Opinión
Es perfectamente entendible lo señalado por el tribunal oral en lo penal durante la lectura del veredicto: “En este caso existen responsables, pero no los ocho acusados presentes en esta audiencia”. Acá el responsable de esta triste y lamentable tragedia es el Estado y, en específico, las autoridades políticas que han desfilado durante décadas por La Moneda, Ministerio de Justicia y Gendarmería y que no han tratado el tema penitenciario como corresponde.
Luego de 9 meses de juicio oral, ayer el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago decidió absolver a los ocho funcionarios de Gendarmería acusados de ser los responsables de la muerte de 81 personas privadas de libertad en el centro de detención preventiva de San Miguel. Luego de la emisión del veredicto, cientos de familiares de las víctimas de la tragedia más grande en la historia carcelaria chilena, llenos de impotencia y rabia (muy comprensible por lo demás), demostraron su ira ante la decisión judicial. La pregunta que surge es la siguiente: ¿era justo condenar a los funcionarios acusados?
Desde mi punto de vista, no era justo condenar a estos funcionarios. Creo que haberlos castigado hubiera sido cortar el hilo por lo más delgado, responsabilizando a un grupo de personas por décadas de falta de voluntad política y desidia de parte de los conglomerados gobernantes, de izquierda y derecha. Desde los años 90 diferentes organizaciones nacionales e internacionales y entidades académicas han demostrado que el sistema penitenciario en Chile se encuentra en una situación deplorable, lo cual genera vulneraciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y también de los funcionarios de Gendarmería de Chile.
Es de conocimiento público que al interior de los recintos carcelarios se viven graves vulneraciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, imputadas y condenadas. Tales vulneraciones no se acotan solamente a malos tratos o golpizas, sino que también se refieren a la dificultad para que la población penal tenga acceso a servicios de salud, educación y posibilidad de capacitación laboral. Así lo ha señalado la Universidad Diego Portales a través de su Centro de Derechos Humanos y sus informes anuales de derechos humanos. También lo ha hecho presente el Instituto Nacional de Derechos Humanos mediante sus informes anuales y recursos de protección y querellas en contra de Gendarmería y funcionarios, acciones judiciales que en más de alguna ocasión han sido acogidas por nuestros Tribunales de Justicia.
[cita]Como alguna vez dijo Nelson Mandela, los Estados y sus democracias se miden por la calidad de sus cárceles y el trato que se les da a las personas más pobres y vulnerables. La rabia y sensación de impunidad de los familiares es completamente entendible, legítima y justificable, sin embargo, eso no puede avalar condenas a personas que no son culpables de la negligencia y la desidia estatal durante décadas.[/cita]
Sin perjuicio de lo antes señalado, debemos considerar también la situación del funcionario penitenciario, el que vive tan preso como el mismo condenado o imputado. El cuerpo uniformado y civil de la institución tiene que vivir en un constante clima de violencia al interior de las unidades penales, tener que lidiar con escaso personal en relación a la población penalizada (en Santiago I por cada módulo de 150 internos o más, trabajan 2 funcionarios), la falta de capacitación y perfeccionamiento que la institución les entrega en materia de derechos humanos y trato de personas privadas de libertad y el constante ambiente de estrés y alerta que deben vivir, el cual genera una serie de problemas psicológicos y psiquiátricos que han llevado a varios funcionarios a quitarse la vida durante su jornada de trabajo.
Ante las condiciones antes descritas, que afectan a internos y funcionarios inmersos dentro de un sistema penitenciario que se cae a pedazos, es bastante difícil que los gendarmes puedan cumplir a cabalidad la labor de garantes respecto de la vida e integridad de las personas privadas de libertad. No existe un piso mínimo para ejercer la función pública de manera eficaz y eficiente, por el contrario, la labor debe realizarse con los restringidos medios con que se cuenta, viviendo el día a día sin posibilidad de planificación a mediano o largo plazo.
Por todo lo antes señalado, es perfectamente entendible lo señalado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal durante la lectura del veredicto: “En este caso existen responsables, pero no los ocho acusados presentes en esta audiencia”. Acá el responsable de esta triste y lamentable tragedia es el Estado y, en específico, las autoridades políticas que han desfilado durante décadas por La Moneda, Ministerio de Justicia y Gendarmería y que no han tratado el tema penitenciario como corresponde. Chile necesita de manera urgente una nueva mirada respecto de la función penitenciaria, la que considere la profesionalización de su personal, la creación de una justicia que se encargue de la etapa de ejecución penal y de una institucionalidad que supervigile la encomiable labor que Gendarmería de Chile lleva adelante.
Como alguna vez dijo Nelson Mandela, los Estados y sus democracias se miden por la calidad de sus cárceles y el trato que se les da a las personas más pobres y vulnerables. La rabia y sensación de impunidad de los familiares es completamente entendible, legítima y justificable, sin embargo, eso no puede avalar condenas a personas que no son culpables de la negligencia y la desidia estatal durante décadas.
