Esta es la discusión que ha traído a la mesa de debates la directora del Fonasa, Dra. Jeanette Vega. Las cotizaciones de la seguridad social deben ser dedicadas a la seguridad social de todos los chilenos, con justicia, equidad y solidaridad. Sin embargo, quienes puedan y quieran, podrán optar por pagos adicionales para mejorar las prestaciones o las comodidades anexas a ellas. Hoy, las Isapres demandan un 30% por sobre el 7% obligatorio en relación a los ingresos que deben pagar los afiliados (es decir, llegan a 10% de los ingresos). Este “plus”, no cabe duda, es un aporte privado y personal y podrá seguir siéndolo.
En los últimos días se ha suscitado una controversia acerca de las cotizaciones a la seguridad social (“Fonasa versus Isapres”, tituló Rodrigo Castro un editorial de La Tercera, 29.7.2014). No cabe duda que estas cotizaciones son obligatorias, por lo tanto, las personas –por ahora los trabajadores dependientes– no pueden abstenerse de aportar para la salud y las jubilaciones. Es cierto que el Manual de Estadísticas y Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional establece que hay diferencias en cuanto a las clasificaciones entre impuestos y cotizaciones de la seguridad social, pero ambos son ingresos del gobierno.
La diferencia, de tipo estadístico contable, se refiere únicamente a qué parte de estas imposiciones tienen un objeto preciso. No obstante, nada permite –en términos estrictamente económicos– suponer o colegir que las personas son propietarias de sus aportes. En efecto, toda transferencia legal es exactamente una transferencia de propiedad. Es decir, no hay –ni legal ni económicamente– argumentos para sostener, como lo hace el economista Rodrigo Castro en el artículo citado, que “las cotizaciones obligatorias son de propiedad del afiliado”.
Cualquier manual establece que los aportes para la seguridad social deben ser dedicados a este fin, pero no necesariamente a una persona, porque podría caerse en situaciones tan torpes como que las inversiones en hospitales o equipos no pudiesen ser usadas por quienes no “aportaron” o que aportaron poco. O que no se atienda a quienes no pagan. Este tipo de decisiones sería eminentemente de cálculo de rentabilidad y lucro en un marco privado. El decano de la U. del Desarrollo sostiene y, por cierto, tiene razón: “Las isapres son compañías de seguros reguladas por una ley especial, pero que en su forma de determinar los riesgos no se diferencian sustancialmente de otras compañías de seguros. En la práctica, realizan estudios de siniestralidad y de riesgo sanitario, y luego determinan las primas”.
[cita]Esta es la discusión que ha traído a la mesa de debates la directora del Fonasa, Dra. Jeanette Vega. Las cotizaciones de la seguridad social deben ser dedicadas a la seguridad social de todos los chilenos, con justicia, equidad y solidaridad. Sin embargo, quienes puedan y quieran, podrán optar por pagos adicionales para mejorar las prestaciones o las comodidades anexas a ellas. Hoy, las Isapres demandan un 30% por sobre el 7% obligatorio en relación a los ingresos que deben pagar los afiliados (es decir, llegan a 10% de los ingresos). Este “plus”, no cabe duda, es un aporte privado y personal y podrá seguir siéndolo.[/cita]
En consecuencia, se trata de Isapres que funcionan con criterios de mercado y, de otra parte, Fonasa que funciona con criterios sociales, específicamente, de derechos sociales en los que el Estado acude a solventar tales derechos de acuerdo a criterios de solidaridad y de equidad.
Esta es la discusión que ha traído a la mesa de debates la directora del Fonasa, Dra. Jeanette Vega. Las cotizaciones de la seguridad social deben ser dedicadas a la seguridad social de todos los chilenos, con justicia, equidad y solidaridad. Sin embargo, quienes puedan y quieran, podrán optar por pagos adicionales para mejorar las prestaciones o las comodidades anexas a ellas. Hoy, las Isapres demandan un 30% por sobre el 7% obligatorio en relación a los ingresos que deben pagar los afiliados (es decir, llegan a 10% de los ingresos). Este “plus”, no cabe duda, es un aporte privado y personal y podrá seguir siéndolo.
De otra parte, alrededor del 25% del gasto en prestaciones del sector público se hace en el sector privado, ya sea mediante consultas, exámenes o convenios preferenciales, conocidos como los Pagos Asociados a Diagnósticos, entre ellos, los propios partos, que son los más demandados. El sector público de atención de salud, en muchos casos, puede competir sin problemas con la oferta privada, pero en ningún caso se trata de eliminarla, porque es necesaria para Chile, sino de mejorar la calidad y la eficiencia del sector público.
En consecuencia, es posible establecer cambios que permitan fortalecer al sector público y que las aseguradoras privadas se dediquen a los seguros complementarios, lo cual, además, les permitiría reducir los miles de reclamos judiciales que actualmente están siendo procesados por diferentes razones pero que, ciertamente, no las favorecen.
