Opinión
La extrema mercantilización de las industrias infocomunicacionales y la alta concentración de la propiedad de los medios de comunicación en el país han llamado la atención más allá de sus fronteras. La nueva fase política invita a desafiar la sensación de batalla perdida instalada desde hace décadas en este campo.
El jueves 22 de mayo, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley de TV digital terrestre (TDT) tras más de cinco años de debate parlamentario. Lejos de quedar saldados los debates en torno a la TV Digital, las interrogantes que abre la implementación revelan que esto recién comienza.
Aunque las políticas públicas de comunicación no se cuentan entre los temas más relevados de la actual agenda política, el aterrizaje de la TV digital puede ser una oportunidad para reconsiderar paradigmas reinantes en términos de políticas de comunicación en Chile. La extrema mercantilización de las industrias infocomunicacionales y la alta concentración de la propiedad de los medios de comunicación en el país han llamado la atención más allá de sus fronteras. La nueva fase política invita a desafiar la sensación de batalla perdida instalada desde hace décadas en este campo.
El veto del ex Presidente Piñera a la Ley de TV Digital Terrestre aprobada a fines de 2013, no dejó sombra de duda respecto de los intereses priorizados por su administración gubernamental. La desestimación del veto ha sido, sin duda, un logro en términos de poner freno al avance inescrupuloso de una mirada mercantilista de las comunicaciones. Sin embargo, ese sabor a triunfo que deja el naufragio del veto desaparece en cuanto confrontamos la realidad de una ley que da cuenta del intenso lobby desplegado por las grandes empresas durante estos años de debate legislativo. Pese a ello, en la fase de implementación que se inaugura, el actual gobierno tiene la oportunidad para aprovechar márgenes que –pese a todo– se abren con el aterrizaje de la TDT a Chile y marcar su impronta por la igualdad también en este terreno.
[cita]Su desarrollo implica notables avances en términos de distribución y emisión de contenidos, pero no facilitaría la producción original y de calidad, que exige importantes inversiones. Justamente esto hace necesaria la intervención desde las políticas públicas, sin que esto signifique desconocer el rol que juegan las empresas privadas, ni subestimar la complejidad que implican procesos serios y rigurosos de apoyo y fomento a emisores públicos y al tercer sector.[/cita]
La TDT llegó no sólo a Chile, sino a los países de la región en general, con criterios económico-industriales. Basta recordar que, en sus primeras fases, la discusión en Chile sólo pasaba por el origen de la norma a implementar –europea, norteamericana o japonesa–. A lo largo del debate en ambas Cámaras del Congreso, la discusión fue incorporando otras dimensiones al integrar a actores de la sociedad civil que apostaban al potencial de la TDT en términos de diversidad y pluralismo. Sin embargo, una mirada realista sobre experiencias en la región y en el mundo, sugiere cautela en términos de expectativas frente a la TDT y sus posibilidades de favorecer la entrada masiva de nuevos actores a este peculiar espacio de las comunicaciones. Su desarrollo implica notables avances en términos de distribución y emisión de contenidos, pero no facilitaría la producción original y de calidad, que exige importantes inversiones. Justamente esto hace necesaria la intervención desde las políticas públicas, sin que esto signifique desconocer el rol que juegan las empresas privadas, ni subestimar la complejidad que implican procesos serios y rigurosos de apoyo y fomento a emisores públicos y al tercer sector. Expertos en la materia destacan algunas medidas que cabría contemplar en el marco de una política de Estado, como, por ejemplo, preservar espacios para medios públicos y del tercer sector; invertir en sistemas públicos de TV Digital; promover la producción y distribución de contenidos digitales innovadores y plurales y generar instancias de participación ciudadana en el diseño y seguimiento de las políticas públicas.
La ley promulgada en Chile deberá aterrizar a través de reglamentaciones que exigen definiciones no sólo técnico-jurídicas, sino también políticas. Entre otras cosas, la ley establece que el CNTV otorgaría dos concesiones de espectro en donde podrían caber seis canales educativos. A su vez, TVN podrá ser titular de una segunda concesión de espectro que deberá destinar a la transmisión de sus contenidos regionales y la transmisión de contenidos de terceros. Sin embargo, aun no está claro cómo utilizaría TVN esta segunda concesión, cuestión que, tratándose del canal público y del uso de espectro radioeléctrico –bien público- ameritaría un debate abierto. Estos pocos ejemplos demuestran que en un corto o mediano plazo habrá que abordar definiciones sustantivas como ¿qué significa “TV educativa” o “programación cultural”? ¿Cómo definirá el CNTV las condiciones para concursar a las nuevas concesiones destinadas a educativo-cultural? ¿Cuál es la misión de la TV pública? ¿Cómo se aplicará el criterio de respeto al pluralismo que establece la ley?
La dimensión de estos planteos deja al desnudo una interrogante aun mayor: ¿en qué paradigma se inscribirían las probables respuestas? Es decir, ¿cuál es la mirada sobre los medios o, mejor aún, sobre las comunicaciones que enmarcan las políticas públicas en Chile? La peculiar distribución de competencias entre diversas instituciones del Estado en esta materia indica que será vital articular diversos organismos. En una primera mirada estarían involucrados, cuando menos, el Ministerio Secretaría General de Gobierno; el Consejo Nacional de Televisión; el Consejo de Cultura; la Subsecretaría de Telecomunicaciones; la Secretaría General de la Presidencia y, desde luego, el Parlamento. Parece clave en el periodo que se abre, entonces, el liderazgo político que se asuma para superar el tradicional abordaje parcial y segmentado de las políticas que hacen a las comunicaciones.
El actual estado de las cosas pone en evidencia que aquello tan mentado de “la mejor política de comunicación es la que no existe” devino en una pesada herencia que Chile merece sepultar.
