Las universidades del Estado le pertenecen a toda la sociedad y, por lo tanto, nos debemos a un mandato nacional, promotor de un proyecto de país democrático, integrador, laico, descentralizado, diverso y con una fuerte orientación hacia la cohesión social. Es por esto que debemos hacer esfuerzos por fortalecerlas y, así, conformar una red de universidades públicas de la cual todos los chilenos y chilenas nos sintamos aún más orgullosos.
El proyecto de Ley de Presupuesto 2015, incorpora un “Convenio Marco para las Universidades Estatales” que compromete recursos por cerca de 57 millones de dólares para las dieciséis universidades del Estado.
Más allá de las cifras, la sociedad debe lograr comprender la importancia para el país de que las universidades del Estado, aquellas que nos pertenecen a todos, reciban un trato preferente. Planteo, aquí, cuatro razones para ello.
En primer lugar: asegurar educación superior en el marco de los valores del Estado: hoy en día la proliferación de instituciones de educación superior privadas ocurrida tras la reforma de 1981, ha acotado la participación de las instituciones estatales y, por ende, ha menguado el proceso de transmisión de valores apegados a la búsqueda del interés general, es decir, a una formación republicana, laica, promotora de pluralismo, diversidad, protección de la democracia, la integración y la cohesión sociales. El Estado debe asegurar que dicha provisión no siga perdiendo relevancia y, por el contrario, que se fortalezca.
[cita]Las universidades del Estado le pertenecen a toda la sociedad y, por lo tanto, nos debemos a un mandato nacional, promotor de un proyecto de país democrático, integrador, laico, descentralizado, diverso y con una fuerte orientación hacia la cohesión social. Es por esto que debemos hacer esfuerzos por fortalecerlas y, así, conformar una red de universidades públicas de la cual todos los chilenos y chilenas nos sintamos aún más orgullosos.[/cita]
La segunda razón: asegurar educación superior de excelencia en cada una de las regiones del país. La masificación de la educación superior ha generado como consecuencia la proliferación de sedes de universidades privadas asentadas en la Región Metropolitana y en distintas regiones del país. Sin desmerecer este aporte, cada región requiere tener una universidad surgida en su mismo territorio, conectada con la identidad, características y necesidades de su entorno y de su población. Con su Casa Central, sus autoridades, cuerpos académicos y colegiados, funcionarios y estudiantes conformados por personas que viven en su región. El país requiere tener al menos una universidad estatal, de altísima calidad en cada una de sus regiones, para aportar a la formación de profesionales y al desarrollo regional.
La tercera razón: asegurar la ejecución de una estrategia de desarrollo de país. El mercado ha mostrado ser un medio inequitativo en la provisión y asignación de bienes públicos necesarios para impulsar el desarrollo económico y territorial. En este contexto, el Estado no debe dejar de propiciar la formación de profesionales y técnicos en lugares con evidentes déficits y necesidades específicas; generar conocimiento en áreas estratégicas relacionadas con la promoción del ámbito regional y nacional; y llevar adelante proyectos de vinculación e intercambio planificado entre regiones. La implementación de esta estrategia debe enmarcarse en una política pública impulsada y gestionada desde el Estado a través de sus Instituciones de Educación Superior, que defina los lineamientos generales de la educación superior en Chile.
Finalmente, la cuarta razón es asegurar un marco propicio para la generación de conocimiento ligado al interés general. La necesaria vinculación entre las instituciones de educación superior y el mercado ha llegado al extremo de determinar el rumbo de la investigación hacia fines de beneficio privado, desapegados de la misión institucional. Las universidades estatales, al estar normadas por el derecho público, marcan una diferencia esencial con las universidades que se desenvuelven en el marco del derecho privado, ya que éstas, a pesar de que pueden tener una legítima orientación por lo público, siempre arriesgan la posibilidad de que el controlador cambie su orientación y, por ende, no exista una garantía institucional de que ésta se conecte con el saber público y las necesidades de la nación. El “espíritu” encarnado en un marco institucional estatal es, en consecuencia, lo que diferencia en esencia a una universidad pública (estatal) de una universidad privada “con vocación pública”.
Estas son algunas de las razones que, a mi juicio, justifican un trato preferente. Las universidades del Estado le pertenecen a toda la sociedad y, por lo tanto, nos debemos a un mandato nacional, promotor de un proyecto de país democrático, integrador, laico, descentralizado, diverso y con una fuerte orientación hacia la cohesión social. Es por esto que debemos hacer esfuerzos por fortalecerlas y, así, conformar una red de universidades públicas de la cual todos los chilenos y chilenas nos sintamos aún más orgullosos.
