“El Estado fue garante”: joven científica alza la voz por posible recorte de programas sociales
Pone como ejemplo su propia trayectoria y el rol que cumplieron distintos apoyos estatales —desde Junaeb hasta becas y financiamiento de postgrado— en su formación, y cuestiona la falta de evidencia detrás de eventuales recortes, advirtiendo sobre el impacto que podrían tener en la movilidad social.
Una carta abierta en video, difundida en redes sociales, surge en medio de la polémica por el oficio del Ministerio de Hacienda que recomienda revisar o recortar programas sociales en el marco del ajuste fiscal impulsado por el gobierno de José Antonio Kast. Su autora, Constanza Araya —bioquímica y candidata a doctora en neurociencia—, relata cómo una trayectoria atravesada por la vulnerabilidad fue posible gracias a una cadena de beneficios públicos desde la infancia hasta el doctorado, que le permitió salir de la pobreza y desarrollar una carrera científica en Chile.
“Soy científica, genero conocimiento desde y para Chile (…) pero esto no fue siempre así”, plantea al inicio del registro, donde explica que creció en un hogar vulnerable, bajo el 40% socioeconómico más bajo, y que su trayectoria estuvo marcada por apoyos estatales en distintas etapas. Entre ellos, menciona el rol de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), que —según detalla— le entregó alimentación, útiles y vestuario durante su etapa escolar, además de becas como el Bono al Logro Escolar y programas de acceso a tecnología.
A esos apoyos se sumaron la beca Presidente de la República, la gratuidad universitaria y beneficios de mantención en educación superior, que le permitieron ingresar a la Pontificia Universidad Católica de Chile como primera profesional de su familia. Actualmente cursa un doctorado financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), con recursos públicos destinados a formación de capital humano avanzado.
En su testimonio, Araya no busca —según dice— destacar el mérito individual, sino cuestionar el impacto de eventuales recortes: “Todos los privilegios intelectuales que hoy tengo (…) se explican porque el Estado fue garante”, afirma. Su mensaje se inserta en medio de la controversia por el oficio del Ministerio de Hacienda que recomendó revisar o eliminar programas sociales, incluyendo iniciativas del ámbito educativo.
La científica apunta directamente a esa discusión y cuestiona la falta de claridad en los criterios del ajuste: “¿Con qué evidencia la nueva administración demuestra que el recorte del 3% en todos los ministerios es suficiente?”, plantea, exigiendo cifras que respalden la decisión. También critica lo que describe como una “estrategia comunicacional” que instala incertidumbre sobre el futuro de beneficios sociales.
El video ha circulado ampliamente en redes, sumándose a otras voces —académicas y del mundo educativo— que han advertido sobre el riesgo de afectar políticas clave. En particular, el foco en programas como la alimentación escolar ha amplificado la preocupación pública, al tratarse de instrumentos asociados directamente a condiciones básicas de vida.
Hacia el cierre, Araya deja una frase que sintetiza el tono político de su intervención: “No fue con mi voto, pero tampoco será con mi silencio”. Su carta no solo pone rostro al impacto de las políticas sociales, sino que reabre el debate sobre el alcance del ajuste fiscal y sus efectos en la movilidad social.
