Política y egos: la difícil tramitación de la reforma educacional

La prensa tradicional ha puesto énfasis en la supuesta diferenciación ideológica insalvable entre el PC y el PDC a raíz de la bullada votación en la Cámara de Diputados por la penalización del lucro en educación y de las expresiones del embajador en Uruguay, Eduardo Contreras. Pero la verdad es que ambos partidos, a quienes la historia evidentemente separa, han mostrado un pragmatismo político sorprendente al viabilizar en lo esencial a la actual coalición de gobierno, lo que le hace bien al país al centrarse en los desafíos del presente y el futuro y no en las confrontaciones del pasado. Es también cierto que por estos días existe un clima de crispación y, por qué no decirlo, de exceso de personalismo político. Pero este parece ser un mal que se ha tomado la agenda pública nacional y cuyo ejemplo más contundente es el debate en torno a la reforma educativa.

Hasta hoy es un secreto muy bien guardado por el ministro Nicolás Eyzaguirre el motivo por el cual decidió iniciar su gestión con el proyecto del “fin al lucro, el copago y la selección”, en vez de haber priorizado otros ejes más emblemáticos de la cartera, como el fortalecimiento de la educación pública o, como lo hizo Lagos a comienzo de los años 90, hacer una apuesta contundente por profesionalizar la carrera docente. El ministro ha sido ambiguo en explicar tal decisión. En alguna oportunidad dijo que aquel era “el corazón del problema”, en tanto en otra señaló que el fortalecimiento de lo público podía generar una arremetida ideológica muy fuerte de la derecha, y en otra ocasión expresó que éste era el proyecto más factible de aterrizar, dada la urgencia gubernamental por definir una hoja de ruta en los cien días iniciales. Lo cierto es que la tramitación del proyecto no solo ha resultado más engorrosa de lo previsto, sino que ha evidenciado, más que en ninguna otra área de la agenda gubernamental, la crispación política que se ha apoderado de la oposición y, también, de la propia coalición de gobierno.

Las claves de interpretación de este clima enrarecido tienen que ver, en lo que atañe a la conducta de la oposición, con la posibilidad de recuperar algo de su salud política perdida e incluso de convocar a movilizaciones de calle, lo que no le ocurría hace mucho tiempo, aunque tenga que forzar hasta lo indecible sus objeciones a los proyectos, entendiendo que su postura es muy simple: dejar todo como está, con brutal segmentación, apropiación indebida de recursos públicos y privatización extrema. Es su modelo y lo defiende. Pero en definitiva es paradójica la oposición frontal a un proyecto que puede resultar el mejor negocio para cualquier sostenedor privado: ¿es razonable oponerse a que el Estado les pague eventualmente dos veces por la infraestructura que utilizan?; ¿a qué entidad privada le disgustaría que sus ingresos estuvieran garantizados por el fisco?; ¿a qué sector no le vendría bien que el Estado anuncie la inyección promedio de unos $100.000 por alumno vía inclusión de los quintiles 3 y 4 en la Subvención Escolar Preferencial, del reemplazo del copago y de la subvención por gratuidad? Todo ello a cambio de que transforme su personalidad jurídica, sus directivos reciban una remuneración razonable y se someta a un grado mínimo de control de los recursos públicos que se destinan a educación.

[cita]Nadie razonablemente se explica que, habiendo un acuerdo en lo medular, éste enfrente tantas dificultades. Salvo que se ponga énfasis en un pequeño detalle: dada la crisis de legitimidad que enfrenta el sistema político, y ante la ausencia de una coalición con un proyecto común de largo plazo, la actividad pública ha sido colonizada por afanes individualistas que pueden acabar con la mayor promesa y aspiración presidencial transformada finalmente en un engendro irreconocible al cierre de su trámite legislativo. [/cita]

Su fuga anual por falta de regulación se estima del orden de U$ 400-600 millones anuales, que van a parar a los bolsillos de los dueños de cadenas de colegios subvencionados. En la actitud de la oposición ha primado la lógica del panfleto – “van a expropiar a los sostenedores” (como insiste la UDI, que aún sigue nocaut en medio de los líos de los Labbé y los Délano)– o la más tortuosa de Allamand – “nos han dado la oportunidad de salir por primera vez a la calle y agotaremos esta instancia hasta lo que más podamos en nombre de la lucha contra la persecución a la educación privada”–. Esto significa que la derecha busca en el Senado extender innecesariamente hasta abril o mayo la discusión de un proyecto que, razonablemente, podría quedar aprobado en enero de 2015. Al principal actor de derecha en el Senado le parece oportuno aprovechar intensamente la oportunidad que le han dado para volver a tener un relato o épica y así marchar nuevamente por las calles de Santiago, como cuando era dirigente estudiantil secundario y era parte de la insurrección civil contra el gobierno legítimamente constituido.

Se entiende menos el debate sin divergencias insalvables entre unas y otras fuerzas de la coalición gobernante, aunque sí con opiniones distintas en algunos temas, pero transversales a varios de sus partidos. Se realiza un debate con gran publicidad en el que parece prevalecer la búsqueda de cámara y la suma de egos y personalismos antes que la defensa de posiciones sustantivas, que obliga a volver a redactar una y otra vez los proyectos de ley, con interminables indicaciones que superan en extensión el articulado de los mismos. Es cierto que los sectores más críticos de la coalición oficialista han planteado temas de fondo, incluida parte de la bancada estudiantil, y consideraron que el proyecto sólo se preocupaba de resolver parte de los líos del sector particular subvencionado, ícono del lucro en educación, junto con inyectarle recursos considerables que evidentemente lo pondrán en todavía mejor pie frente a la educación municipal, sin cambiar el sistema de subsidio a la demanda, dejando, una vez más, postergado el anhelado fortalecimiento de la educación pública. Nadie se explica, tampoco, por qué se repitió en esta reforma el mismo error de la tributaria: poner en el mismo saco a pequeños y dinámicos emprendedores con grandes consorcios de colegios al estilo Mariana Aylwin.

Mientras la joven generación presentaba más de 80 indicaciones al prospecto, la bancada DC, hábilmente, alcanzó un acuerdo con el Ejecutivo que fue expresión de su sincronización con el gobierno y que dio lugar imprudentemente a una apropiación partidista. Ignacio Walker, adelantándose al anuncio de La Moneda, manifestó que éste era “un nuevo proyecto”, lo que encendió el ánimo de las bancadas estudiantil, comunista y socialista-PPD. Camila Vallejo señaló que “como estaba el proyecto no estaba en condiciones de votarlo”. El senador Rossi le puso mucha más bencina a la polémica con el PDC que la que ya acostumbra, por razones que no parecen ser muy de Estado ni de principios.

¿Y qué decir del escenario en que se realizó la votación misma? Un PDC en complicidad con el gobierno y que por vía de Matías Walker logra alinear a ambas bancadas del partido de la flecha roja, las que se comprometen a votar completo el paquete de indicaciones que patrocina el Ejecutivo, pero que gestiona su postura en clave de apropiación particular, con constantes y controvertidas apariciones de su presidente que lo hacen verse como un partido antirreformas y pro lucro. El escenario se complejiza cuando la bancada joven pone en el tapete nuevamente el tema de los arriendos, que ellos mismos habían consensuado previamente con el Ejecutivo, e introducen la tipificación del lucro como delito, lo que está bien, pero con penas de cárcel, lo que está menos bien al sumarse a la inflación penal que vive Chile, como si no tuviera cárceles superpobladas y no hubiera penas alternativas.

La injustamente destituida ex ministra DC Yasna Provoste, por su parte, con la expectativa de desempeñar una vocería significativa en Educación y, de paso, acelerar su carrera al Senado, buscó ser más que la bancada de los ex dirigentes universitarios, generando una iniciativa –el impedimento al lucro en las ATES, agencias privadas asesoras de la educación escolar de dudosa utilidad y fuente de despilfarro de recursos públicos– que, si bien aparece como una medida necesaria, complica a La Moneda y ésta se ve obligada a manifestar que en las indicaciones no consensuadas dejará a los parlamentarios oficialistas en libertad de acción. Este mensaje comunicacionalmente se recibe como un gesto pro sostenedores privados y arde Troya en el hemiciclo. Giorgio Jackson pone en jaque el día de la votación a Aldo Cornejo y éste le responde, no muy diplomáticamente, que “no aceptará más chantajes”. El proyecto se vota favorablemente pero se reponen las indicaciones al arriendo y a las ATES, y la penalización del lucro no prospera más bien por responsabilidad de los diputados PPD más que del PDC, aunque serán estos últimos los que paguen los platos rotos por la votación pérdida. Karol Cariola, no tanto por hacer pública la votación, sino por el calificativo de “vergüenza” con que tipifica el resultado, enciende la molestia DC, y en medio de ello el embajador Contreras se despacha las declaraciones que avivan la polémica, a pesar de que el PC lo deja caer y el canciller lo coscorronea públicamente, pero la Presidenta lo confirma en el cargo con buenas razones, lo que enrarece aún más el panorama político parlamentario.

De nada sirven los oficios de Carmona ni las palabras de buena crianza de Teillier para bajar la intensidad del conflicto. Para seguir con el show de los egos, Ignacio Walker, además de indicar que el proyecto será mejorado en el Senado –lo que provoca la ira de varios diputados–, pide, además, la fusión de las comisiones de Hacienda y Educación para acelerar el proyecto en la Cámara Alta y, de paso, quitarle protagonismo a su no muy amigo colega Rossi. Y en vez de guardar silencio, dado su controvertido papel en la reforma tributaria, saltan al ruedo el “cocinero Zaldívar” y Lagos hijo –el mismo que fue a la CP del PPD para avisar que no votaría favorablemente la reforma tributaria– y se consolida la opinión de que la reforma educativa puede terminar siendo modificada sustantivamente en un sentido conservador. Y Rossi, en su solitaria aspiración presidencial, considera que la polémica puede generarle nuevos titulares y aviva la disputa.

Y aquí estamos, con una actividad pública dominada por egos y personalismos, cuyo mayor ejemplo es esta tramitación del primer paso de la reforma educacional, pues nadie razonablemente se explica que, habiendo un acuerdo en lo medular, ésta enfrente tantas dificultades. Salvo que se ponga énfasis en un pequeño detalle: dada la crisis de legitimidad que enfrenta el sistema político, y ante la ausencia de una coalición con un proyecto común de largo plazo, la actividad pública ha sido colonizada por afanes individualistas que pueden acabar con la mayor promesa y aspiración presidencial transformada finalmente en un engendro irreconocible al cierre de su trámite legislativo. ¿Podrá alguno de estos protagonistas de hoy lamentarse más adelante con legitimidad frente un eventual abstencionismo de niveles históricos en la próxima elección?