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Agencia Uno
Muñeca Bielorrusa: defensa de Vivanco busca revertir prisión preventiva tras cuatro meses
La defensa de Ángela Vivanco solicitará este jueves reemplazar la prisión preventiva por una cautelar menos gravosa. Argumentará problemas de salud, ausencia de riesgo de reiteración y cuestionará que la exministra pueda interferir en la investigación.
La defensa de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco intentará este jueves revertir la prisión preventiva que cumple desde fines de enero en el marco de la investigación por cohecho y lavado de activos en el denominado caso Muñeca Bielorrusa.
A cuatro meses de su ingreso a la cárcel de mujeres de San Joaquín, la estrategia de la defensora penal pública Patricia Alvarado apunta a convencer al tribunal de que la exjueza ya no representa un peligro para la seguridad de la sociedad ni para el desarrollo de la investigación, solicitando que la cautelar sea sustituida por una medida menos gravosa, como el arresto domiciliario.
Entre los argumentos que presentará la defensa figura que Vivanco fue removida del Poder Judicial, por lo que no existiría riesgo de reiteración de los delitos que le imputa el Ministerio Público. Asimismo, cuestionará la tesis de la Fiscalía respecto de que la exmagistrada podría influir sobre eventuales testigos o entorpecer el avance de las diligencias.
Otro de los ejes centrales de la presentación será el estado de salud de la imputada. Según personas cercanas a la exjueza, desde su detención el 25 de enero no ha podido someterse a controles vinculados a patologías preexistentes, entre ellas un diagnóstico de cáncer y diabetes.
De acuerdo con el entorno de Vivanco, la exministra ha perdido más de diez kilos durante su permanencia en prisión y no ha recibido ajustes en sus tratamientos médicos, situación que será expuesta ante el tribunal como parte de la solicitud de revisión de cautelares.
La defensa también incorporará antecedentes contenidos en peritajes psicosociales y psicológicos elaborados por la asistente social Cristina Pinto y el psicólogo Andrés Oyarce, quienes se entrevistaron recientemente con la imputada en el recinto penitenciario.
Vivanco ha permanecido recluida en el módulo 7 de la cárcel de San Joaquín desde febrero, luego de ser trasladada desde el módulo 14. El cambio se produjo tras una serie de incidentes generados por el ingreso de una adolescente imputada por homicidio, situación que obligó a trasladar de manera urgente a la exmagistrada y a otras dos internas que compartían el recinto.
Según relatan personas que la visitan regularmente, la exjueza mantiene la convicción de su inocencia y considera que el proceso judicial ha significado un importante desgaste personal y físico.
La defensa espera que el tribunal acceda a modificar la cautelar y permitir que Vivanco cumpla arresto domiciliario en un departamento que sería arrendado por su exesposo. En caso de que la solicitud sea rechazada, la estrategia contempla recurrir a instancias superiores mediante apelaciones y eventualmente un recurso de amparo.
Otro de los puntos que podría marcar la audiencia es la relación entre Vivanco y Gonzalo Migueles, quien aparece como una figura clave en la investigación del Ministerio Público.
La Fiscalía sostiene que los sobornos presuntamente pagados por los abogados Eduardo Lagos Herrera y Mario Vargas para favorecer los intereses del consorcio Belaz Movitec habrían llegado a la entonces magistrada a través de Migueles.
Sin embargo, cercanos a la exministra aseguran que la relación entre ambos está completamente quebrada. Según esas versiones, no han vuelto a conversar desde el día de la detención de Migueles y la abogada se siente decepcionada por los antecedentes que han surgido durante la investigación.
La defensa insistirá además en que ambos mantenían economías separadas y que Vivanco desconocía el origen de los recursos que manejaba su pareja. Según personas de su entorno, la exjueza sostiene que nunca recibió explicaciones sobre las transferencias o pagos que él percibía y que jamás imaginó que pudieran estar vinculados a hechos ilícitos.
Precisamente ese será otro de los argumentos que buscarán desacreditar una eventual insistencia de la Fiscalía respecto de la conexión de Vivanco con los dineros investigados. Su defensa pretende reforzar que la imputada no participaba de la administración de esos recursos y que desconocía su procedencia.
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