Sin comparar ni en envergadura, ni en presupuestos, ni en competencias específicas las regiones francesas y las chilenas, lo que impacta al enfrentarse a la realidad chilena y al proyecto de gobernanza regional propuesto por la Comisión de Descentralización es el hecho de que se mantenga a un intendente, designado hoy, mañana electo, con un poder absoluto sobre el ejecutivo regional, y, frente a él, a un Consejo regional casi sin poder, casi sin atribuciones, salvo las de observar y fiscalizar, si es necesario, al intendente.
Hace pocos días la Presidenta de la República recibía en el Congreso el informe de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional. Uno de los hitos de ese informe es la proposición de pasar de un intendente designado a un intendente electo. Es el momento, pues, de reflexionar sobre qué significa eso en términos de profundización de la democracia.
No me cabe duda de que para la democratización de los Gobiernos Regionales, que dependen del intendente designado, se trata de un avance notable. Con el voto popular se legitima su figura. Y el rol de jefe de los servicios nacionales desconcentrados pasa a manos de un Delegado provincial presidencial, el equivalente de los Prefectos de Departamento en Francia. Pero, visto desde Europa, la idea de elegir por separado al intendente y a los Consejeros Regionales no deja de parecer curiosa. Me explico.
Los Gobiernos Regionales, tanto en Francia como aquí, siguen grosso modo el modelo municipal. Los concejos municipales son elegidos por listas. La cabeza de lista que recoge la mayor votación es designada, por el concejo electo, para la función de alcalde. El alcalde nombra a sus “adjuntos” sectoriales entre los concejales de su coalición y a veces más allá, según los pactos o acuerdos a los que pudieron llegar. Cada uno de ellos queda a cargo de los diferentes servicios del Municipio. Resultado: la administración está encabezada y liderada por el acalde y sus concejales adjuntos.
[cita]Sin comparar ni en envergadura, ni en presupuestos, ni en competencias específicas las regiones francesas y las chilenas, lo que impacta al enfrentarse a la realidad chilena y al proyecto de gobernanza regional propuesto por la Comisión de Descentralización es el hecho de que se mantenga a un intendente, designado hoy, mañana electo, con un poder absoluto sobre el ejecutivo regional, y, frente a él, a un Consejo regional casi sin poder, casi sin atribuciones, salvo las de observar y fiscalizar, si es necesario, al intendente.[/cita]
Cuando se crearon en 1982 los Consejos Regionales apoyados por una administración ad hoc (Acto Uno de la Descentralización), el modelo se replicó. Los Consejeros Regionales fueron elegidos por listas, el Consejo otorga la presidencia a quien encabeza lista de mayor votación, la presidencia de la región designa, entre sus pares consejeros, a un cierto número de vicepresidentes sectoriales. Por ejemplo, la Región Île-de-France –una asamblea de 208 consejeros– cuenta con un presidente y quince vicepresidentes, a cargo de diferentes áreas. Cada uno de ellos funciona como un ministro regional, y se apoya en una administración que dispone de personal altamente calificado, permanente, mayoritariamente de planta (se creó de hecho una función pública territorial para responder a estas necesidades).
El ejemplo francés, siendo perfectible como todos los sistemas de gobernanza, responde, con toda evidencia, a un imperativo democrático. La democracia exige, en efecto, que ostenten el poder real –el manejo de los presupuestos y la orientación de la máquina administrativa– aquellos que ganaron las elecciones populares. Si los ciudadanos consideran que un equipo se desempeña mal en el poder, que abusa de él o lo distorsiona, tienen tres recursos: acudir a la justicia si se trata de actos delictivos, utilizar la prensa para denunciar prácticas repudiables y, por último, recurrir a las urnas al final del mandato, procurando no reelegir a quienes se considera que no cumplieron con el mandato de 6 años que la ciudadanía les entregara.
Sin comparar ni en envergadura, ni en presupuestos, ni en competencias específicas las regiones francesas y las chilenas, lo que impacta al enfrentarse a la realidad chilena y al proyecto de gobernanza regional propuesto por la Comisión de Descentralización es el hecho de que se mantenga a un intendente, designado hoy, mañana electo, con un poder absoluto sobre el ejecutivo regional, y, frente a él, a un Consejo regional casi sin poder, casi sin atribuciones, salvo las de observar y fiscalizar, si es necesario, al intendente.
Por legitimados que estén hoy los alcaldes o mañana los intendentes al ser elegidos en votación popular, otorgar todo el poder o casi a una sola persona, que designa luego para acompañarlo en sus labores a equipos nombrados a dedo, que diseñan las políticas y manejan el poder, refleja una organización política imperfecta. Al seguir manteniendo separados el rol y las atribuciones del alcalde por un lado y las del Concejo Municipal por el otro, las del intendente y las del Consejo Regional, tan fuertemente asimétricas además, entendemos hasta qué punto la dictadura, que inventó la figura de los alcaldes designados, ha dejado una huella profunda, no solo en la organización política sino hasta en las mentes libres y a menudo brillantes de los miembros de la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional (cuyas ideas y proposiciones en otras materias son interesantes y a veces audaces).
Queda la satisfacción de pensar que una nueva Constitución será estudiada el año próximo y puede todavía corregir esta asimetría y entregar con más confianza el poder administrativo a las asambleas elegidas por el pueblo, que sigue ostentando, querámoslo o no, la soberanía en nuestro país.
