La sociedad chilena en su gran mayoría –como lo reflejan las encuestas– ya no cree en el discurso y promesas de una “élite endogámica” que se beneficia a sí misma, y que se ha enriquecido como nunca desde las privatizaciones emprendidas durante el régimen dictatorial.
La relación promiscua entre el dinero y la política –siempre presente en la historia humana– ha alcanzado hoy dimensiones globales, y además tiene un impacto directo en la creciente desigualdad que vemos en distintas latitudes. A este respecto, El Foro Económico Mundial, en un informe sobre “Riesgos Globales”, señala a la creciente desigualdad social como un factor altamente desestabilizador, que amenaza con “dar vuelta los avances conseguidos con la globalización, y provocar la emergencia de una nueva clase de estados críticamente frágiles”.
Ahora, no es ningún misterio que en este tema nuestro país tiene un mal registro en el mundo, y es esto básicamente lo que subyace a la movilización y malestar social que hemos visto en el último tiempo. La sociedad chilena en su gran mayoría –como lo reflejan las encuestas– ya no cree en el discurso y promesas de una “élite endogámica” que se beneficia a sí misma, y que se ha enriquecido como nunca desde las privatizaciones emprendidas durante el régimen dictatorial. Y si bien este es un fenómeno mundial asociado a lo que algunos han llamado “el lado oscuro de la globalización” (un artículo de Los Angeles Times constataba que los seis herederos de Waltmart serán más ricos que todo el 30% más pobre de Estados Unidos), no es menos cierto que su impacto es distinto, dependiendo del modelo sociopolítico existente en diversos lugares del planeta.
[cita]La sociedad chilena en su gran mayoría –como lo reflejan las encuestas– ya no cree en el discurso y promesas de una “élite endogámica” que se beneficia a sí misma, y que se ha enriquecido como nunca desde las privatizaciones emprendidas durante el régimen dictatorial.[/cita]
Economistas ortodoxos dicen que la solución es meramente “técnica”, y que tiene que ver con asegurar un crecimiento sostenido y elevar la calidad de la fuerza de trabajo de los países (a través de un salto cualitativo en el sistema educacional). Por cierto que estas son condiciones necesarias para abordar el problema, pero en este análisis se omite el componente “político” que hace que algunos países sean mucho más desiguales que otros, no obstante tener índices similares de riqueza y desarrollo.
Diversos estudios de cientistas sociales han demostrado que “la política” sí incide en las desigualdades, cuando a través del “lobby oculto”, el financiamiento de campañas, y la puerta giratoria (donde políticos y altos funcionarios públicos pasan después a empresas relacionadas), grupos poderosos consiguen que se legisle a favor de sus intereses y que se les adjudiquen millonarios contratos o adquisiciones de empresas (a precios de liquidación) desde el Estado. Así, por ejemplo, Paul Pierson y Jacob S. Hacker demuestran, en el subtítulo de su libro*, cómo en Estados Unidos el poder político en Washington hizo “más ricos a los ricos y le dio la espalda a la clase media” al modificar la regulación financiera y laboral, además de la impositiva, a favor de los grandes empresarios.
La contrapartida de esto es que muchos de los congresistas en ese país forman parte del “club de los millonarios” y con nexos directos con el mundo financiero responsable de la crisis del 2008 en ese país. Y en un reciente artículo en The New York Times, el destacado economista Paul Krugman demuestra también por qué no es (en lo principal) la educación, si no quién tiene “el poder”, el factor esencial en la creciente desigualdad de ingresos en Estados Unidos. Esto es hoy un problema global, pues como lo explica la conservadora revista The Economist: a los países con mayor diferencia de ingresos les va peor en todos los indicadores sociales, incluyendo más criminalidad, corrupción y anomia social. Hoy en todo el mundo se conocen día a día inmensos escándalos de corrupción. La política en muchas partes ha sido “colonizada” por el gran capital, lo que explica en buena medida la creciente desigualdad y grandes abusos a la que son sometidos diariamente la mayoría de los ciudadanos. Y los discursos y códigos de ética son completamente ineficaces en el marco de un sistema económico que por esencia incentiva la codicia, la ganancia fácil, la competencia sin límites, y una visión “instrumental” de las relaciones sociales.
Sólo una mayor organización y fiscalización ciudadanas, el establecimiento de drásticos “cortafuegos” entre el dinero y la política, un Estado con fuertes capacidades regulatorias, y cambios constitucionales que garanticen derechos ciudadanos básicos, harán posible que esta actividad retorne a lo que siempre debió haber sido su esencia: la protección y representación del ciudadano común frente a las grandes asimetrías existentes en un mundo donde el poder del dinero parece haberlo permeado todo.
* Hacker, J. S. & Pierson, P. (2010). Winner-Take-All Politics: How Washington Made the Rich Richer—and Turned Its Back on the Middle Class. New York: Simon and Schuster.
