No se trata de crear un órgano burocrático sino que, por el contrario, deberá ser una instancia flexible, basada en la confianza, que tenga un carácter de asesoría a la Presidencia de la República, cuyos miembros sean representativos de los más amplios y variados sectores de la sociedad, por su calidad, capacidad e idoneidad. Sus integrantes deberían tener inamovilidad, durar un cierto período y ser nombrados por el Presidente de la República, con el acuerdo del Senado con un quórum calificado. Si se pudiera hacer un símil, debería ser algo parecido a la estructura del Consejo del Banco Central, que ha permitido mejorar la calidad de las políticas económicas. Aquí se trata del establecimiento de un Consejo para la Gobernabilidad democrática, que contribuya a mejorar la calidad de la política.
Los recientes acontecimientos relativos a la relación entre negocios y política, y la transparencia de la actividad política, plantean el desafío de realizar cambios muy significativos en las maneras y formas de hacer política, para lo cual será preciso establecer una institucionalidad que se aboque al mejoramiento de «la calidad de la política democrática», de una manera integral y sistémica. La magnitud de los problemas que requieren ser enfrentados, plantean la necesidad de un enfoque que los aborde de manera conjunta, desde diversas variables disciplinarias, y no solamente a partir de perspectivas legales. Las leyes y los mecanismos de control son necesarios pero no suficientes, si no van acompañados de un conjunto de medidas prácticas, que impliquen la incorporación de determinados valores en la vida cotidiana de los ciudadanos. Por otra parte, los avances tecnológicos en materia de comunicaciones, y especialmente las redes sociales, plantean un conjunto de nuevos requerimientos a la función mediadora de los partidos políticos, que implicarán necesariamente cambios cualitativos en sus funciones, y estructura organizativa interna, para hacerlas cada vez más participativas y transparentes. Se requiere, también, de nuevos mecanismos de articulación entre los actores sociales y los partidos políticos, para que éstos tengan una mayor representatividad.
Tomando en consideración que existe una tendencia en la sociedad a una autonomía casi absoluta en el funcionamiento de lo privado, resulta indispensable, para una adecuada y transparente relación con el mundo de la política, establecer nuevos mecanismos e instrumentos que transparenten esta vinculación, y que impidan las influencias recíprocas entre ambos subsistemas. El Consejo para la gobernabilidad deberá abocarse a proponer leyes, reglamentos, mecanismos para que esto pueda lograrse.
[cita]No se trata de crear un órgano burocrático sino que, por el contrario, deberá ser una instancia flexible, basada en la confianza, que tenga un carácter de asesoría a la Presidencia de la República, cuyos miembros sean representativos de los más amplios y variados sectores de la sociedad, por su calidad, capacidad e idoneidad. Sus integrantes deberían tener inamovilidad, durar un cierto período y ser nombrados por el Presidente de la República, con el acuerdo del Senado con un quórum calificado. Si se pudiera hacer un símil, debería ser algo parecido a la estructura del Consejo del Banco Central, que ha permitido mejorar la calidad de las políticas económicas. Aquí se trata del establecimiento de un Consejo para la Gobernabilidad democrática, que contribuya a mejorar la calidad de la política.[/cita]
Asimismo , es indispensable establecer un ámbito que posibilite la articulación de acuerdos estables entre el Gobierno, las fuerzas sociales, el movimiento sindical, y el sector empresarial para concordar políticas públicas de Estado de largo plazo, en determinadas áreas, cualesquiera sean los gobiernos de turno, y de esta forma potenciar y dar estabilidad a la inserción internacional del país.
No se trata de crear un órgano burocrático sino que, por el contrario, deberá ser una instancia flexible, basada en la confianza, que tenga un carácter de asesoría a la Presidencia de la República, cuyos miembros sean representativos de los más amplios y variados sectores de la sociedad, por su calidad, capacidad e idoneidad. Sus integrantes deberían tener inamovilidad, durar un cierto período y ser nombrados por el Presidente de la República, con el acuerdo del Senado con un quórum calificado. Si se pudiera hacer un símil, debería ser algo parecido a la estructura del Consejo del Banco Central, que ha permitido mejorar la calidad de las políticas económicas. Aquí se trata del establecimiento de un Consejo para la Gobernabilidad democrática, que contribuya a mejorar la calidad de la política. Este consejo debería tener al menos tres objetivos principales
I. Promoción de una «ética mínima» en todas las organizaciones de la sociedad. La ética no es una abstracción. Es un saber práctico, que procura que las personas y las organizaciones actúen racionalmente, es decir, con la mayor correspondencia posible entre fines y medios. No se trata de imponer «éticas de máxima» que se refieren a aquellas visiones religiosas filosóficas o agnósticas de determinados grupos o personas, respecto de las cuales se puede dar testimonio, convocar o promover, pero en ningún caso imponer, en una sociedad plural y democrática, pues se entra en integrismos de distinta naturaleza y de fatales consecuencias. Pero esto no significa que no exista, a pesar de esas «éticas de máxima», «una ética de mínima» que establezca un conjunto de valores que todos los actores sociales y miembros de la sociedad deberán compartir para que haya sociedad, cualesquiera sean «las éticas de máxima». Se trata de promover e impulsar conductas y comportamientos concretos basados en estos valores compartidos por todos los actores de la sociedad: organizaciones sociales, sindicatos, empresas, universidades, partidos políticos, iglesias, etc. Todas las organizaciones con sus propias finalidades específicas, deberán forjar un carácter ético Estos valores deben expresarse en códigos de ética. Los códigos de ética, no son meras declaraciones de valores corporativos (visión, misión y valores impulsados por los sistemas de gestión de la calidad). Los códigos de ética se refieren a conductas y comportamientos que los miembros de las organizaciones deben seguir. Su misión principal es señalar objetivos y regular conductas.
El Consejo para la Gobernabilidad Democrática deberá promover el establecimiento de estos códigos para cada una de las organizaciones de la sociedad, y en especial para cada uno de los partidos políticos y códigos multipartidarios para regular las relaciones entre los partidos.
Los códigos de ética de las diversas organizaciones de la sociedad, serán la expresión de valores compartidos por ésta, y por tanto constituirán una de las maneras de promover una ética ciudadana que forme parte de una cultura de la sociedad y oriente las acciones y los procesos de toma de decisiones.
II. Fortalecimiento y Modernización del sistema de partidos políticos. La calidad de la política tiene una directa relación con la capacidad del sistema de partidos políticos de expresar y representar adecuadamente a las fuerzas sociales principales de la sociedad. No hay gobernabilidad democrática sin un sistema de partidos políticos sólidos. En la actualidad los partidos políticos sufren un deterioro significativo producto de que han perdido su capacidad de representar, entre otras razones, por la enorme complejidad y diversidad de la sociedad, de mediar entre los ciudadanos y el poder, y de sustentar las políticas públicas. Por otra parte, los proyectos políticos de los partidos han perdido capacidad de convocatoria. La estructura interna de los partidos y su transparencia es una «caja negra» para la ciudadanía. Cada día hay una desafección mayor hacia los partidos políticos, especialmente de los sectores juveniles. Para revertir esta tendencia, se deberían implementar a lo menos las siguientes medidas: a) cada partido puede darse sus propios estatutos, con su estructura y organización propia, pero una vez acordadas al interior de cada partido, estos pasan a ser de derecho público y, por tanto, cualquier persona o militante puede reclamar su cumplimiento, incluso recurriendo mediante recurso de protección a la Corte de Apelaciones respectiva; b) los registros de militantes tienen que ser transparentes y públicos, los partidos deben tener la obligación de publicitarlos en su pagina web; c) la calificación y certificación de los actos electorales al interior de los partidos políticos, deben ser realizadas por un organismo autónomo, con facultades plenas para exigir el cumplimiento de los procedimientos acordados; d) los partidos deben cumplir con la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía a través de procedimientos previamente acordados; e) los partidos políticos estarán sometidos a auditorías contables y financieras periódicas. Todas estas medidas, deben ser controladas y supervigiladas por una SUPERINTENDENCIA DE PARTIDOS, que será un organismo autónomo, con presupuesto propio, inamovilidad de sus miembros, y que dependerá de este Consejo de gobernabilidad democrática.
En definitiva, para avanzar en la dirección señalada será preciso responder algunas preguntas fundamentales: ¿será posible que los partidos políticos se mantengan al margen del desarrollo de las herramientas digitales que ya forman parte de la comunicación política? ¿Cómo se adaptarán los partidos políticos a las nuevas formas de coordinación política que impulsan los movimientos sociales? No cabe duda que ambas preguntas tienen que ver con el desarrollo de redes en las cuales la ciudadanía identifica y da a conocer sus objetivos, solicita y fomenta apoyos, organiza y comunica información e instrucciones y, por tanto, se abren nuevos espacios para la deliberación y, en definitiva, para la participación. A esto habría que añadir que, mediante las tecnologías digitales, se pueden recabar bancos de datos sobre los electores, lo que tiene una enorme relevancia estratégica. Algunos han señalado que las victorias electorales se han debido fundamentalmente a una adecuada gestión de estos datos. Los análisis sobre el uso político de la red no deberían quedarse sólo en las potencialidades y deficiencias para que la ciudadanía se organice y actúe. La calidad de la gobernabilidad democrática se mide también por la participación ciudadana canalizada dentro de instituciones y organizaciones como son los partidos políticos, así como por altos niveles de confianza y eficacia política. En la actualidad, los partidos siguen siendo el principal actor de gobiernos y parlamentos, en consecuencia, una cantidad sustancial de las actividades políticas digitales deberían fluir dentro de los canales clásicos de representación y movilización, para lo cual es indispensable modernizar la estructura y los mecanismos de gestión de los partidos.
III. Acuerdos público-privados para la gobernabilidad democrática. El Consejo para la gobernabilidad democrática debería ser un ámbito para concertar determinados acuerdos estratégicos entre el gobierno, los diversos actores sociales, las organizaciones empresariales y sindicales, con el propósito de formular propuestas de gobernabilidad participativa, fundada en acuerdos público-privados, que tienen como supuesto una reformulación de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, estableciendo un espacio diferente en el enfrentamiento de los asuntos públicos. Mientras en el pasado se identificaba lo público con lo Estatal, en la actualidad se admite un espacio público no Estatal, en el cual se establecen diferentes formas de coordinación y concertación entre ambos. El tema central es en consecuencia: ¿cómo potenciar dichas forma? ¿Qué requerimientos se plantean para fortalecerlas y hacerlas sostenibles? ¿De qué manera se puede cooperar para ello?
En definitiva, se trata de que este espacio pueda servir para enfrentar problemas que son más amplios y más complejos por la multiplicidad de actores y organizaciones involucradas.
