Nuestro llamado es a reducir la vulnerabilidad territorial, que nace como resultado de la combinación entre suburbanización y vulnerabilidad socioeconómica. Es necesario construir comunidades sustentables y resilientes, con instituciones que planifiquen en el largo plazo y promuevan la generación de capacidades como base fundamental para el desarrollo local.
El gobierno está a punto de presentar la primera Política Nacional de Gestión de Riesgo para Chile y, hasta ahora, no se conoce públicamente su contenido, alcance y enfoque. Siendo este el escenario, resulta relevante plantear algunos elementos que creemos fundamentales para el desarrollo de una política de este tipo.
La Política de Gestión del Riesgo es tan necesaria y contingente debido a que nos encontramos bajo la amenaza constante de la ocurrencia de eventos de distinta índole e intensidad, algunos de carácter natural y otros inducidos por personas. Fenómenos tales como terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, avalanchas, deslizamientos de tierra, sequías, y contaminación atmosférica, entre otros, son eventos cuyas características catastróficas, directas e indirectas, han significado importantes pérdidas para el país, tanto en términos en vidas humanas como materiales.
Sin embargo, si revisamos cómo se han hecho las cosas hasta ahora, nuestra capacidad de gestionar el riesgo y dar respuesta a los desastres naturales ha sido precaria. En comparación con países que cuentan con territorios de similar vulnerabilidad, como Japón, Nueva Zelanda, Australia o el Estado de California en EE.UU., en Chile no pareciera existir un aprendizaje a partir de las catástrofes que han marcado nuestra historia.
Las principales críticas al sistema que tenemos actualmente en Chile son cuatro puntos:
[cita]Nuestro llamado es a reducir la vulnerabilidad territorial, que nace como resultado de la combinación entre suburbanización y vulnerabilidad socioeconómica. Es necesario construir comunidades sustentables y resilientes, con instituciones que planifiquen en el largo plazo y promuevan la generación de capacidades como base fundamental para el desarrollo local.[/cita]
La política chilena frente a los eventos socionaturales hasta ahora ha sido reactiva, con énfasis en la gestión del desastre y no en la del riesgo, haciendo frente, ante todo, a la demanda de la emergencia, una vez ocurrido el desastre y siempre desde la perspectiva de un Estado centralizado. En este sentido, se aboca principalmente a responder a un hecho en particular, a entregar bienes y restituir servicios, y no actúa bajo un enfoque de prevención y planificación territorial. Existe la práctica de realización de simulacros, que preparan a la comunidad a reaccionar frente al evento mismo, pero no va asociada a la creación de un aprendizaje. Como supone la presentación de una Política Nacional, es hora ya de asumir que la solución reactiva a la emergencia no basta, ni resulta sustentable en el tiempo.
El marco legal e institucional en esta materia es insuficiente. La normativa no está diseñada para proteger y prevenir mediante la planificación, ni fortalecer mediante la generación de capacidades locales. Las instituciones tampoco cuentan con las herramientas y atribuciones necesarias para prevenir y luego responder ante un hecho. No tenemos mecanismos de aprendizaje y control, lo que obliga a gobiernos, tanto central como locales, a generar desde cero una nueva respuesta ante un evento en específico, incapacitando a las instituciones y a la ciudadanía a responder en forma coordinada y efectiva. En este sentido, son los gobiernos locales los que dan la primera respuesta institucional ante un desastre, pero en Chile estos son principalmente administradores de los recursos del Estado, por lo que enfrentan los procesos de reconstrucción a través de dotación de viviendas de emergencia e implementación de ciertos instrumentos públicos como, por ejemplo, los Planes Maestros desarrollados post-27F, pero que, al no ser vinculantes, ven limitada su efectividad a largo plazo.
Asociado al punto anterior, los altos niveles de centralización que posee el país limitan la acción de los gobiernos locales como primera respuesta ante la ocurrencia de un desastre. Es por esto imprescindible fortalecer a los municipios con recursos técnicos, infraestructura y presupuesto, para poder planificar territorialmente y generar adecuadas coordinaciones con las diversas instituciones públicas que actúan en esta temática.
En Chile se pierde valiosa información levantada por el sector académico para una toma de decisiones propia de una buena gobernabilidad, dada la desconexión entre la investigación académica y el gobierno central y gobiernos locales. Es fundamental disminuir las brechas existentes entre la ciencia y las políticas públicas, a través de proyectos de planificación que integren a universidades y centros de investigación, y no solo a los asesores particulares, desvinculados de la generación de conocimiento.
Ante este diagnóstico y considerando que los efectos de los desastres van más allá de los daños físicos y pueden dejar largas y profundas consecuencias en el territorio, creemos que el desafío mayor que posee el Estado es generar comunidades resilientes, es decir, comunidades urbanas y rurales capaces de poder planificar, previo a un desastre, para lograr hacerle frente y luego adaptarse a las nuevas condiciones del medio sin perder sus condiciones y funcionalidades básicas. Para ello se requiere de estructuras institucionales y normativas que estén a la altura de este desafío, necesitando ser flexibles y permitiendo la generación de capacidades.
La visión que impulsamos como Revolución Democrática es la elaboración de metodologías que nos permitan formar comunidades resilientes frente a la realidad territorial de alta amenaza socionatural, de forma coordinada, actualizada y eficiente. Nuestro enfoque se cimienta en la planificación territorial de asentamientos, en la participación de las comunidades locales, en dotación de infraestructura que permita localización, accesibilidad y servicios adecuados a los ciudadanos, en la generación de un engranaje institucional flexible para la planificación y respuesta, con foco en la relación entre las diversas escalas de gestión pública (desde el nivel local al nacional), y en la retroalimentación real con el conocimiento científico y un marco normativo que permita la protección y generación de capacidades efectivas.
Por otra parte, una política pública debe ser aquella que entrega la hoja de ruta a seguir en el largo plazo, que da pie a la generación de diversos instrumentos de carácter normativo, técnico, económico, entre otros, que tienen como principal finalidad la creación de valor público, es decir, enfocada al beneficio social. En el caso de la Política Nacional de Riesgo, creemos que por lo menos debe poseer tres pilares fundamentales:
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: generar la institucionalidad, instrumentos y leyes actualizadas, territoriales y preventivas para la gestión del riesgo y no para la gestión del desastre, a través de instrumentos de gestión.
GENERACIÓN DE CAPACIDADES LOCALES: dar mayor autonomía local a la gestión de riesgo. Debemos formar localidades capaces de planificar, responder y adaptarse en caso de amenazas a las que deben hacer frente. Esto requiere que se considere la experiencia de las comunidades en la planificación y gestión del riesgo.
VINCULACIÓN ENTRE CIENCIA Y POLÍTICA: crear puentes entre la investigación académica y la toma de decisiones. Es de real importancia que desde la academia se asuma el rol social de la ciencia, y desde el gobierno, la incorporación del trabajo conjunto en la construcción de políticas públicas y no solo la consulta esporádica al conocimiento experto.
Nuestro llamado es a reducir la vulnerabilidad territorial, que nace como resultado de la combinación entre suburbanización y vulnerabilidad socioeconómica. Es necesario construir comunidades sustentables y resilientes, con instituciones que planifiquen en el largo plazo y promuevan la generación de capacidades como base fundamental para el desarrollo local.
La magnitud de la tarea no es pequeña, pero ya no puede seguir esperando. Quedaremos atentos al lanzamiento de esta política de alta relevancia para Chile, y estamos disponibles para ser un apoyo, en la medida que se permita la colaboración de todos, ya que la construcción de resiliencia es una tarea de largo aliento, que requiere la participación y cooperación de todos los actores de la sociedad.
