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Todo en orden: Contraloría descarta irregularidades en almuerzos servidos por Primera Dama
El organismo concluyó que la participación de Pía Adriasola en el casino de La Moneda fue “espontánea”, breve y sin riesgos sanitarios. Salud tampoco detectó infracciones ni vulneraciones a la normativa vigente.
La Contraloría General de la República descartó eventuales irregularidades sanitarias en la participación de la Primera Dama, Pía Adriasola, durante una actividad en el casino del Palacio de La Moneda que había generado cuestionamientos desde la oposición semanas atrás.
La revisión se originó tras un oficio enviado por el diputado socialista Daniel Manouchehri, quien pidió investigar un video viralizado a fines de marzo donde se observaba a Adriasola colaborando en la entrega de almuerzos a funcionarios sin utilizar mascarilla, guantes ni cubrepelo.
En ese momento, el parlamentario cuestionó públicamente la situación y anunció acciones ante Contraloría y la autoridad sanitaria.
“Oficiaremos a Contraloría y al seremi de Salud para que investiguen y determinen responsabilidades. El Estado funciona con reglas. La Moneda no es un fundo”, escribió entonces en redes sociales.
Tras recopilar antecedentes de la Dirección Administrativa de Presidencia, la Subsecretaría de Salud Pública, la Seremi Metropolitana y el Instituto de Salud Pública, el organismo concluyó que no existieron vulneraciones a la normativa sanitaria ni reproches de legalidad.
Según el informe entregado por la Dirección Administrativa de Presidencia, la Primera Dama llegó de manera espontánea al casino mientras realizaba un recorrido por dependencias de La Moneda y coincidió con el horario de almuerzo.
Desde Presidencia explicaron que Adriasola únicamente colaboró durante algunos minutos en la entrega final de alimentos a funcionarios presentes en el lugar.
El documento añade que la situación “no implicó una intervención en el proceso de elaboración o preparación de los alimentos”, ni contacto con etapas críticas de manipulación que pudieran afectar condiciones higiénicas o sanitarias.
Además, se señaló que se trató de “una asistencia limitada, espontánea y de escasos minutos”.
La autoridad sanitaria respaldó esa interpretación y concluyó que los antecedentes no permitían configurar una infracción sanitaria.
El informe citado por Contraloría sostiene que la situación debía analizarse bajo criterios de “razonabilidad y proporcionalidad”, considerando que no toda actuación circunstancial dentro de un recinto alimentario constituye automáticamente una vulneración sanitaria.
La Seremi de Salud agregó que no se acreditó “una vulneración concreta a la normativa sanitaria, un riesgo efectivo o una transgresión verificable de los procedimientos de control”.
Por el contrario, indicó que los antecedentes daban cuenta de una actuación “breve, espontánea, aislada y sin incidencia en la inocuidad de los alimentos ni en la continuidad del servicio”.
En base a esos antecedentes, Contraloría concluyó que no existían elementos para formular observaciones jurídicas respecto de lo ocurrido.
“Del análisis de todos los antecedentes, no se advierte algún reproche de juridicidad en torno a lo obrado por las entidades públicas requeridas”, señaló el organismo.
La entidad también aprovechó de recordar que, aunque las denuncias parlamentarias son atendidas con prioridad, el organismo debe distribuir sus recursos conforme a criterios de relevancia jurídica, económica y social.
En ese contexto, Contraloría explicó que el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras requiere planificación y priorización debido a las limitaciones de recursos humanos, financieros y materiales disponibles.
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