Mano dura con los abusadores

Durante esta semana nos enteramos que la Securities and Exchange Commission –ente regulador del sistema financiero en Estados Unidos– había demandado a Juan Bilbao y Tomás Hurtado por presunto uso de información privilegiada previo a la Oferta Pública de Acciones (OPA) por parte de Abbott Laboratories para la compra de CFR Pharmaceuticals. Este caso y el trato de las autoridades norteamericanas hacia los demandados nos entrega la oportunidad de realizar un análisis comparativo sobre cómo situaciones similares son abordadas en nuestro país.

Hechos ocurridos, como la colusión de las farmacias, la colusión de los pollos, las repactaciones unilaterales de La Polar y el Caso Cascadas, entre los más recientes, son eventos que nos hacen replantearnos, dadas su magnitud y frecuencia, dónde está el problema y qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad.

Casos como el de La Polar no sólo afectan la credibilidad de nuestro sistema, sino que además impactan significativamente a miles de personas mediante del desplome del precio de la acción, afectando de paso a prácticamente todos los fondos de pensiones de nuestro país.

La pregunta de fondo es la siguiente: ¿existe en Chile una institucionalidad que provea incentivos y sanciones ejemplificadoras que permitan prevenir este tipo de situaciones? Absolutamente no. El daño provocado por eventos como los descritos es mucho mayor al que se piensa usualmente. En una primera aproximación, atentan contra la seriedad, institucionalidad, credibilidad y reputación de un país que durante los últimos 30 años ha sido catalogado como un ejemplo en la región.

[cita]Para quienes creemos en el libre mercado, es inconcebible que grandes abusos como los escándalos financieros recientes, terminen con clases de ética o multas con montos mínimos en comparación con el retorno obtenido y al daño causado.[/cita]

Si uno compara la realidad de un país con instituciones que actúan de manera preventiva como EE.UU., el uso de información privilegiada y el cohecho, son penados con cárcel y con multas millonarias y disuasivas. Un caso interesante de analizar es el de Enron, gigante energético en Estados Unidos, que mediante fraude contable manipuló sus estados financieros para mostrarse ficticiamente como una compañía que generaba utilidades, caso que terminó en multas millonarias por más de 6.600 millones de dólares a los bancos y firmas auditoras involucradas, además de compensaciones por más de 7.200 millones de dólares a accionistas de la compañía que vieron cómo la empresa quebró. Sin ir más lejos, un caso famoso como la estafa piramidal de Bernard Madoff, terminó con una sanción de 150 años de cárcel. Por último, producto del fraude a las hipotecas subprime durante la última crisis financiera y recientemente por manipulación de mercados de divisas, ha hecho pagar multas por más de 12 mil millones de dólares a cada banco en el caso de JPMorgan y Bank Of America, y tener que pagar más de 3.300 millones de dólares por manipulación de mercados de divisas en el caso de HSBC, UBS, RBS y Citibank, entre otros.

Lo anterior, son cifras impensadas comparando nuestra realidad nacional, y no por un tema de ajuste de escala, sino porque, a nivel internacional, las multas sí son disuasivas y buscan recuperar el perjuicio cometido.

Lamentablemente, Chile está muy lejos de ese cuerpo legal. Para quienes creemos en el libre mercado, es inconcebible que grandes abusos como los escándalos financieros recientes, terminen con clases de ética o multas con montos mínimos en comparación con el retorno obtenido y al daño causado.

Es un buen momento para que comencemos a trazar líneas para que también seamos reconocidos no sólo por nuestras cifras, sino por empoderar a la sociedad civil y proteger a nuestros ciudadanos.

En construir un mejor país para todos, no hay atajos. Terminemos con el Chile de los abusos.