La buena democracia tiene un costo, que debe ser asumido por el Estado si no queremos que aumente la injerencia de intereses privados en la toma de decisiones públicas, condición que además haría posible una mayor fiscalización de la contabilidad y el uso de los recursos de los partidos políticos. En la actualidad, incluso un almacén de barrio se maneja de forma más ordenada que varios de los partidos llamados a conducir nuestra democracia.
La aprobación, en la Cámara de Diputados, del cambio al sistema electoral binominal por uno proporcional moderado, es sin duda una buena noticia para nuestra democracia. El binominal es un modelo electoral único en el mundo; pese a las supuestas bondades expuestas por sus creadores, en 25 años de aplicación no ha sido exportado a ningún otro país, y una vez suprimido, esperemos que pase a los libros de historia como una simple anécdota.
No resolveremos el problema de nuestra democracia eliminando solo esta ley. El cambio al sistema electoral nos ubica en un nivel de mínima razonabilidad, pero no nos exime de la crisis de representación que las democracias liberales vienen teniendo en casi todo el mundo. Bien lo sabe Brasil, país que con un sistema proporcional en su Cámara Baja y uno mayoritario en el Senado, vive una profunda ruptura entre la ciudadanía y sus instituciones, no muy distinta a la desafección que vivimos en Chile.
Esta reforma, como todo cambio, puede transformarse en una gran oportunidad de “airear”la política, o bien en una reproducción de la crisis política ya existente; dependiendo de si como país somos capaces de abordar, en paralelo, otras modificaciones al sistema de partidos, a los mecanismos de participación ciudadana, a la transparencia en las campañas y al sentido de las mismas. En efecto, si consideramos que lo más probable es que los 12 nuevos escaños del Senado sean ocupados por diputados actualmente en ejercicio, el cambio en la Cámara Baja será de proporciones: sumando los nuevos escaños a las vacantes de los diputados que competirán en la Cámara Alta, se abrirán 47 espacios, una renovación de un 40% respecto a la actual Cámara de Diputados.
[cita] La buena democracia tiene un costo, que debe ser asumido por el Estado si no queremos que aumente la injerencia de intereses privados en la toma de decisiones públicas, condición que además haría posible una mayor fiscalización de la contabilidad y el uso de los recursos de los partidos políticos. En la actualidad, incluso un almacén de barrio se maneja de forma más ordenada que varios de los partidos llamados a conducir nuestra democracia. [/cita]
¿Serán estos nuevos escaños una reproducción de la actual clase política y la “maquinaria” partidista o serán ocupados por una nueva generación de líderes jóvenes, mujeres, indígenas, trabajadores y representantes de la diversidad de nuestra sociedad?
Por lo pronto, el debate en el Senado deberá abordar temas excluidos en el mensaje original. La introducción de la ley de cuotas de género es un avance, pero las mujeres no son el único grupo con altas barreras de entrada al Congreso Nacional; igualmente lo somos los jóvenes y los representantes de etnias originarias, para quienes también se debe legislar una ley de cuotas. Las reformas a los modelos electorales ocurren con muy poca frecuencia, por lo que no aprovechar esta oportunidad para corregir los distintos vicios del sistema sería un profundo error.
Otra de las prioridades es crear una nueva Ley de Partidos Políticos. La Ley N° 18.603, actualmente vigente y también promulgada en dictadura, establece un nivel de rigidez estructural y limitaciones para formar y mantener partidos, que no se condicen con las formas de organización y participación que han impuesto las nuevas tecnologías junto al auge del “movimiento social”; más dinámicas, horizontales y funcionales. Prueba de lo anterior es que, según datos de la Séptima Encuesta Nacional de la Juventud publicada por el INJUV, sólo un 1,1% de los jóvenes hemos participado de un partido político en los últimos doce meses, cifra que dista del 49,9% que participa de organizaciones que defienden alguna causa social, y el 22,6% que ha participado de alguna manifestación en el mismo período.
La buena democracia tiene un costo, que debe ser asumido por el Estado si no queremos que aumente la injerencia de intereses privados en la toma de decisiones públicas, condición que además haría posible una mayor fiscalización de la contabilidad y el uso de los recursos de los partidos políticos. En la actualidad, incluso un almacén de barrio se maneja de forma más ordenada que varios de los partidos llamados a conducir nuestra democracia.
Al interior de los partidos, y en conjunto con los “movimientos políticos emergentes”, somos los militantes de sus Juventudes Políticas quienes debemos incidir para que se produzcan estas otras reformas, en el segundo trámite de la ley y en las posteriores legislaturas. De lo contrario, seguiremos en la total irrelevancia en la que nos encontramos, y habremos perdido la oportunidad histórica de incidir en la construcción de la democracia que nos merecemos en pleno siglo XXI.
