Vivimos momentos de definiciones en que ya no hay lugar para la política de los consensos; quienes pretenden persistir en ella asumirán de manera exclusiva los costos políticos ante la sociedad chilena. Si la Presidenta Bachelet no quiere ser presa de los sectores más conservadores de su coalición y la derecha, y no repetir el fraude del «gobierno ciudadano», considerando que restan tres años y medio de mandato, no puede sino colegislar con el movimiento social y comprometer esfuerzos por sustentar la viabilidad de sus iniciativas legislativas.
El jueves 31 de julio de 2014, la Presidenta Bachelet firmó el proyecto de ley que modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2009, que en su parte sustancial termina con la prohibición de participación de funcionarios administrativos y estudiantes impuesta en dictadura, facultando la participación con derecho a voto de ambos estamentos en las respectivas casas de estudios. Asimismo, se toman medidas de acción positivas, que pueden garantizar la participación triestamental en el gobierno de las instituciones de educación superior, lo que constituye un paso importante en el desmantelamiento del orden institucional de la dictadura. Finalmente, permite que la organización estudiantil en los distintos establecimientos de educación no pueda ser prohibida por los dueños de dichas instituciones. A todas luces destrabar este cerrojo es una reivindicación fundamental para avanzar a transformar la educación de este país.
Sin embargo, este importante paso no fue fruto de la implementación de una propuesta programática o promesa de campaña de la coalición gobernante, sino una conquista del movimiento estudiantil y la sociedad chilena en un proceso continuo de apertura democrática y socialización del poder; porque, la verdad sea dicha, tras ese impersonal “Se hace justicia” de la Presidenta, se pretende pasar por alto a los principales impulsores del paso histórico: los estudiantes de Chile y sus familias.
[cita]Vivimos momentos de definiciones en que ya no hay lugar para la política de los consensos; quienes pretenden persistir en ella asumirán de manera exclusiva los costos políticos ante la sociedad chilena. Si la Presidenta Bachelet no quiere ser presa de los sectores más conservadores de su coalición y la derecha, y no repetir el fraude del «gobierno ciudadano», considerando que restan tres años y medio de mandato, no puede sino colegislar con el movimiento social y comprometer esfuerzos por sustentar la viabilidad de sus iniciativas legislativas.[/cita]
Porque sin dudas es destacable que el Movimiento Estudiantil este avanzando en conseguir demandas históricas que ha levantado desde mucho antes del 2011, ser leales a ellas y actuar en consecuencia; pero mucho más destacable es la claridad política, que se demuestra al leer correctamente el actual escenario político y obtener ventajas políticas en un escenario confuso, marcado por un proceso de reconfiguración de las correlaciones de fuerza políticas y con algunas fuerzas que apuestan a mantener el modelo tal como lo conocimos hasta antes de 2011. Ello demuestra que el Movimiento Estudiantil se ha convertido en un actor de primera línea, gracias a su experiencia acumulada tras años de luchas y que demuestra que la movilización social es un camino posible para superar un modelo que sólo nos ha dado un país desigual, lleno de injusticias y sin respeto por la vida de los habitantes de esta tierra.
Por esta razón, el Confech logró imponer sus condiciones al Gobierno, en un contexto en el que el Ministro Eyzaguirre cuelga de una cuerda, en un escenario en que la derecha busca recuperar terreno en el debate educativo, reclamando partir de cero y con nuevos interlocutores ministeriales; y en el que la Nueva Mayoría evidencia la parálisis de los sectores progresistas frente a la ofensiva de los sectores conservadores reflejados en las duplas Escalona-Andrade en el PS y Walker-Martínez en la DC.
El movimiento estudiantil es un actor determinante en el actual escenario sin el cual no puede existir reforma posible. Es necesario que el Confech fortalezca sus alianzas con los actores sociales que están involucrados en el mundo de la Educación, como, por ejemplo, el Colegio de Profesores, las asociaciones de funcionarios de las universidades, entre otros. Que instale las demandas legitimadas y sentidas por la sociedad chilena, con un programa de transformaciones claro y consensuado al interior del Movimiento Estudiantil.
Las señales son claras para la Presidenta y los sectores progresistas de la coalición gobernante; hay una mayoría social y política en Chile para sustentar los cambios y transformaciones estructurales, aquí no existen “mayorías circunstanciales”, como señala el senador Ignacio Walker; son mayorías nacionales construidas al calor de años de lucha contra un modelo de exclusión y de mercado que es insostenible en el mediano plazo. Vivimos momentos de definiciones en que ya no hay lugar para la política de los consensos; quienes pretenden persistir en ella asumirán de manera exclusiva los costos políticos ante la sociedad chilena. Si la Presidenta Bachelet no quiere ser presa de los sectores más conservadores de su coalición y la derecha, y no repetir el fraude del «gobierno ciudadano», considerando que restan tres años y medio de mandato, no puede sino colegislar con el movimiento social y comprometer esfuerzos por sustentar la viabilidad de sus iniciativas legislativas. De lo contrario, optará por hundirse con ellos.
