El sistema social chileno ha validado ante todo la decisión personal por sobre el bien común. Este último con todo lo ambiguo que es ha derivado en “finalmente no es mi problema”, ese el gran logro del neoliberalismo; alguien debe preocuparse, ese alguien son los establecimiento públicos.
El gobierno ha dado indicios sobre algunos aspectos relacionados con los cambios que se proponen en educación, temática “en construcción”, siendo importante analizar estas materias que nos han preocupado al menos desde que el “movimiento pingüino” nos sacó del letargo de los consensos que adormeció los debates en el país.
La desmunicipalización es para fortalecer la educación pública, a saber: mejorar su calidad paralelamente con alcanzar un mejor cumplimiento de su misión en la sociedad. Por ello es importante acordar que este proceso es mucho más significativo que debatir la existencia o no de las agencias locales de educación o la institucionalidad que finalmente se defina.
Supuestos de los que se parte: explicitando los supuestos, es crucial comprender que el mejoramiento de la educación pública requiere indisolublemente atender cuestiones centrales sobre la privatización abierta y encubierta de la educación pública, ello porque se necesita igualar derechos y deberes de las instituciones ante la sociedad. Esto es, con los privados subvencionados, que hoy son asimétricos y lo más relevante: ambos requieren de regulaciones que sean consistentes con la misión que asumen en cuanto a responsabilidad en la educación de los estudiantes y de los recursos que se les proporcionan para esta tarea.
De no plantearse estas materias, como, por ejemplo, los temas de selección de estudiantes, los de carrera y salarios docentes y directivos, que dignifiquen la profesión, independientemente del sector donde trabajen, y así otros, implicará que los cambios darán una sobrevida algo más digna a la educación púbica, pero sin alterar su diagnóstico terminal. Esto es, nivelar hacia arriba, equiparando ambos sectores, para que los docentes tengan igual trato y estímulo para construir una profesión sólida, algo imprescindible desde cualquier perspectiva para disponer de un sistema educativo de calidad.
[cita]El sistema social chileno ha validado ante todo la decisión personal por sobre el bien común. Este último con todo lo ambiguo que es ha derivado en “finalmente no es mi problema”, ese el gran logro del neoliberalismo; alguien debe preocuparse, ese alguien son los establecimiento públicos.[/cita]
Segundo, hay que cambiar el racional y los instrumentos de financiamiento de la educación. De hecho, la educación pública debe buena parte de su precaria situación a haberse visto obligada a asumir una lógica de financiamiento privado (subsidio por estudiante) teniendo que cumplir funciones públicas (ej: atender toda población sin distingos), tarea que el subsidio no valuaba, ni siquiera el SEP en su justa dimensión. Por lo mismo, hay que combinar el sistema de subsidio por estudiante matriculado (y no por asistencia), pero también con financiamiento directo al centro escolar, según las condiciones socioeconómicas de la población. En caso contrario, toda asignación de recursos por estudiante termina irreversiblemente fortaleciendo al sector privado por su asociación a la matrícula y asistencia.
Es igualmente relevante revisar los procesos de privatización “encubierta” de la educación, por ejemplo: recursos de asistencia técnica, o sistemas de evaluación, por mencionar algunos. La evidencia es clara en mostrar concomitancia entre el mismo o mismos proveedores sin que impliquen impactos de calidad, como se esperaba. Si van a seguir siendo servicios privatizables, lo importante es que el marco de exigencias garantice que se cumpla el objetivo y se evite la distorsión pro lucro que han tenido.
Adicionalmente, este proceso de cambio requiere de un Ministerio de Educación vigoroso y actualizado. La Ley de Aseguramiento de la Calidad lo debilitó, se requiere de una reingeniería potente que le provea de la capacidad real y reconocida de liderar en pleno sentido este proyecto.
La “privatización abierta” de la Educación Pública: la educación publica se privatizó en su manera de funcionar, como señalamos, además funcionó prácticamente con un subsidio plano, que castigó a los que educaban a los más vulnerables, los públicos por cierto, el subsidio SEP –importante– llegó demasiado tarde.
Los otros mecanismos de privatización abierta fueron considerar a la educación un cuasimercado, con equilibrios por unidades educativas y no por subsistemas, no saber cuánto vale educar un estudiante según su decil de ingresos económicos, no considerar suficientemente los costos fijos de los establecimientos escolares, y trabajar con ingresos variables cuando gran parte de los costos en educación son fijos, etc.
La exigencia de meritocrácia en la selección de estudiantes, sin ponderar adecuadamente el contexto de las oportunidades que se asocia a los logros, y además sin mecanismos de soporte y corrección pertinentes, favorece a la población menos vulnerable, a los establecimientos que atiende esta población, más privados que públicos, excepto los mentados “públicos emblemáticos”.
Capítulo aparte es el tema del copago o financiamiento compartido. Hay suficiente evidencia para mostrar su efecto socialmente perverso y segregado. Hoy suprimir el copago, sin antes fortalecer la educación pública, es ponerle su lápida final.
Así, la educación es un “derecho parcial” en la sociedad chilena, provisto con un nivel elemental, cualquier ansia de mejoría debe pagarse, es decir, es un bien de consumo, no un derecho social (salvo que usted se contente con una provisión basal).
La privatización encubierta: sostiene privatizar lo que hace técnicamente el Estado, primero rotulándolo de ineficiente, para luego validar su privatización, pasó con la asistencia técnica, los sistemas de evaluación de estudiantes y docentes, la misma concepción de la Agencia de Calidad, el sentido de las innumerables pruebas SIMCE, los planes de mejoramiento, etc.
El sistema social chileno ha validado ante todo la decisión personal por sobre el bien común. Este último con todo lo ambiguo que es ha derivado en “finalmente no es mi problema”, ese el gran logro del neoliberalismo; alguien debe preocuparse, ese alguien son los establecimiento públicos.
La misma idea de una descentralización escolar, sin considerar las características del territorio y de las unidades locales (los municipios) no es sino una forma indirecta de privatizar. Como finalmente ha ocurrido. Si se asigna esta tarea a un ente que no sabía hacerla, con escaso apoyo para ello, un financiamiento precario, y debiendo educar a todos los que los privados rechazaban o no quieren, es claro que su desempeño no será el mejor. Crónica de una muerte anunciada en honor a García Márquez. Habría que sumar a ello los costos de gestionar un ejercito de subsidios complejos y diferentes para tareas sobrepuestas, etc., que gravaron la gestión pública.
Desmunicipalizar: es ir más allá de las agencias locales, primero la educación requiere una institucionalidad poderosa, por ende, hay que desalcaldizarla, y construir unidades de gestión supraterritoriales, con tamaños que permitan no solamente economías de escala, eso es muy poco para justificarlas, sino unidades que permitan la construcción de un sistema institucionalizado de carrera docente y directiva, de una dirección técnica profesionalizada y un directorio corporativo colegiado.
Las agencias locales, mejor llamarlas subnacionales, debiesen ser una tarea que los Gobiernos regionales, con la legitimidad, hoy de representantes elegidos directamente; esta instancia debería liderar e integrar en su institucionalidad a representantes de la sociedad y de los mismos estamentos del sector, creando estas corporaciones de derecho público en sus territorios. Es importante entender que en la actualidad los estudiantes se desplazan entre comunas creando estos subsistemas de hecho; los estudios de flujo de estudiantes permiten “demostrar” que se van produciendo estos subsistemas, ahora hay que construir su institucionalidad legal, financiera y técnica que de sustento a esta realidad.
Finalmente, debemos preguntarnos, como país y ciudadanos, ¿cuánto queremos descentralizar? Esta es la clave. Sería bueno que las autoridades expresaran su visión, Chile es el país más centralizado de la OECD, hay una desconfianza endémica y transversal del centro y las oligarquías políticas con todo lo regional (preguntémosle al ministro Peñailillo); la desconfianza atávica en las capacidades de los territorios debería dar pie al cambio y preguntarse por qué estas nuevas unidades de gestión de la educación deberían vincularse con el Ministerio por la vía de una unidad específica (una dirección nacional de educación pública); de ser así, debería existir otra para la educación privada, si no el mismo Estado se autodiscrimina.
Hay mucho que debatir… parece.
