Chile se reforma o entra en una crisis de antipolítica generalizada con consecuencias impredecibles. Por consiguiente, Bachelet, sin perjuicio de apoyar con energía las investigaciones judiciales, debería pedir en público a las empresas beneficiadas por la especulación inmobiliaria en la que participó su nuera –Caval y el Banco de Chile–, que donen esas ganancias a una nueva fundación, dependiente de La Moneda, para ayudar a menores que sufren enfermedades como la de Valentina Maureira.
La Presidenta Bachelet navegó por aguas turbulentas durante 2014. Enfrentó una obstrucción al borde de la sedición de la derecha, que controla casi todos los medios de comunicación del país, un regalo de Pinochet.
Como esa oposición sabe que es minoría, a lo menos desde 1938, utiliza el sensacionalismo para desprestigiar a los políticos, la cabeza del Estado, y conservar el «dejar hacer oligárquico», como llamó el Financial Times a nuestro sistema.
A ello se suma exagerar la delincuencia, pese a que nuestro país es el segundo con menos homicidios y el segundo con más encarcelados en las Américas, con el fin de sembrar la desconfianza, incluso entre vecinos, para obstaculizar la repetición de movilizaciones sociales como las que lograron terminar con la dictadura pinochetista. Con todo, no han podido parar a los estudiantes.
Responsabilizan, además, de la desaceleración económica, que comenzó en la administración Piñera, al estatismo de Bachelet, lo hacen en nombre de la libertad. Olvidan que fueron liberticidas en lo político y siguen siendo libertinos en lo económico. Como también culpan a una supuesta inestabilidad creada por las reformas que impulsa el Gobierno. El capital, dijo un líder empresarial, es cobarde, negando que el emprendimiento conlleva por definición el riesgo, como también, la alabada destrucción creativa del capitalismo.
Sin embargo, apenas mencionan que esas reformas cuentan con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, la OCDE y la Cepal, que la política económica chilena ha tenido recientes comentarios favorables del Bank of América, JP Morgan y Standard & Poor’s, que la inversión extranjera creció 15 % el 2014, que la colocación de deuda pública en Wall Street fue muy exitosa, etc.
[cita]Chile se reforma o entra en una crisis de antipolítica generalizada con consecuencias impredecibles. Por consiguiente, Bachelet, sin perjuicio de apoyar con energía las investigaciones judiciales, debería pedir en público a las empresas beneficiadas por la especulación inmobiliaria en la que participó su nuera –Caval y el Banco de Chile–, que donen esas ganancias a una nueva fundación, dependiente de La Moneda, para ayudar a menores que sufren enfermedades como la de Valentina Maureira.[/cita]
Ese interés internacional en nuestro pequeño y lejano país, confirmado por las recientes visitas de la directora ejecutiva del Fondo Monetario y del economista estrella Piketty, según el Financial Times, se debe a que «Bachelet es la más prominente jefa de Estado que inicia un proyecto para abordar la desigualdad social, hoy el tema más importante para las economías occidentales», como lo confirma hasta Kissinger –que en su último libro de geopolítica la califica de ‘insostenible»– y la reciente reunión del Foro Económico Mundial en Davos, el barómetro del capitalismo.
Dos de los principales temas de ese foro fueron las repercusiones económicas, sociales y empresariales de la desigualdad de ingresos y la continua erosión de la confianza ciudadana en las instituciones de los sectores público y privado.
Unas pocas semanas antes del foro en Davos, Adrian Monck, director-administrador de Compromiso Público de dicha institución, publicó un artículo que comenta otro de Eduard Porter –analista económico jefe de The New York Times– sobre la disminución de la desigualdad en América Latina, pero que sigue siendo altísima, con mención especial a Chile y con la pregunta ¿pero a qué costo?
Porter se concentra en la declinación del premio salarial a la educación, que en los países desarrollados se atribuye a la automatización, los robots y la emigración de la produción a países en desarrollo. En nuestro caso, en cambio, se ha mencionado un exceso de graduados, pero la disminución de ese premio comenzó una década más tarde que la expansión universitaria.
Debido a ello, agregan, en Chile se sospecha de la mala calidad de la educación, una consecuencia de la proliferación de universidades privadas como negocio, y de una deficiente preparación primaria y secundaria segregada a los nuevos estudiantes, los primeros en sus familias que alcanzan la educación superior.
Porter y Monck, sin embargo, concluyen que la clave del problema es la especialización de nuestras economías, también la chilena, en exportaciones de productos primarios, que necesitan poca mano de obra calificada, y, por tanto, limitan la disminución de la desigualdad a políticas gubernamentales redistributivas, financiadas por el boom de los precios de los productos primarios, pero que han sido insuficientes, incluso la famosa Bolsa de Familia del presidente Lula, lo que explica la movilización social también en Brasil.
Por ello tal vez la Corfo definió recientemente siete «programas estratégicos de especialización inteligente», pero, por desgracia, la mayoría de ellos ocupa muy poca mano de obra calificada. El principio rector debería ser el aumento del valor agregado que genere empleo, por ejemplo, manufacturas de cobre, baterías de litio y energías renovables en vez de minería y construcción.
Más la propuesta de Dani Rodrik, pasar del Estado del bienestar, en nuestro caso incipiente, al innovador, o sea, que no solo siembre nuevas innovaciones –en Chile ni siquiera lo hace–, y las traspase a los privados, como en EE.UU., sino también cosecharlas, para redistribuir los resultados con justicia social y no por lucro.
La Presidenta Bachelet tuvo un brillante primer año, pese a desacuerdos en la Nueva Mayoría que fueron, ante la sorpresa de muchos, subsanados. Se aprobaron todas sus reformas para el 2014, mientras que la derecha se vio envuelta en una investigación judicial sobre el financiamiento de sus campañas electorales con fraudes tributarios.
Por cierto, seguimos viviendo en el pasado, las reformas aprobadas comienzan recién a aplicarse y lo harán paulatinamente. Por esa razón, nuestros multimillonarios de Forbes, una decena, incrementó la suma de sus fortunas líquidas del 2013 al 2014, de 15,5 mil millones de dólares a 33,9 mil millones (aproximadamente, 21.000.000.000.000 de pesos)
En febrero de este año, las reformas que faltan han sido ensombrecidas por el caso Caval/Banco de Chile, un crédito a una sociedad en que participa la nuera de la Presidenta para una especulación inmobiliaria por un monto seis mil veces superior al capital de esa sociedad, que le dio una ganancia de 3 mil millones de pesos en un año, y que investiga la justicia.
Este hecho ha sido aprovechado con descaro por la derecha, cuya defensa por su financiación ilegal ha sido salpicar al Gobierno con hechos similares para lograr un perdonazo, como lo propuso textualmente Roberto Méndez, el jefe de Adimark.
Ante ello, la Presidenta debería, primero, encabezar la superación de la crisis política por la que atraviesa el país, cuya causa es la codicia, como lo denunció el sacerdote Berríos. Comprendo el problema que tiene por las acciones de su hijo, pero antes está el interés del país. Y su renuncia me parece insuficiente, dado el sensacionalismo de los medios de comunicación.
Con todo, detener el proceso de reformas, la predicción de pájaros de mal agüero, por el fortalecimiento de una presunta oposición moderada dentro de la coalición gubernamental por el caso Caval, como si la Presidenta no fuera considerada por el mundo como representante del cada día más popular capitalismo inclusivo, carece de sentido. Las reformas no producen financiamiento electoral con fraude tributario ni especulación inmobiliaria, por el contrario, deben impedirlas con severas sanciones.
Chile se reforma o entra en una crisis de antipolítica generalizada con consecuencias impredecibles. Por consiguiente, Bachelet, sin perjuicio de apoyar con energía las investigaciones judiciales, debería pedir en público a las empresas beneficiadas por la especulación inmobiliaria en la que participó su nuera –Caval y el Banco de Chile–, que donen esas ganancias a una nueva fundación, dependiente de La Moneda, para ayudar a menores que sufren enfermedades como la de Valentina Maureira.
Como también pedir a las autoridades electas que financiaron campañas electorales con boletas ideológicamente falsas, es decir, con fraude tributario, que donen una parte de sus dietas y remuneraciones a la nueva fundación.
Además, enviar de inmediato un primer proyecto de limpieza de las campañas electorales al Congreso, con extrema urgencia, que limite las donaciones con ese fin a las personas naturales, con un tope de $ 1.600.000, una cifra aproximada al máximo permitido a los ciudadanos norteamericanos.
Y continuar con la agenda de reformas, entre las que debería incluir un control del suelo para evitar especulaciones que, como lo demostraron EE.UU. y España hace muy poco, también tienen efectos económicos desastrosos. Por lo demás, el cielo, el agua y la tierra son propiedad de todos desde la Creación.
