Opinión
Es conocido el método que empleó anteriormente para enfrentar coyunturas complejas: la creación de comisiones, de nuevas agencias estatales –ayer fueron ministerios; hoy, en época de desconfianza ciudadana acentuada, superintendencias– y, finalmente, la proliferación de iniciativas legislativas para retomar la agenda pública y/o capear el mal tiempo.
A no pocos llamó la atención que en la estrategia judicial lanzada por el SII quedaran fuera de la querella por fraude tributario varios de los parlamentarios y políticos que han estado en el centro de la polémica en este último tiempo. Que la querella se restrinja a la búsqueda de las responsabilidades de los propietarios y ejecutivos de Penta en los llamados contratos forwards y en el pago de ocho facturas falsas en 2013 –documentos de Inversiones y Mandatos S.A. (relacionada con Jovino Novoa), de Vox Comunicaciones (con Laurence Golborne) y de Cactus Consultores SpA (con el ex presidenciable Andrés Velasco)– por constituir delitos tributarios, pero que no abordan la responsabilidad de quienes las emitieron, lleva a preguntarse si el SII está procurando separar temas para su mejor tratamiento judicial o eludir la responsabilidad de los políticos emisores de boletas, cuyo fin era el financiamiento ilegal de sus campañas.
Entre tantos cambios de responsabilidad en la Fiscalía, no queda claro qué pasará con ellos. Aunque el UDI Ernesto Silva al parecer deberá responder ineludiblemente por el eventual tráfico de influencias y conflicto de intereses que quedó en evidencia a raíz de su intercambio de correos con uno de los dueños de Penta y de la Isapre Banmédica en medio de la tramitación de la modificación de Ley de Isapres en 2013.
[cita] Solo una asamblea constituyente, que tendría que ser convocada por el actual Parlamento si no se quiere rupturas institucionales –lo que, de paso, les permitiría a los honorables en ejercicio recuperar en algo su prestigio–, podría hacerse cargo de rediseñar nuestra derruida institucionalidad política con representantes no contaminados por el financiamiento ilegal.[/cita]
Y si bien tanto la querella del SII como la investigación abierta por la Fiscalía apuntan al delito tributario por presentar «declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda”, lo que tiene una arista buena (los empresarios lo pensarán ahora dos veces en financiar campañas), a su vez, excluye a los otros responsables: los beneficiarios del dinero.
Y es que, claro, por más crisis que hubo en 2003 y en medio de los pactos Insulza-Longueira para salvar al Gobierno de Lagos –quien sostenía por la época que era objeto de “un golpe blanco”– y que en todo caso buscaron reformar y modernizar el Estado, entre sus múltiples componentes se promulgó una nueva ley de financiamiento electoral –19.885–, origen de varios de los males de hoy. Pruebas al canto: la legalización del aporte electoral de empresas que consagra su desmedida influencia en el sistema político. Asimismo, la aprobación de la siguiente indicación: “Agrégase el siguiente artículo 153 A, nuevo: El plazo de prescripción para las faltas, infracciones o delitos establecidos en esta ley incluidos los delitos conexos a ellos, será de un año contado desde la fecha de la elección correspondiente”. Como ya pasó más de un año desde la última elección, queda asegurada –con lo legislado 12 años atrás– la impunidad absoluta en los casos Penta y Soquimich por delitos electorales y de financiamiento ilegal de campañas.
Es conocido el método que empleó anteriormente para enfrentar coyunturas complejas: la creación de comisiones, de nuevas agencias estatales –ayer fueron ministerios; hoy, en época de desconfianza ciudadana acentuada, superintendencias– y, finalmente, la proliferación de iniciativas legislativas para retomar la agenda pública y/o capear el mal tiempo.
El estallido del Caso Penta llevó a La Moneda a desarrollar una respuesta a la crisis y en diciembre desde la Segpres se presentó una iniciativa para abordar los temas de financiamiento de la política. Bachelet manifestó entonces que “estamos haciendo una apuesta trascendente por la calidad de nuestra democracia y por el quehacer de nuestro sistema político», mientras Elizalde anunció que el nuevo proyecto legislativo habrá de generar “las condiciones para tener una democracia de calidad, con el concepto de democracia total”.
El mensaje enviado al Congreso propone bajar en un 50% el límite del gasto electoral para las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales, eliminar los aportes de empresas y que los aportes personales de los candidatos no superen el 10% del gasto electoral permitido, y que se realicen a través de un portal electrónico de dominio público del Servel. La propuesta indica que el Servel otorgará a los partidos con representación parlamentaria aportes trimestrales, y no podrán recibir aportes de personas jurídicas. Además, establece que quienes violen las normas sobre financiamiento – recepción de aportes “mediante falsedad, engaño o maliciosa omisión”– serán sancionados con presidio menor en su grado mínimo a medio.
No obstante, el proyecto no establece cambios en dos cosas sustantivas: no aumenta el periodo para que los delitos asociados puedan ser investigados, lo que en los casos Penta y Soquimich dejará libres de polvo y paja a los parlamentarios involucrados, ni tampoco introduce la figura de pérdida del escaño o cargo de quien se viese envuelto en delitos electorales (www.camara.cl: Mensaje 718-362 o sesión 107, Legislatura 362 y/o Boletín 9790—07). Hay que señalar que los senadores de la Comisión de Constitución que negociaron el proyecto con el Ejecutivo en su mayoría fueron precisamente los que aparecían recibiendo altos aportes reservados de empresas. En enero de este año un oficio de la Presidenta informó a la Cámara que: “Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia”. Vino enseguida el inicio del receso parlamentario y el estallido del Caso Caval.
A fines de febrero la Presidenta retomó sus funciones y, luego de un gabinete político, el ministro Elizalde emitió declaraciones en que prometió, a propósito del vínculo entre política y negocios que han dejado en evidencia los recientes escándalos, que “vamos a tener un marco regulatorio como Chile no ha conocido hasta la fecha«. Una comisión de ministros se hará cargo del tema, la que, haciéndose eco de la magnitud de la propuesta que prometió el vocero, debiera apuntar a una reforma constitucional profunda. Se repite el anuncio ayer, pasan los días sin que se dé ninguna pista por parte del Gobierno, como no sea un llamado a cerrar filas.
Después de la declaración de la Presidenta al momento de reasumir sus funciones, en que encaró el tema de su hijo, vino un esfuerzo de La Moneda por cerrar el asunto y dar vuelta la página. Pero la realidad es más compleja que el deseo del Ejecutivo. Caval ha seguido siendo el centro de las noticias, y se propagó como una peste en los programas de análisis político y hasta en los de farándula. El significado y rating que han alcanzado últimamente los escándalos políticos se expresaron en el festín de los humoristas del Festival de Viña. Y es que, lejos del deseo gubernamental, el alto impacto que provocó la última batahola y el que cada día aparezcan nuevas aristas, hace suponer que elCaso Caval no desaparecerá.
A esa sensación térmica contribuyó también la propia declaración del Tribunal Supremo del PS que, en una nota kafkiana, no puso tiempo límite a la investigación solicitada por dos miembros del comité central, ni especificó una fecha precisa para un pronunciamiento, cuya consecuencia ha sido la percepción de que finalmente el asunto se pateará hacia adelante hasta que desparezca de los medios, aunque la renuncia de Dávalos y su mujer al PS evitará escalar el conflicto en dicho partido. Por ese derrotero van, además, las declaraciones de Aleuy, quien calificó de “imprudente” el cuestionario enviado por la UDI a la Mandataria.
Ya hay una larga lista de parlamentarios en tribunales o que podrían ser citados por ellos, incluyendo al desaforado diputado RN Rosauro Martínez, acusado de asesinato de opositores durante la dictadura, y otros por faltas variadas a la probidad: los senadores Carlos Bianchi, Eugenio Tuma, Jacqueline van Rysselberghe, Iván Moreira y Ena von Baer. A ellos se suman diputados como el socialista Cristian Urízar, el UDI Felipe de Mussy, el propio presidente de la UDI Ernesto Silva, y otros que han estado indirectamente –vía asesores o familiares– en el torbellino de la polémica a raíz de la arista Soquimich, como Roberto León, Fulvio Rossi, Jaime Orpis, Juan Antonio Coloma, sin contar aún a aquellos que pudieran eventualmente salir a la luz pública a raíz de diversas investigaciones en curso.
Es decir, tenemos hoy ocho senadores (de 38 que componen el Senado, el 21%) y cinco diputados que aparecen con problemas con la justicia, además de un largo número de políticos con problemas judiciales por el financiamiento de la política y que no ocupan escaños: Jovino Novoa, Andrés Velasco, Pablo Longueira, Joaquín Lavín, Alberto Undurraga, Pablo Wagner, etc. Para no hablar de los problemas de Piñera en su momento con el uso de información privilegiada en transacciones bursátiles. Nuestro deslegitimado Congreso y la dirigencia política han continuado cuesta abajo en la rodada y ese desprestigio, más aún después de Caval, se traspasó al Ejecutivo y permeó a quien, por sí sola, venía sosteniendo nuestra institucionalidad: la figura presidencial.
Un escenario de alto desprestigio de la política –Andrade parece haberle tomado el peso a la gravedad del asunto– ha posibilitado durante la última semana que resurja con mucha fuerza la idea de una asamblea constituyente para construir una nueva institucionalidad que ponga fin a los vicios de origen que tuvo la reinstalación democrática. Ya no son pocos los que hablan de un Congreso deslegitimado por la alta proporción de “parlamentarios tramposos” para impulsar un cambio constitucional o abordar las reformas institucionales que urgen. Hasta ahora, todas las crisis institucionales que se desataron con la transición –ejercicio de enlace, boinazo, el picnic de Puntapeuco, MOP-Gate y las escuelas de conductores, Chiledeportes, el movimiento pingüino e incluso el movimiento estudiantil de 2011– han concluido en su antípodas y lo que hemos visto más bien ha sido la solidificación y perpetuación de la impunidad de aquel segmento de las elites políticas que es parte o cómplice de la subordinación de la democracia al dinero y a los privilegios.
¿Por qué habría esta vez de ser distinto? Solo una asamblea constituyente, que tendría que ser convocada por el actual Parlamento si no se quiere rupturas institucionales –lo que, de paso, les permitiría a los honorables en ejercicio recuperar en algo su prestigio–, podría hacerse cargo de rediseñar nuestra derruida institucionalidad política con representantes no contaminados por el financiamiento ilegal.
