Mirar la Reforma Educacional desde la infancia permite reflexionar sobre el sentido profundo de la educación desde un enfoque de la ciudadanía, comprendiendo que la educación no es solo una obligación o un cúmulo de conocimientos, sino, y esencialmente, un derecho.
Siendo la infancia un actor clave en la educación, su papel ha sido poco claro en esta Reforma Educacional, aún no sabemos si finalmente la educación será vista solo como una etapa de formación intensiva que prepara a las niñas y los niños para su vida futura (mirada adultocéntrica) o, por el contrario, si el nuevo modelo de educación los verá como sujetos de derechos y actores centrales de un proceso de desarrollo integral que ya están viviendo en el presente (mirada protagónica) y, por lo tanto, desde este enfoque, también deberían participar del debate público que se está dando hoy en día sobre esta cuestión.
En enero recién pasado se aprobó en el Congreso de la República de Chile el Proyecto de Ley de Inclusión Escolar que propone tres importantes medidas en el marco de la actual Reforma Educacional. No olvidemos que esta Reforma Educacional surge como una respuesta política a las demandas sociales planteadas por el Movimiento Estudiantil durante los años 2011 y 2012, que exigía una educación pública, gratuita, de calidad y que fuera avalada por el Estado como un derecho y no como un bien de consumo. Cabe decir que en el Movimiento Estudiantil participaron activamente estudiantes adolescentes y jóvenes, junto a diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes tuvieron el reconocido mérito de instalar este tema como una prioridad país.
[cita] Mirar la Reforma Educacional desde la infancia permite reflexionar sobre el sentido profundo de la educación desde un enfoque de la ciudadanía, comprendiendo que la educación no es solo una obligación o un cúmulo de conocimientos, sino, y esencialmente, un derecho.[/cita]
En este escenario, observamos que los principales actores de la Reforma Educacional han sido, por un lado, adolescentes y jóvenes participantes protagónicos del Movimiento Estudiantil y, por otro, las instituciones del Estado que están liderando este asunto, las organizaciones gremiales y de la sociedad civil (los llamados grupos de interés) y, en menor medida, las familias. Si bien el Ministerio de Educación ha establecido un Plan Nacional de Participación Ciudadana a través de canales formales donde se podrá oír la opinión de todos los actores, estas iniciativas están organizadas según qué actor vaya a participar. Habrá Diálogos Ciudadanos, donde podrán participar todas las personas interesadas; Diálogos Temáticos, donde podrán debatir estudiantes, comunidades escolares, universitarias, representantes políticos, pueblos indígenas, migrantes, personas con capacidades especiales, gremios, sindicatos, apoderados; y Diálogos Técnicos donde presentarán sus propuestas académicos, centros de estudios, organizaciones y expertos. Queda pendiente que el Ministerio de Educación informe públicamente sobre los mecanismos concretos y más idóneos que se facilitaron para que las niñas y los niños también participaran y se tomaran en cuenta sus opiniones en el diseño e implementación de la Reforma Educacional, tal como lo establece el Artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño.
Si analizamos a grandes rasgos el mencionado Proyecto de Ley de Inclusión Escolar vemos que aborda tres aspectos fundamentales de la demanda ciudadana, pero el actor central que parece latente en cada uno de ellos no siempre es la infancia:
Este último punto es de vital importancia dentro del debate de la Reforma Educacional, ya que de modo informal se ha oído que algunas madres y padres han manifestado abiertamente su rechazo a esta medida de evitar la selección escolar, porque valoran relacionarse con personas socialmente similares. En otras palabras, hay familias que no quieren que sus hijas e hijos “se mezclen” con hijas e hijos de personas “delincuentes” (sic), inmigrantes o de un nivel socioeconómico distinto del propio, sin consultar o sin comunicar la visión que tienen las niñas y los niños sobre la posibilidad de compartir el aula con otras niñas y niños que viven situaciones de vida distintas de la propia.
Entonces, valdría la pena preguntarse de qué forma el Estado chileno considerará la opinión de las propias niñas y los niños, por ejemplo, en el proceso de selección de un establecimiento educacional, incluso si es contradictoria o crítica con la visión de sus familias y cómo o con qué criterios se resolverían estos conflictos generacionales y qué preferencias primarían. En la situación antes descrita serían las propias familias las que estarían discriminando informalmente a otras niñas y otros niños por las condiciones de vida de sus familias, obstaculizando que sus hijas e hijos conozcan, compartan y aprendan a valorar la diversidad, el respeto y la inclusión en la experiencia escolar cotidiana. Mirar la Reforma Educacional desde la infancia permite reflexionar sobre el sentido profundo de la educación desde un enfoque de la ciudadanía, comprendiendo que la educación no es solo una obligación o un cúmulo de conocimientos, sino, y esencialmente, es un derecho.