Vivimos en el país más centralizado de la OCDE, pero si creemos que la solución debe ser financiada por el mundo privado, podemos estar cometiendo un grave error.
La comisión presidencial de descentralización parece avanzar. Ya se han conocido las primeras propuestas y, pese a que muchas deben todavía ser discutidas antes de ser presentadas, existe al menos una idea sobre la dirección que probablemente se tome en diferentes situaciones.
Como sabemos, uno de los aspectos más importantes que involucra un proceso descentralizador eficiente es el fiscal. Incluso así lo ha señalado el mismo presidente de la comisión de descentralización, Esteban Valenzuela, cuando declaró hace algunos días que “pensar en delegar sólo competencias administrativas o políticas, sin un sustento financiero, haría que lo anterior quedara en el aire”.
El trabajo ha sido arduo, pero como en todo orden de cosas hay ciertos aspectos que pueden ser al menos preocupantes en las propuestas que se han dado a conocer durante los último días.
Partiendo por lo positivo, es indudable que el paso de un 14% a un 35% respecto del gasto subnacional al 2020 es algo que debiésemos celebrar entre todos, más aún si consideramos el 50% que ha sido reiteradamente propuesto por la OCDE como óptimo, y que estamos lejos de alcanzar. Claramente no es aquí donde están los puntos divergentes, sino más bien en las herramientas y medios que utilizaremos para cumplir este objetivo.
Ahora, es importante seguir reconociendo que los puntos en concordancia no se agotan en la sola finalidad de las propuestas.
Dentro de las ideas recientemente enunciadas, nos hemos encontrado con algunas que representarían un verdadero avance para el país, como es el caso del Fondo de Convergencia Regional, el cual siempre hemos apoyado en desmedro de la declaración de zonas rezagadas. Con un FCR eficiente (como se ha utilizado en España, Japón y Francia) lograremos que todas y cada una de las regiones puedan estar en cierta igualdad de condiciones, y no tan sólo las históricamente declaradas como necesitadas por el gobierno de turno.
Por otro lado, la capacidad de endeudamiento limitado a nivel regional (se ha hablado de un 7% máximo del gasto total de cada territorio) también es una herramienta que al menos debía entrar en la discusión. Si esto se conjuga con los instrumentos efectivos para una rendición de cuentas, puede significar un gran mecanismo de financiamiento, que a la vez fomentaría la responsabilidad fiscal de los territorios.
Algo parecido sucede con la transferencia por parte del gobierno de la exención del impuesto territorial hacia los municipios, lo que parece sensato considerando que es el mismo nivel central el que las fija, perjudicando paradójicamente a los municipios con menos recursos (que son los que menor cantidad de ingresos de este tipo reciben).
Pero, lamentablemente, existen también ciertos planteamientos que nos han dejado dudas en los últimos días, provocando ciertas reacciones adversas en la prensa nacional. El mismo presidente Valenzuela ha señalado en medios que cerca de un 80% de las medidas propuestas para lograr los objetivos fiscales tienen que ver con la redistribución de los recursos, y sólo un 20% con la modificación, creación o aumento de impuestos. Desafortunadamente, creemos que este 20% no es algo menor.
Lo primero que debemos reconocer es que no somos contrarios a la revisión de ciertos impuestos. Un claro ejemplo de esto es el caso del royalty minero. Considerando que en Polonia la tasa puede llegar incluso a un 35% y que en Perú hasta un 12%, resulta al menos sensato abrir el debate sobre si en el país debemos ampliar el 3,8% existente para la obtención de nuevos recursos. Algo parecido sucede con el impuesto al cableado eléctrico (con la exención respectiva de los soterrados) y con la tasa especial para sitios eriazos, la cual ha sido una medida propuesta transversalmente por diversos sectores políticos.
El problema es que esto no se agota ahí. En los días en que también se está discutiendo una de las reformas tributarias más relevantes de los últimos años, se habla de una elevación del tope en el pago de patentes (medida que es incomprendida en su fundamento), de un eventual aumento en la tasa portuaria, de un impuesto predial a las empresa forestales, de aumentar la base de cálculo de las patentes mineras, etc.
Con todo esto, es importante que estemos abiertos al diálogo en pos de alcanzar la descentralización efectiva del país y que tomemos de una vez por todas las medidas revolucionarias que son necesarias, pero también es igual de importante que seamos responsables y que no demos la señal equivocada. Vivimos en el país más centralizado de la OCDE, pero si creemos que la solución debe ser financiada por el mundo privado, podemos estar cometiendo un grave error.
Estamos recorriendo un camino histórico, y es importante no tropezar justo antes de alcanzar la meta.
