Opinión
La pregunta correcta es si la educación particular subvencionada está o no cumpliendo con ofrecer un servicio público que proteja y ofrezca oportunidades equitativas a todo el que las necesite. Una mirada a la evidencia empírica nos da la respuesta de inmediato: no, no está cumpliendo.
La presentación del proyecto de ley que termina con la selección, el copago y el lucro en el sistema educativo chileno generó inmediatas y apasionadas críticas desde los partidos de derecha. Si bien sus argumentos son variados, el denominador común de estas críticas se agrupa en torno al atentado en contra del principio de libre elección de los individuos y, lo que es peor, por la influencia paternalista del Estado. Según sus detractores, el proyecto atentaría principalmente contra el sector particular subvencionado, limitando el libre ejercicio de los apoderados a elegir la escuela de su agrado e impediría a los sostenedores emprender proyectos educativos dirigidos a poblaciones específicas de estudiantes y familias (en algunos casos lucrando por ello). Si bien estos principios hacen mucho sentido cuando nos ubicamos en el contexto de un mercado liberalizado, pierden fuerza si consideramos que la educación particular subvencionada no es más que una modalidad de producción y entrega de un servicio público.
¿Qué es un servicio público? A rasgos muy generales, es el conjunto de prestaciones –entre ellas educación, salud y previsión social– producidas y entregadas por el Estado con la finalidad de otorgar equitativamente protección, así como oportunidades de desarrollo a los ciudadanos de una nación. Estas prestaciones pueden ser entregadas directamente a través del aparato público –v.g., escuelas municipales– o pueden ser encargadas a instituciones privadas –v.g., escuelas particulares subvencionadas–. En ambos casos, el garante del servicio es el Estado, el cual tiene la obligación de velar por el cumplimiento con los estándares que la sociedad requiere con el fin último de asegurar la integridad del bien común. Esta simple distinción nos enseña que la educación particular subvencionada, a pesar de su etiqueta, debe responder en último caso al interés público antes que al privado e individual.
[cita]Un observador riguroso debiera considerar que la sociedad chilena ha desarrollado un ethos (carácter) que tiende a la inequidad y a la segregación de clases, el cual probablemente no se dejará amedrentar por simples rayados de cancha jurídicos. Esto quiere decir que, en términos prácticos, el sector particular subvencionado probablemente seguirá buscando formas de excluir y algunas familias continuarán buscando mecanismos de diferenciación, pero esta vez de manera disimulada y silenciosa (v.g., escuelas recibiendo aportes “voluntarios” de las familias, costosas actividades extraprogramáticas, listas de útiles más caras, etc.). [/cita]
La pregunta correcta es si la educación particular subvencionada está o no cumpliendo con ofrecer un servicio público que proteja y ofrezca oportunidades equitativas a todo el que las necesite. Una mirada a la evidencia empírica nos da la respuesta de inmediato: no, no está cumpliendo. La educación particular subvencionada y la dinámica de la libre elección no han distribuido las oportunidades educativas de manera equitativa, al contrario, han convertido al sistema educativo chileno en uno de los más segregados del mundo (según datos de la OECD). Alguien podría alegar que, a lo menos, ofrece mejor calidad; sin embargo, este argumento está lejos de ser cierto. Las diferencias de rendimiento entre escuelas particulares subvencionadas y municipales no se revelan significativamente diferentes (controlando por composición, por cierto). Frente a este escenario, el garante de este servicio público no sólo tiene el deber de intervenir, sino que la obligación de hacerlo.
En este escenario es necesario preguntarse: ¿podrán estas medidas solucionar los problemas de exclusión que tiene el sistema educativo chileno? Esta pregunta empírica no puede ser respondida a esta altura. Es extremadamente difícil anticipar cómo se desplegará la dinámica del sistema educativo en el nuevo marco. Sin embargo, en el terreno de la especulación uno podría fantasear con la idea de que la letra de la regulación será suficiente para domesticar las conductas de los sujetos humanos. Sin embargo, en la sociedad nada funciona de manera tan ideal.
Un observador riguroso debiera considerar que la sociedad chilena ha desarrollado un ethos (carácter) que tiende a la inequidad y a la segregación de clases, el cual probablemente no se dejará amedrentar por simples rayados de cancha jurídicos. Esto quiere decir que, en términos prácticos, el sector particular subvencionado probablemente seguirá buscando formas de excluir y algunas familias continuarán buscando mecanismos de diferenciación, pero esta vez de manera disimulada y silenciosa (v.g., escuelas recibiendo aportes “voluntarios” de las familias, costosas actividades extraprogramáticas, listas de útiles más caras, etc.).
Finalmente, si la regulación no tiene cómo asegurar la adherencia a las nuevas normas, ¿qué se gana entonces con esta regulación? En mi opinión, este proyecto viene a definir un estándar normativo –moral si se quiere– de lo que es o no aceptable acerca de cómo construimos sociedad en nuestro país. La nueva regulación viene a señalar que los servicios públicos, por principio, tiene la obligación de proteger y ofrecer oportunidades de desarrollo a todos los niños y niñas de Chile, sin mediar exclusiones de ningún tipo. Esta idea, que parece tan simple, se extravió hace mucho tiempo de nuestro sistema educativo. El nuevo proyecto sólo viene a reinstalar un principio fundamental que nunca se debió vulnerar y, con ello, revitalizar lo público. Puesto de manera muy simple, el fin a la selección, al copago y al lucro simplemente nos hace retornar al nivel de la decencia en la provisión de los servicios públicos, nada más.
