“El cuarto pilar”, como se le denominó grandilocuentemente a la futura Reforma Laboral, pareciera no ser otra cosa que un upgrade de las limitaciones jurídicas que se han implementado sobre los trabajadores desde fines de los 70 en el país, intentando delimitar y producir, institucionalmente, a las organizaciones sindicales en virtud de su debilitamiento.
Las palabras que la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, pronunció en un foro realizado la semana pasada en la Universidad Adolfo Ibáñez vienen a confirmar lo que se puede concluir a partir del análisis de las propuestas de la sección “Trabajo” del Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet: las reformas laborales que propone la Nueva Mayoría, mientras simulan ser un mecanismo que “empareja la cancha”, se constituyen, perfeccionándose, en un dispositivo ideológico que, como tal, mantiene la hegemonía del capital sobre el trabajo, afianzando y consolidando lo que ya existe (ver documento “Más allá de las reformas laborales. Críticas y alternativas a las propuestas de la Nueva Mayoría”, de coautoría del columnista).
La secretaria de Estado fue clara al afirmar que «no está en la agenda laboral del gobierno la negociación colectiva interempresas», es decir, la negociación colectiva continuará acotada a la empresa y, por lo tanto, al sindicato de tipo empresa. Mientras se mantenga este anclaje, el poder de las organizaciones sindicales, al contrario de aumentar, que es –según el Programa– lo que buscaría la Reforma Laboral, lo que hará será disminuir y, con esto, la situación general de los trabajadores tenderá a precarizarse aún más.
Por otro lado, además, la ministra Blanco indicó que «una de las aristas que queremos incorporar fuertemente en la extensión de materias dentro de la negociación colectiva (hoy limitada a las remuneraciones) tiene que ver con temas de jornada laboral”. En Chile existe un mercado del trabajo altamente flexible, es decir, una consolidada “flexibilidad laboral externa” con predominio del suministro de personas y la subcontratación. A modo de ejemplo, en Codelco, empresa del Estado y mayor productora de cobre del mundo, existen tres trabajadores subcontratados por cada trabajador contratado de forma directa por la estatal.
[cita] “El cuarto pilar”, como se le denominó grandilocuentemente a la futura Reforma Laboral, pareciera no ser otra cosa que un upgrade de las limitaciones jurídicas que se han implementado sobre los trabajadores desde fines de los 70 en el país, intentando delimitar y producir, institucionalmente, a las organizaciones sindicales en virtud de su debilitamiento. [/cita]
A partir de las afirmaciones de la ministra el enfoque cambia. La flexibilidad, consolidada “fuera” de la empresa, en el mercado del trabajo, ahora comenzará a afianzarse al interior de las empresas. Si “incorporar materias dentro de la negociación colectiva” significa “negociar la flexibilidad al interior de cada empresa”, el futuro, para los trabajadores, no se torna para nada promisorio.
El trabajo, las relaciones laborales, son relaciones sociales que se definen histórica, económica, cultural y políticamente. Por lo tanto y antes que todo, son relación de poder que se establecen entre aquellos que se apropian de la riqueza, los capitalistas, y aquellos que la producen, es decir, los trabajadores. La situación de estos últimos en ningún caso puede ser definida por referencia exclusiva a determinantes económicos o productivos, sino que debe abordarse como una relación de poder que se constituye en torno al trabajo.
Esta naturaleza de las relaciones laborales, José Piñera, ideólogo neoliberal que implementó y puso en marcha el Plan Laboral de 1979, institucionalidad jurídica en la que se sostiene el actual Código del Trabajo, la tuvo permanentemente presente. En su confesionario que lleva por título “La revolución laboral en Chile”, publicado en 1990, afirma que el llamado “Plan Laboral” no era otra cosa que un “Plan Sindical” y esto, básicamente, porque el esquema sindical tiene una profunda incidencia en el resto de la sociedad, ya que influye en los patrones de conducta y en las expectativas de todos los trabajadores, de la fuerza de trabajo en general y no sólo de aquellos que están ocupados, puesto que la actividad sindical tiene implicaciones distributivas al interior de la fuerza de trabajo e influencias políticas frente al resto de la sociedad.
Javiera Blanco, con sus últimas declaraciones, pareciera tomar el testimonio de Piñera (¿la Concertación alguna vez lo soltó?) y actualizar, de forma un tanto más burda, su discurso.
“El cuarto pilar”, como se le denominó grandilocuentemente a la futura Reforma Laboral, pareciera no ser otra cosa que un upgrade de las limitaciones jurídicas que se han implementado sobre los trabajadores desde fines de los 70 en el país, intentando delimitar y producir, institucionalmente, a las organizaciones sindicales en virtud de su debilitamiento. Esto, junto con la ejecución de otras políticas sobre la fuerza de trabajo, con el objetivo de controlar, gestionar, administrar, disciplinar y optimizar su uso –como se ha demostrado que funciona la flexibilidad laboral–, lo que buscan, permanentemente, es conformar y consolidar un cerco político-institucional que, al mismo tiempo de aumentar las fuerzas de los trabajadores en términos productivos, disminuye, esas mismas fuerzas, en términos de obediencia política.
Los Chicago boys de fines de los setenta así lo establecieron. Por las oficinas del poder burocrático, mientras la cartera del Trabajo le hace guiños al capital, aún hoy, reverbera el mantra neoliberal.
