional, el reformista João Goulart. El 2 de abril, la mayoría derechista del Congreso Nacional destituyó a Goulart y nominó a Castelo Branco como nuevo presidente, inaugurando una dictadura cívico-militar que se prolongaría por más de veinte años, hasta 1985.
Con ocasión de cumplirse 50 años de aquel episodio –que inauguró las dictaduras inspiradas por la Doctrina de la Seguridad Nacional que se expandieron en la década siguiente por toda la región–, Brasil se prepara para conmemorar en medio de un proceso de activación de su memoria traumática y de intensas movilizaciones sociales.
Al igual que en Chile a propósito de los 40 años del golpe de Estado, Brasil vive un intenso ejercicio de la memoria, que se manifiesta en eventos conmemorativos en la totalidad de los estados del país, en la realización de seminarios, inauguraciones de museos, festivales de cine y cientos de otras iniciativas de la sociedad civil y del Gobierno. Todo este se da, además, en medio de las actividades de la Comisión Nacional de la Verdad creada por la presidenta Dilma Rousseff en 2011.
Vale la pena preguntarse por qué debieron pasar tantos años para que Brasil se abriera a investigar la verdad de lo ocurrido en dictadura. Quizás la explicación esté en el hecho de que la transición fue pactada entre la cúpula militar y unas elites civiles confiables para la dictadura, lo que llevó a una suerte de democracia protegida o administrada. No obstante aquello, las campañas por las elecciones libres, la Constitución de 1988 y las movilizaciones populares terminaron modificando aquel modelo, aunque los militares pudieron imponer una ley de amnistía vigente hasta hoy.
[cita]Al igual que en Chile a propósito de los 40 años del golpe de Estado, Brasil vive un intenso ejercicio de la memoria, que se manifiesta en eventos conmemorativos en la totalidad de los estados del país, en la realización de seminarios, inauguraciones de museos, festivales de cine y cientos de otras iniciativas de la sociedad civil y del Gobierno. Todo este se da, además, en medio de las actividades de la Comisión Nacional de la Verdad creada por la presidenta Dilma Rousseff en 2011.[/cita]
Por otra parte, las enormes desigualdades sociales del Brasil unidas a las bajas tasas de crecimiento al momento de la transición, forzaron a los gobiernos democráticos a centrar su atención en las reformas económicas y sociales, las que se materializaron en diversos planes, como el Cruzado (1986), el Collor (1990) o el Real (1994), dejando a un lado los temas relacionados con los derechos humanos.
Este intento por superar los traumas del pasado sobre la base del paradigma del olvido se vio, sin embargo, enfrentado a la movilización de las víctimas y a las acciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado de Brasil en diversos casos. Existía, por otra parte, el antecedente del Proyecto Brasil: Nunca Más, ejecutado por las Iglesias católica, protestante y judía, en donde se dieron a conocer los procesos en contra de los presos políticos.
Así las cosas, la presidenta Rousseff, antigua combatiente antidictatorial que pasó tres años en prisión, instauró en 2011 una Comisión Nacional de la Verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1946 y 1988, es decir, durante el período de vigencia de la Constitución de la llamada República Nueva, de inspiración militar. Su mandato específico es esclarecer los hechos derivados en ejecuciones, desaparición de personas, torturas y ocultamiento de cadáveres; pero, evidentemente, su misión –al igual que sus similares en Chile, Argentina, Perú, Sudáfrica y otras latitudes– es implicar un juicio político al período en cuestión y abrir caminos para iniciativas de reparación material y simbólica a las víctimas.
Se critica que la Comisión Nacional de la Verdad no podrá juzgar a los responsables de los crímenes, lo que, unido a la ley de amnistía vigente, consolidará la impunidad. Sin embargo, no se debe menospreciar el rol de la Comisión Nacional de la Verdad. Su función no es judicial, sino política y moral. Ella establecerá el juicio que habrá de tener la sociedad sobre el período en cuestión y sobre las violaciones a los derechos humanos. Su fin no es punitivo respecto de las responsabilidades individuales, pero sí puede aportar antecedentes para el actuar de los tribunales y, sobre todo, establecer juicios políticos que afectan la legitimidad de los actores involucrados en la violencia.
Habiendo transcurrido ya medio siglo desde el golpe de Estado, la Comisión Nacional de la Verdad supone restablecer el paradigma de que el advenimiento de la verdad tendrá un valor educativo y coloca al conjunto de la sociedad frente a sus responsabilidades, en lugar de concederle la comodidad de designar uno o varios chivos expiatorios.
