El gobierno ambivalente

En medio del alboroto que han significado para el mundo empresarial y la derecha chilena los llamados “caso Cascadas” y “el Pentagate”, pasaron inadvertidas las palabras que pronunció la mandataria en su reciente visita a Estados Unidos, pues, alejándose de lo que tanto ella misma como sus más cercanos habían insinuado antes, reafirmó en Nueva York que la discusión constitucional se había abierto y se cerraría con su gobierno (“avanzar hacia una nueva Constitución de raíz y contenidos plenamente democráticos para Chile durante su mandato”), reponiendo con ello no solo el tema del reemplazo constitucional en la agenda pública, sino que, además, haciendo gala de la ambivalencia en la que se ha movido su administración. Pocos días después, los cambios a ser introducidos en el sistema de gobierno y administración regional propuestos por una comisión ad hoc se establecerán, siempre según la presidenta Bachelet, no en una nueva Constitución sino mediante una reforma constitucional específica. Entienda el que pueda.

Pero no solo es en esta materia donde el actuar gubernamental se ha manifestado sinuoso, sino que se ha desplegado en escena cada vez que la actual administración ha intentado poner en marcha alguno de sus proyectos más emblemáticos.

Así, por ejemplo, desde su regreso a Chile en marzo del año pasado, Michelle Bachelet recogió la crítica al salvaje e inequitativo papel de las AFP y del actual sistema de pensiones que se transforma en un dolor de cabeza para cada chileno que quiere jubilarse. En este tema, más allá de la retórica empleada (“la letra chica que afecta a millones de chilenos”), hasta aquí ha predominado una lógica que tiende a perpetuar el modelo más que a intentar transformarlo y parece reducirse a la creación de una AFP estatal que, como bien se sabe, y siguiendo el modelo de BancoEstado, puede resultar absolutamente contradictoria con el propósito fundante. Es más, bastó que el recién nombrado nuevo superintendente del área, Álvaro Gallegos, hiciera una crítica pública al modelo en Icare, para que la nueva administración lo sacase rápidamente de circulación, sin siquiera dejarlo en la terna de aspirantes al cargo.

En educación ni hablar. Del carente de medidas de fortalecimiento de la educación pública y, en este sentido, pobre anuncio original de reforma, se ha continuado con la lógica de cercenar los proyectos presentados en materia de selección, copago y lucro. Se han desempeñado los intereses corporativos de actores vinculados a la Iglesia y a la propia coalición de gobierno, aunque, en materia de penalización del lucro y su prohibición en las ATE, los diputados fueron más lejos que lo que quería el gobierno. El resultado manifiesto ha sido la flexibilización del mensaje presidencial en lo que atañe a su entrada en vigencia, el proceso universal de selección, así como el fin de los arriendos, que ha demostrado ser el corazón del problema del lucro en el sector universitario, donde se supone que ha estado siempre prohibido.

[cita]Habrá que continuar esperando el lento acoplamiento de las piezas del régimen a la actual coyuntura política (o que se concrete el deporte preferido de los analistas y actores políticos: el cambio de gabinete) para entregar una opinión más definitiva sobre un Ejecutivo que, hoy por hoy, lleva puesta la heráldica de la ambivalencia como principal blasón en su pecho.[/cita]

Lo mismo se puede observar si se revisan la discusión y debate que hubo en torno a la propuesta de reforma del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), polémico desde su misma difusión, debido a la nula participación de actores relevantes y que fue considerado bastante pobre y peligroso no solo por la principal agrupación de Consumidores (Conadecus), sino que, incluso, recibió la crítica transversal por parte de los parlamentarios, cuyas quejas iban desde su socialización hasta el propósito mismo de la iniciativa. En ese contexto, no deja de ser sorprendente que el propio gobierno le haya realizado más de una veintena de indicaciones y que, hoy por hoy, el proyecto lleve más de cuarenta, y del que puede resultar una regulación bastante mayor que la actual, dada la sensibilidad del tema para el mundo parlamentario luego del caso de colusión en el mercado avícola.

Para qué reiterar el embrollo que sucedió con la anunciada Reforma Tributaria, ya aprobada y cocinada entre la casa de algún economista neoliberal y el departamento de Andrés Zaldívar, y que llegó a tener más indicaciones que el proyecto mismo. Según expertos que van desde el ala neoliberal hasta los más críticos del modelo, el acuerdo dejó abiertos forados que aumentarán la evasión y que posibilitarán el lavado de dinero. En tanto, la señora Juanita y Moya pagarán el grueso de los ingresos iniciales previstos por la reforma a través de impuestos específicos al consumo que fueron aumentados. Lo mismo ha ocurrido en energía, reformas laborales y la profesionalización del Estado planteados en su programa. Es más, la agenda del Ejecutivo parece desplazarse según sople el viento de la contingencia que, en particular durante este año, ha estado bastante movido.

Y si bien el panorama económico –disminución del crecimiento proyectado–, así como el escenario político –creciente desprestigio de la actividad pública– han jugado en contra del espíritu de transformación del que se imbuyó este gobierno durante la campaña, no es menos cierto que la segunda administración Bachelet (tal cual ocurrió durante su primer mandato), ya transcurrido un tiempo más que razonable de gobierno, no solo se ha movido en sentido zigzagueante respecto de sus principales promesas de campaña sino que esa doble alma también se ha puesto de manifiesto en la propia arquitectura de su elenco gubernamental. En efecto, suponíamos que, dada la tamaña tarea de transformación del presente gobierno, se designaría a un equipo consistente y coherente con esos retos. Y si bien algunas piezas de su engranaje se mueven en esa lógica, como su equipo de contenidos, dotando a sus discursos de un sentido estratégico con un horizonte nítido y preciso, las improvisaciones de la mandataria, o sus salidas de libreto, hacen que sus intervenciones que no responden a un diseño comunicacional previamente acordado vuelvan a situar la labor de esta administración en un espacio intangible, ubicado, al parecer, entre Tongoy y Los Vilos.

Prueba evidente de esta asincronía es la inconsistencia entre el discurso político que diseña contenidos y su puesta en escena por un gabinete apolítico –en especial los ministros de La Moneda-, cuya mayor expresión resulta ser el actual ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, con intervenciones asépticas y carentes de sentido político-estratégico. Dado ese escenario, no es casual que en un encuentro con jóvenes del PPD, Peñailillo haya dado cátedra sobre cómo transformarse en principal inquilino de Palacio, siendo un eterno jefe de gabinete de alguien, o que sus entrevistas lo pongan más cerca de la farándula o la moda que en el papel de un estadista.

En un espacio así resulta casi natural que la Presidenta, y también su gobierno, se muevan con la característica ambivalencia que resulta ser el rasgo más distintivo de su administración cuando el calendario marca los últimos meses del año y que tiene como telón de fondo a una coalición que renunció a fortalecer la República y que se mimetizó en la lógica individualista del neoliberalismo. Basta revisar los reclamos por cargos de los presidentes de los partidos de la coalición, en especial Walker, o las sesiones especiales de la Cámara a la que asisten ministros y donde el apoyo al gobierno no se justifica en función de su hoja de ruta, sino en los “proyectos particulares” que el Ejecutivo les aprueba a los parlamentarios “brokers”, especializados en clientelismo.

Habrá que continuar esperando el lento acoplamiento de las piezas del régimen a la actual coyuntura política (o que se concrete el deporte preferido de los analistas y actores políticos: el cambio de gabinete) para entregar una opinión más definitiva sobre un Ejecutivo que, hoy por hoy, lleva puesta la heráldica de la ambivalencia como principal blasón en su pecho. ¿Se repetirá el balance que ella misma hizo de su gobierno anterior (“es justo señalar que hubo cosas que no hicimos del todo bien y reformas que quedaron sin hacer”)? A menos que sea verdad aquello de que las segundas partes nunca han sido buenas.