¿Dónde está el límite entre un proyecto universitario y uno de carácter ideológico? ¿Debe el Estado establecer criterios cuando se trata de una universidad privada como es la Universidad Católica? ¿Acaso no debiésemos como sociedad exigirle “pluralismo” a un centro universitario al momento de invertir los recursos de todos los chilenos? Pero ¿cómo, entonces, definimos aquel pluralismo? Seguramente al tratar de responder estas preguntas descubriremos que el conocimiento, el saber, es en esencia un acto político.
Alberto Mayol, en su columna «La crisis Moral en la UC: el alma máter de Penta», abre una interesante reflexión sobre el rol de las universidades en la construcción de modelos políticos y económicos: ¿es factible inferir a partir del comportamiento de algunos individuos ciertas conductas colectivas más generales? ¿Podemos concebir a una universidad en tanto proyecto ideológico y político? Puesto de otro modo, ¿nos enfrentamos a un problema de “ovejas negras” descarriadas o más bien se trata de proyectos institucionales que marcaron a varias generaciones?
Mayol se inclina por la segunda de las interpretaciones. Aquí no estaríamos frente a simples “ovejas negras” que cometen ilícitos, sino más bien a generaciones de egresados que, principalmente desde le economía y el derecho, compartieron una determinada cosmovisión del mundo que hoy se demuestra reñida con la ética.
Pero ¿podríamos generalizar este argumento hacia el conjunto de estudiantes egresados de aquella casa de estudios? Sin duda que no. La historia nos muestra que incluso al interior de dicha universidad conviven profesores(as) y estudiantes que han disputado espacios de poder y visiones de mundo. Así, por ejemplo, lo demostró el movimiento reformista de la década de los 60 o el movimiento estudiantil democratizador de los años 80. Algo similar ocurre con la reciente carta de un grupo de académicos(as) que rechazó la desvinculación del profesor Costadoat. Resulta evidente, entonces, que al interior de esa casa de estudios existe una viva comunidad que tiene puntos de vista muy diferentes.
[cita] ¿Dónde está el límite entre un proyecto universitario y uno de carácter ideológico? ¿Debe el Estado establecer criterios cuando se trata de una universidad privada como es la Universidad Católica? ¿Acaso no debiésemos como sociedad exigirle “pluralismo” a un centro universitario al momento de invertir los recursos de todos los chilenos? Pero, ¿cómo, entonces, definimos aquel pluralismo? Seguramente al tratar de responder estas preguntas descubriremos que el conocimiento, el saber, es en esencia un acto político.[/cita]
Pero esta histórica dinámica de poder interno no ha impedido que desde la rectoría se hayan intencionado ciertos proyectos institucionales en ciertos momentos de la historia. Y es allí donde Mayol tiene razón. En la historia de la PUC, dos proyectos institucionales han marcado el devenir del país. El primero se inició en el año 1956 a partir de un convenio entre esta universidad y la escuela de Economía de la Universidad de Chicago, liderada en esos años por Milton Friedman y Arnold Harberger. Más de una veintena de los egresados de dicho programa (los Chicago boys) ocuparon puestos claves en lo que sería la mayor transformación del modelo de relaciones sociales y económicas de Chile y que se implementó en dictadura. Desde Pablo Barahona, Álvaro Bardón y Hernán Büchi, y hasta Cristián Larroulet, Joaquín Lavín y Felipe Lamarca formaron parte de este grupo de ex estudiantes que incidieron decididamente en el establecimiento de un programa de reformas en el campo de las privatizaciones, y en áreas de previsión, salud, relaciones laborales y la economía en general.
El segundo fue liderado por Jaime Guzmán y consideró la imposición de una nueva Constitución también bajo dictadura. En este caso, se trató de un proyecto que aglutinó a profesores y estudiantes partidarios del régimen militar en la Facultad de derecho de la PUC y que le dio un importante sustento doctrinario al establecimiento de estas nuevas reglas de juego.
El compromiso con dicho proyecto fue tal, que con ocasión del plebiscito convocado por Pinochet para el 11 de septiembre de 1980, los profesores de dicha facultad publicaron un inserto que sin tapujos llevaba el logo oficial de la universidad. Allí defendieron a Pinochet, el plebiscito y su Constitución. Argumentaron que la Junta Militar tenía “la potestad constituyente por haber advenido al poder en virtud de una revolución legítima (…). En consecuencia, reside en los nuevos gobernantes revolucionarios el poder constituyente originario, tanto para el establecimiento de una nueva institucionalidad que automáticamente se crea como consecuencia de la revolución, como para regular transitoria y definitivamente la nueva institucionalidad”. Firmaban esta declaración institucional su decano y gran parte del cuerpo académico incluyendo a Sergio Gaete Rojas, Fernando Rozas Vial, Víctor Vial del Río, Hernán Larraín, Arturo Irarrázaval, Blas Bellolio, Raúl Lecaros, José María Eyzaguirre, Gonzalo Rojas Sánchez, Jaime Guzmán, Jorge y Jaime Carey Tagle y Andrés Chadwick, entre muchos otros.
De esta forma la PUC, en tanto institución, invirtió recursos y patrocinó dos proyectos ideológicos que marcaron al país. En determinadas coyunturas históricas dicha universidad cobijó, se hizo parte y promovió determinadas ideas que afectaron profundamente el orden social. A un modelo de universidad más contemporáneo que realza la libertad de cátedra y la autonomía, se contrapone este otro modelo –el de una Universidad comprometida con un proyecto ideológico– que busca incidir en el proceso político toda vez que existen ciertos baluartes a defender; con rectores militantes y dispuestos a marchar por una causa; con algunos departamentos comprometidos con un modelo específico de sociedad.
Algunos influyentes departamentos se convirtieron en un instrumento para proyectar sus intereses y visiones de mundo. Este es quizás el impacto más significativo que conozcamos de una institución universitaria modelando el destino de nuestra sociedad. Ambos se materializaron en dictadura, ambos emergen desde dos campos disciplinarios cruciales y ambos hoy se encuentran en entredicho.
Lo anterior no es único de Chile. En otros lugares importantes departamentos han desarrollado proyectos que han marcado definiciones de política y a generaciones completas. No es novedoso que una élite incida en la sociedad desde la universidad o desde el conocimiento. La pregunta más interesante, a mi juicio, es si el Estado debiese financiar algún tipo de proyecto similar al que en su oportunidad se desarrolló en Derecho o en Economía de la PUC. ¿Dónde está el límite entre un proyecto universitario y uno de carácter ideológico? ¿Debe el Estado establecer criterios cuando se trata de una universidad privada como es la Universidad Católica? ¿Acaso no debiésemos como sociedad exigirle “pluralismo” a un centro universitario al momento de invertir los recursos de todos los chilenos? Pero ¿cómo, entonces, definimos aquel pluralismo? Seguramente al tratar de responder estas preguntas descubriremos que el conocimiento, el saber, es en esencia un acto político.
