Opinión
Lento y pasivo en sus reacciones, es incomprensible que el Gobierno de Michelle Bachelet no perciba que la imagen de una institucionalidad financiera de cartón se está asentando en el mundo de los negocios a nivel internacional.
En el actual escenario lo peor que puede ocurrir es que el Gobierno, amparado en el concepto “dejar que las instituciones funcionen”, piense que es un espectador más del curso judicial de los acontecimientos, y que puede sentarse, pasivo, a esperar sus resultados.
Lo que la frase indica es que el Gobierno no debe interferir en el curso de los acontecimientos judiciales y debe dejar que los fiscales investiguen y acusen, y que la justicia opere de la manera más libre e independiente. Pero ello no obsta para que el Gobierno deba actuar en el campo de sus obligaciones y competencias, una de las cuales es procurar una conducción estable de las instituciones, generar una sana ecología política para resolver los problemas, y procurar que la imagen corporativa del país no se vea afectada por cualquier escándalo en curso.
[cita] Dada la ausencia casi total de confianza de la ciudadanía en la política, alguien debe, en el sistema, asumir la tarea de convocar transparencia y cooperación para restablecer confianzas. El único que tiene instrumentos y competencias, ante la mudez insólita del Honorable Congreso Nacional, es el Gobierno. En primer lugar, produciendo certidumbre y usando su capacidad de impulso político y administrativo, generar la debida transparencia. ¿Por qué no lo hace? [/cita]
¿Cuánto vale la imagen corporativa del país en el mundo globalizado? Ella tiene un valor prácticamente incalculable. La buena imagen de Chile le permitió a Ricardo Lagos decir a los empresarios, en un Mensaje de 21 de mayo ante el Congreso Nacional, que la calificación de riesgo del país les había significado una ganancia adicional de 10 mil millones de dólares en sus negocios.
Pero ese valor del intangible imagen corporativa es delicado y se gasta más rápido de lo que cuesta crearlo. Mantenerlo debe ser hecho con finura política, algo perfectamente percibido por Cecilia Morel cuando, avergonzada, le pidió a Sebastián Piñera que no siguiera mostrando el papelito de los 33 mineros en una gira por Europa.
Lento y pasivo en sus reacciones, es incomprensible que el Gobierno de Michelle Bachelet no perciba que la imagen de una institucionalidad financiera de cartón se está asentando en el mundo de los negocios a nivel internacional. Que los escándalos de Cascadas, el uso de información privilegiada, un caso como el de Penta o las constantes observaciones que instituciones como la FED de Estados Unidos hacen a inversionistas chilenos, no afecten el modelo brillante de reglas del juego económico que el país forjó en las dos décadas anteriores.
Es impensable, además, que no esté evaluando o no tenga información sobre cuántos tenedores de bonos de Chile o de empresas nacionales en el extranjero, han decidido no tener tiempo para detenerse a entender el intrincado laberinto de escándalos financieros judicializados y decidan marcharse de nuestro mercado. A fin de cuentas, el tamaño del mercado nacional no justificaría la asunción de nuevos riesgos, sobre todo si son de delitos económicos.
Por lo mismo, es lícito y justo preguntarse si está deteriorada la imagen nacional. Tal vez sea demasiado pronto para sostenerlo certeramente, pero los gobiernos no pueden permanecer impasibles ante cualquier duda sobre la existencia de ese riesgo y deben, en cambio, esforzarse por forjar una estrategia que ordene con severidad jurídica y acción institucional cooperativa el funcionamiento de todas las instituciones públicas. Ello es lo mínimo como señal de efectivo Gobierno.
Lamentablemente se ha mostrado errático y hace emerger la sospecha de la discrecionalidad y orientación selectiva para juzgar casos que son similares o idénticos. Ello, frente a la fundada sospecha –aunque todavía a base de evidencias y datos parciales, pero reales– de que la pentapolítica parece un esquema infeccioso mayor del sistema político chileno.
Tampoco se preocupa mucho por la coherencia institucional del país frente a temas de esta envergadura.
El fiscal a cargo de la investigación del caso Penta ha solicitado al SII, organismo competente, que se investiguen otras empresas en relación a boletas fraudulentas, en el mismo esquema Penta, sin obtener respuesta hasta este momento. A su vez, el SII en octubre del año pasado solicitó investigaciones por fraude que hasta ahora la Fiscalía no ha investigado. En el curso de la actual investigación, Hugo Bravo, uno de los principales imputados, ha hecho alusión directa a “movidas” entre los dueños del Grupo Penta y el ministro del Interior sobre la posibilidad de un arreglo político que licúe responsabilidades, idea conocida como la teoría del empate.
Es sabido que la “intoxicación informativa” es la otra cara de la transparencia, porque produce dudas, y todo adquiere carácter de nebulosa.
Dada la ausencia casi total de confianza de la ciudadanía en la política, alguien debe, en el sistema, asumir la tarea de convocar transparencia y cooperación para restablecer confianzas. El único que tiene instrumentos y competencias, ante la mudez insólita del Honorable Congreso Nacional, es el Gobierno. En primer lugar, produciendo certidumbre y usando su capacidad de impulso político y administrativo, generar la debida transparencia. ¿Por qué no lo hace? La idea que prevalece es que se trata de un Gobierno demasiado ensimismado, incapaz de percibir los matices de la política a mediano y largo plazo.
Queda flotando la idea de lo dicho por los abogados del Grupo Penta para explicar los hechos de sus clientes, que los bancos en Chile se manejan como el ‘Almacén de Manolito’ de la historieta Mafalda y que los partidos políticos como la UDI son stock de estantería. Aunque es seguro que Manolito con su almacén, en materia de moral pública, es bastante mejor que lo visto en Penta y se maneja mejor que el Gobierno frente a sus clientes.
