Que ahora todas las instituciones quieran autodenominarse públicas, cuando el Estado ha tomado las riendas en su rol de garante del bien público, evidencia el temor que produce en el interés privado que, por primera vez en más de 30 años de abandono, sea el mismo Estado el que revierta la situación otorgando a las universidades estatales un trato preferente, como consigna el programa de la Presidenta Bachelet.
El debate entre lo estatal, lo público y lo privado en educación superior no ha sido indiferente para nadie. Por el contrario, ha generado una serie de reacciones adversas, respuestas favorables e interesantes reflexiones, que han dado lugar a una discusión nacional –como nunca antes se había visto– sobre las razones por las que el Estado debiera relacionarse a través de un nuevo trato con sus instituciones.
Surge la pregunta capciosa e insistente de por qué es necesaria esta nueva relación del Estado con sus universidades y por qué sólo con ellas preferentemente. La respuesta es simple, hoy más que nunca se necesita fortalecer un sistema que ha sobrevivido a una política de privatización incesante que ha provocado que el sistema de Educación Superior se mercantilizara hasta un extremo que lo ha transformado en lo que es hoy día: una selva en la que resulta difícil distinguir quién es quién, puesto que las estatales durante todos estos años fueron obligadas a funcionar, en la práctica, como simples oferentes privados.
En primer lugar, es necesario señalar que las universidades estatales representan –por deber y no por opción– el concepto de lo público en cualquier sistema universitario, y Chile no es la excepción. De eso no hay ni ha habido duda alguna. Que ahora todas las instituciones quieran autodenominarse públicas, cuando el Estado ha tomado las riendas en su rol de garante del bien público, evidencia el temor que produce en el interés privado que, por primera vez en más de 30 años de abandono, sea el mismo Estado el que revierta la situación otorgando a las universidades estatales un trato preferente, como consigna el programa de la Presidenta Bachelet.
En segundo lugar, las universidades estatales forman al mismo tiempo y a lo largo del país, un sistema con un sello distintivo, porque más allá de las diferencias territoriales que puedan determinar el alcance de su docencia, extensión o investigación, todas ellas se encuentran unidas por un compromiso común que trasciende –y ha trascendido– a los gobiernos de turno: constituirse en espacios de inclusión y libertad académica, social y cultural para todo el país.
[cita]Que ahora todas las instituciones quieran autodenominarse públicas, cuando el Estado ha tomado las riendas en su rol de garante del bien público, evidencia el temor que produce en el interés privado que, por primera vez en más de 30 años de abandono, sea el mismo Estado el que revierta la situación otorgando a las universidades estatales un trato preferente, como consigna el programa de la Presidenta Bachelet.[/cita]
Aclarando esto y en el promisorio contexto actual, es inmenso el potencial que el sistema de universidades estatales chilenas tiene por delante, en la medida que se diseñen e implementen conjuntamente políticas públicas de largo plazo que promuevan la colaboración y complementación entre ellas.
Para esto es que se requiere una nueva relación con el Estado, no para transformar estos espacios de libertad, sino que para obtener de ellos el máximo provecho, fuera de cualquier influencia externa vinculada a fines ideológicos, económicos o políticos, características que aquí y en cualquier lugar del mundo posee una universidad cuando es propiedad del Estado.
Teniendo en el horizonte el fortalecimiento de un sistema de universidades estatales en el que estas instituciones cumplen un rol de referente en cada una de las regiones del país, el Estado podrá jugar un papel fundamental, favoreciendo la colaboración al interior del subsistema estatal y, por efecto, ayudar a la regulación –por competencia– del sistema público-privado en su conjunto. Para ello es fundamental privilegiar el financiamiento a la oferta contra objetivos y resultados, complementando la necesidad de recursos con fondos concursables o de naturaleza variable.
Este enfoque supone un cambio de paradigma que favorezca que la misión de las universidades estatales se encuentre en sintonía con fines estratégicos nacionales o regionales, según sean las necesidades de desarrollo del país. Es así que podrían definirse políticas nacionales de largo plazo, como fomentar la cohesión social, lograr mayores niveles de integración y descentralización del país, responder con calidad y pertinencia a las demandas profesionales y de investigación y desarrollo de la sociedad, generar nuevas capacidades productivas y nuevos mercados distribuidos territorialmente y otorgar mayores oportunidades de educación en diferentes niveles y áreas del conocimiento a los ciudadanos de regiones extremas.
Para mayor claridad y ahondando en uno de los aspectos a priorizar, el fomento a la cohesión social es relevante en tanto existe evidencia que países más divididos internamente, tienen mayor dificultad para crecer económicamente. Por ejemplo, una política nacional que se proponga el objetivo de aumentar los niveles de cohesión social de nuestro país fomentaría decididamente que en las universidades estatales existan políticas de acceso, retención y contratación que garanticen y promuevan esta condición, propia además de estas instituciones, a fin de congregar en un solo lugar la más diversa heterogeneidad de personas, disminuyendo cualquier concentración por diferencias socioeconómicas, ideológicas, religiosas, políticas y/o culturales. Esta política nacional no podría desarrollarse a través de los mecanismos del mercado o a través del financiamiento a la demanda.
Más aún, en un sistema de Educación Superior de provisión mixta que promueve la libertad de enseñanza y en donde la diversidad de la sociedad chilena se expresa a través de muchas instituciones con sellos distintos –que tendería a concentrar en sus aulas a personas muy similares entre sí– resulta fundamental contar con al menos un sistema de instituciones a lo largo del país que promueva la diversidad al interior de ellas, favoreciendo el aprendizaje sobre la base de una política nacional de fomento a la cohesión social.
Este es sólo un ejemplo del sinnúmero de otros objetivos de desarrollo nacional que podrían impulsar las universidades estatales en el marco de una nueva relación con el Estado.
