Lo que se requiere y propone es una (r?)evolución del Sistema de Evaluación Ambiental, sin embargo, pareciera ser indispensable hacer esto en conjunto a una Reforma Constitucional que, entre otros, cambie “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” desde el Artículo 19, número 8, al Artículo N°1–, una Constitución que permita una democracia más bien directa, local y participativa, en donde el país pueda organizarse de nuevas formas, por ejemplo, por cuencas hidrográficas, para planificar y gestionar sustentablemente el territorio, con estados regionales democráticos que se hagan cargo de nuestra gran diversidad ambiental-cultural.
La última decisión tomada por Goldcorp de retirar el EIA del proyecto EL Morro luego de la resolución de la Corte Suprema que anuló un fallo que había dado luz verde al proyecto de oro y cobre, paralizando la iniciativa de US$3.900 millones ubicada en la Región de Atacama, pone de manifiesto nuevamente la profunda crisis que viene atravesando nuestro Sistema de Evaluación Ambiental.
Ya a principios del presente gobierno se procedió a desahuciar a HydroAysen, esta vez por una decisión de marketing político y no técnica (alternativa de generación de energía propia, limpia y renovable); sin embargo, ahora el gobierno nos dice que se destrabarán inversiones para activar la economía. Me pregunto: ¿esta vez baipaseando el Sistema de Evaluación para mejorar los cuestionados números de crecimiento?
Lo que refleja este panorama es una pésima organización como país de los temas ambientales, la famosa Ley 19.300 surgió apurada para firmar el acuerdo de libre comercio exigido por la UE, igual lo fue la formación del Ministerio de Medio Ambiente y su Consejo de Ministros para la Sustentabilidad el año 2009, exigido para ingresar a la OCDE. Por otra parte, la firma del Convenio 169 de la OIT que nos vino a señalar que era en realidad una consulta a la comunidad. En definitiva, una legislación a la chilena, con parches, superposiciones, toma decisiones más bien políticas y centralizadas, que participativas y técnicas.
[cita]Lo que se requiere y propone es una (r?)evolución del Sistema de Evaluación Ambiental, sin embargo, pareciera ser indispensable hacer esto en conjunto a una Reforma Constitucional que, entre otros, cambie “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” desde el Artículo 19, número 8, al Artículo N°1–, una Constitución que permita una democracia más bien directa, local y participativa, en donde el país pueda organizarse de nuevas formas, por ejemplo, por cuencas hidrográficas, para planificar y gestionar sustentablemente el territorio, con estados regionales democráticos que se hagan cargo de nuestra gran diversidad ambiental-cultural.[/cita]
Lo que se requiere y propone es una (r?)evolución del Sistema de Evaluación Ambiental, sin embargo, pareciera ser indispensable hacer esto en conjunto a una Reforma Constitucional que, entre otros, cambie “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” desde el Artículo 19, número 8, al Artículo N°1–, una Constitución que permita una democracia más bien directa, local y participativa, en donde el país pueda organizarse de nuevas formas, por ejemplo, por cuencas hidrográficas, para planificar y gestionar sustentablemente el territorio, con estados regionales democráticos que se hagan cargo de nuestra gran diversidad ambiental-cultural.
Para mejorar el Sistema de Evaluación Ambiental es indispensable que el máximo organismo que tome decisiones respecto de llevar a cabo un proyecto no sea basado en temas políticos, para ello se propone reemplazar el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, por un organismo eminentemente técnico, “Consejo Nacional para la Sustentabilidad”, compuesto tanto por miembros elegidos por la comunidad, por ejemplo, de entre ex premios nacionales de Ciencia, ex ministros, u otros que cumplan los requisitos, y formado por miembros nombrados por el Congreso o el Gobierno (partiendo por el ministro del Medio Ambiente). Dicho Consejo debería ser la máxima instancia para aprobar o rechazar proyectos, normativas y otros temas ambientales.
En definitiva, se requiere una nueva forma de llevar adelante la evaluación de nuestros proyectos de inversión para no seguir judicializándolos como último recurso ciudadano ante los poderes económicos, políticos y burocráticos.
