Nuestra invitación es a abordar críticamente los principios que rigen a las instituciones más que sus formas particulares. Es decir, a considerar que no es lo mismo hacer migrar la institucionalidad científica a un Ministerio de Economía que administra un modelo de extracción y exportación de recursos naturales, como el que tenemos, que hacerlo a uno enfrentado al desafío de construir una matriz productiva capaz de transformar creativamente materias primas en bienes y servicios.
Según el programa de gobierno de la Nueva Mayoría, durante los primeros 100 días de su administración se debería anunciar la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento Económico, que considera la implementación de una nueva institucionalidad para la Ciencia y la Tecnología en Chile.
Probablemente, este anuncio provocará la reacción de la comunidad científica y académica, como ha ocurrido antes frente a situaciones similares. Esta vez, si los involucrados no queremos que el anuncio nos tome por sorpresa y nos deje nuevamente abajo de la discusión, debemos activar desde ya el debate sobre este tema en todos los espacios pertinentes: Universidades, Organizaciones Académicas, Federaciones de Estudiantes, Sociedades Científicas, etc. Si no somos capaces de hacerlo, permitiremos que nuevamente la discusión quede restringida a los límites de lo posible impuestos por el bloque de la Concertación y la Alianza por Chile, responsables del actual sistema de generación de conocimiento, basado en la competencia y sometido a criterios de gestión que muchas veces resultan absurdos (enlace a artículo de Moya y Contreras en este mismo medio: https://www.elmostrador.cl/opinion/2014/03/26/la-miseria-de-conicyt-capital-humano-frustrado/).
El anuncio de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento Económico de la Nueva Mayoría considera acciones sobre cuatro áreas estratégicas: i) políticas de competencia; ii) modernización del Estado; iii) desarrollo productivo, y iv) innovación. En el área de modernización del Estado está considerada la creación de una nueva institucionalidad para la Ciencia y Tecnología, bajo una Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro del Ministerio de Economía. La última vez que escuchamos algo parecido fue hace un par de años, cuando el ex ministro Pablo Longueira planteó la idea de traspasar la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT) al Ministerio de Economía, que en ese entonces dirigía. Esa vez la comunidad científica reaccionó enérgicamente, pero con escasas claridades políticas. Y, sobre todo, reaccionó tarde, después del anuncio, como ha sido la tónica en una sociedad chilena que ha sido sistemáticamente marginada de la discusión política durante las últimas décadas.
[cita]Nuestra invitación es a abordar críticamente los principios que rigen a las instituciones más que sus formas particulares. Es decir, a considerar que no es lo mismo hacer migrar la institucionalidad científica a un Ministerio de Economía que administra un modelo de extracción y exportación de recursos naturales, como el que tenemos, que hacerlo a uno enfrentado al desafío de construir una matriz productiva capaz de transformar creativamente materias primas en bienes y servicios.[/cita]
Hasta ahora, la única propuesta alternativa para una nueva institucionalidad de la ciencia era la que envió el ex Presidente Sebastian Piñera al congreso durante los últimos días de su mandato, y que fue rápidamente retirada por la Nueva Mayoría. Esta propuesta surgía de las indicaciones que hizo la Comisión Asesora Presidencial para la modernización de la institucionalidad en Ciencia, Tecnología e Innovación (conocida como Comisión Philippi, en referencia al ex-presidente de la SOFOFA, Bruno Philippi, quien la presidía), conformada por el ex mandatario después de la movilización de científicos y académicos que provocó el referido anuncio de Longueira, y de sugerencias hechas por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En esta propuesta se planteaba la creación de un Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación compuesto de dos Subsecretarías: Educación Superior, y Ciencia, Tecnología e innovación (CTeI). Bajo esta nueva configuración institucional, CONICYT pasaría a ser una de las tres agencias ejecutoras dentro de la subsecretaría de CTeI, junto a las agencias de Capital Humano e Innovación.
En ambas propuestas se reactivarían consejos asesores de carácter político y estratégico. La propuesta de Piñera proponía reemplazar la figura de presidente de CONICYT por un consejo encargado de la dirección superior presidido por el ministro de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, secundado por el vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y complementado por cuatro integrantes provenientes de la sociedad civil (dos desde la ciencia y la tecnología y dos desde las humanidades). Esta modificación representa la restitución del Consejo Directivo como órgano superior de CONICYT, el cual había sido declarado en receso durante los primeros años de la dictadura cívico-militar. El programa de la Nueva Mayoría, por su parte, anuncia la creación de un Consejo de Coordinación de las Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, presidido por el Ministro de Economía e integrado por representantes de todas las agencias ejecutoras, tales como CONICYT y CORFO, pero sin restituir el Consejo Directivo de CONICYT ni generar espacios de participación de la sociedad civil.
Ciertamente el cambio de institucionalidad no ha de ser el elemento central en ningún diagnóstico que pretenda empezar a pensar en serio el futuro de la generación de conocimiento en Chile. Sin embargo, los principios que están detrás de estas propuestas institucionales develan el marco en que está siendo pensada la articulación entre la ciencia y la sociedad. Si bien es cierto que el amplio rechazo que generó el anterior anuncio de ligar ciencia y tecnología al Ministerio de Economía no surgió del debate y no fue capaz de proyectarse de manera organizada, da cuenta de una interesante subjetividad común que se niega a este traspaso dentro de la gente ligada a la investigación. Esta vez el programa de la Nueva Mayoría nos da la oportunidad de adelantarnos y someter esta subjetividad común a procesos de información, discusión y deliberación. Si no somos capaces de activar estos procesos, esta fuerza subjetiva terminará nuevamente estancándose en demandas gremialistas que se quedan en exigencias por el aumento de financiamiento y rogando a las autoridades una nueva institucionalidad, cualquiera que esta sea.
El rechazo de los investigadores ante la posibilidad de migrar la institucionalidad científica hacia el Ministerio de Economía se asocia a una supuesta mercantilización absoluta del proceso de generación de conocimiento que este cambio implicaría. Esto se materializaría a través de la asignación de recursos de manera preferente a áreas prioritarias para la economía del país, afectando el financiamiento de áreas que no parecen rentables, pero que estarían asociadas a nuestro desarrollo cultural. Estas críticas generalmente se caricaturizan bajo una dicotomía imprecisa que separa las ciencias básicas y humanidades de las ciencias aplicadas.
Desde nuestro punto de vista, sin embargo, el problema de la ciencia no es institucional, sino estructural. O, de otro modo, no se trata de problemas de gestión, sino de problemas políticos. El temor a la mercantilización que sufriría la ciencia al pasar al Ministerio de Economía parece poco realista en un contexto en el que, al igual que el resto del país y su economía, la investigación lleva décadas bajo un profundo y rápido proceso de mercantilización que no ha encontrado grandes resistencias por parte de la comunidad científica ni de la sociedad en general.
Pensamos que las modificaciones institucionales que proponen ambos bloques no cambian el sentido del proceso de mercantilización de las relaciones sociales y productivas que ha sufrido el modelo de investigación chileno durante los últimos 40 años. Por el contrario, al no cuestionarlos, robustecen algunos de los ejes que le otorgan dirección al proyecto de profundización neoliberal de este sistema, como son la asignación de recursos mediante competencia individual entre investigadores, el abandono del financiamiento directo a la Universidades públicas y la centralidad del concepto de Capital Humano como medida del desarrollo intelectual del país.
Tal como no esperamos que los cuestionamientos a estos ejes tengan su origen dentro de los márgenes impuestos por la vieja política, pensamos que la creación o traspasos institucionales dentro de un modelo económico que ellos mismos han instalado no cambiarán en modo alguno las condiciones que definen su mercantilización. Nuestra invitación es a abordar críticamente los principios que rigen a las instituciones más que sus formas particulares. Es decir, a considerar que no es lo mismo hacer migrar la institucionalidad científica a un Ministerio de Economía que administra un modelo de extracción y exportación de recursos naturales, como el que tenemos, que hacerlo a uno enfrentado al desafío de construir una matriz productiva capaz de transformar creativamente materias primas en bienes y servicios. Y que tampoco es lo mismo dejarla o sacarla de un Ministerio de Educación cuyo principio es la educación como un bien transable, versus uno fundado sobre la idea de educación como un derecho social. Esperamos que esta vez la comunidad científica asuma su responsabilidad en la determinación del carácter fundamental de la investigación en Chile, y deje de limitar su participación a la reacción tardía ante los cambios superficiales que proponen ambos bloques políticos.
