Vivimos una sociedad patriarcal, en la cual diariamente se reflejan evidencias concretas que obstaculizan y afectan la igualdad en distintas esferas que comprometen a la mujer: educación, salud, violencia, derechos humanos, la subrepresentación en los medios de difusión, desigualdad en el poder y toma de decisiones. Esta última, resulta trascendental para beneficiarse de las múltiples perspectivas al momento de adoptar políticas públicas.
Avanzado ya el siglo XXI resulta insólito ser parte de una sociedad en que la toma de decisiones descansa prioritariamente en manos del hombre. Si bien la mujer ha ido ganando espacio en distintos ámbitos de la sociedad, aún falta mucho para lograr la equidad de género. Es por eso que esta inquietud nace como una necesidad perentoria para que la mujer logre incidencia y visibilidad en la política y, de esta manera, no exista retroceso y se permita evolucionar hacia una sociedad igualitaria.
En Chile, en 1935 por primera vez la mujer accede a sufragar en elecciones municipales; alcanza el Parlamento en 1949 y, actualmente, ocupa el 15,8% en la Cámara de Diputados y un 15,8% en el Senado. En el año 2005, Chile deslumbró al mundo al elegir a una mujer como Presidenta de la República; y hace dos años, dos mujeres compitieron como candidatas en la carrera política para poder lograr la Presidencia. Este año se cumplen dos décadas desde que se realizó la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Beijing, en la que se aprobó el documento que plantea 12 objetivos clave para el empoderamiento, la equidad de género y erradicación de todo tipo de discriminación y violencia contra la mujer.
[cita]Vivimos una sociedad patriarcal, en la cual diariamente se reflejan evidencias concretas que obstaculizan y afectan la igualdad en distintas esferas que comprometen a la mujer: educación, salud, violencia, derechos humanos, la subrepresentación en los medios de difusión, desigualdad en el poder y toma de decisiones. Esta última, resulta trascendental para beneficiarse de las múltiples perspectivas al momento de adoptar políticas públicas.[/cita]
Sin embargo, todo esto que aparentemente muestra gran avance, es insuficiente, ya que para incorporar efectivamente la visión de género, resulta primordial tomar medidas reales, que debieran traducirse en cuotas de género. Es más, todo este pequeño progreso podría entrar en retroceso debido al requerimiento de un grupo de parlamentarios de derecha, presentado el 24 de enero de este año al Tribunal Constitucional (TC), solicitando que se declare la inconstitucionalidad del proyecto de ley que sustituye el sistema electoral binominal por un sistema electoral de carácter proporcional inclusivo, y que fortalece la representación en el Congreso Nacional. En dicho requerimiento se analiza la modificación a la ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios en relación a la «cuota de género» al momento de inscribir las candidaturas de parlamentarios. A juicio del grupo parlamentario, existe una pugna entre el mecanismo de cuotas y el procedimiento de primarias, que limita el libre ejercicio del derecho de asociación. No se cuestiona la constitucionalidad del mecanismo sino el modo en que se materializa, es decir, la oposición al procedimiento de primarias.
También es objeto de inconstitucionalidad la norma, que se incorpora en la ley, que establece el sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República, Parlamentarios y Alcaldes; la exigencia a los partidos políticos que decidan someterse al sistema de elecciones primarias para los períodos electorales parlamentarios de los años 2017, 2021, 2025 y 2029, de que solo podrán someter a dicho procedimiento hasta el 40% del total de candidaturas a diputados o senadores que puedan declarar en la elección definitiva, vayan o no en pacto electoral. Todo ello, debido a que el uso de primarias corresponde a una decisión de los partidos y no es susceptible de seccionamientos porcentuales.
Vivimos una sociedad patriarcal, en la cual diariamente se reflejan evidencias concretas que obstaculizan y afectan la igualdad en distintas esferas que comprometen a la mujer: educación, salud, violencia, derechos humanos, la subrepresentación en los medios de difusión, desigualdad en el poder y toma de decisiones. Esta última, resulta trascendental para beneficiarse de las múltiples perspectivas al momento de adoptar políticas públicas.
Si bien en el ámbito político aparentemente existe una mentalidad alejada de la visión patriarcal, la realidad nos indica que no parece ser tan cierta. Es un hecho que existen acciones afirmativas llevadas a cabo por el gobierno, como, por ejemplo, en la agenda nacional la creación del Ministerio de la Mujer, los proyectos de ley presentados y el nombramiento de mujeres en cargos de representación pública. Aun así, las cuotas de género son medidas indispensables para incrementar la presencia de la mujer, posibilitar la paridad de género y, por sobre todo, resultan esenciales para un cambio efectivo en la concepción de la sociedad, de manera que se sienten las bases y los modelos para futuras generaciones, logrando de este modo una conquista al mirar con respeto el aporte de la mujer en las políticas públicas.
Sabemos que la implantación de las cuotas de género no resuelve por sí solo el problema de desigualdad. Estas constituirían una medida tendiente a incorporar a la mujer en la toma de decisiones y, al mismo tiempo, corregir su situación desventajosa.
Atendiendo a esto, la resolución del TC respecto al requerimiento planteado resulta significativa, puesto que la participación de la mujer 50-50 en espacios de poder, no solo la beneficia sino que significa un enriquecimiento para la sociedad en su conjunto.
