Con esta propuesta se abre una vía institucional que desentrampa la discusión actual sobre la legalidad de la Asamblea Constituyente en nuestro ordenamiento jurídico y permite al Congreso Nacional dar una señal clara y categórica de estar disponibles para reconstruir la confianza en las instituciones que sostienen el régimen democrático chileno.
Una propuesta clara y viable para permitir que un plebiscito dirima el mecanismo a través del cual Chile se dotará de una nueva Constitución, fue recepcionada por la Bancada AC de la cual formo parte desde su inicio en junio del 2014.
La iniciativa fue elaborada por 25 abogados constitucionalistas que, en lo fundamental, proponen reformar la actual Constitución, facultando al Ejecutivo para convocar a un plebiscito en el que sean los ciudadanos quienes elijan el procedimiento para que nuestro país se dote de una nueva Carta Fundamental.
Para ello es necesario modificar los actuales artículos de la actual Constitución referidos a votaciones populares y escrutinios en relación a las atribuciones del Ejecutivo en esta materia y se requiere del más amplio acuerdo de ambas Cámaras del Congreso.
Con esta propuesta se abre una vía institucional que desentrampa la discusión actual sobre la legalidad de la Asamblea Constituyente en nuestro ordenamiento jurídico y permite al Congreso Nacional dar una señal clara y categórica de estar disponibles para reconstruir la confianza en las instituciones que sostienen el régimen democrático chileno.
El apoyo ciudadano a este mecanismo (68,1%, según una encuesta USACH de enero 2015) debe mover a las actuales autoridades políticas a construir un gran acuerdo nacional para discutir, en un escenario dotado de amplia legitimidad, el contenido de una Constitución para el siglo XXI, en el que se reconozcan y garanticen derechos individuales y sociales, se avance en transparencia y modernización de nuestras instituciones y se generen mecanismos efectivos de participación en la toma de decisiones de los proyectos de futuro que nuestro país requiere construir.
[cita] Con esta propuesta se abre una vía institucional que desentrampa la discusión actual sobre la legalidad de la Asamblea Constituyente en nuestro ordenamiento jurídico y permite al Congreso Nacional dar una señal clara y categórica de estar disponibles para reconstruir la confianza en las instituciones que sostienen el régimen democrático chileno.[/cita]
Los casos Penta, SQM y Caval, han puesto en tela de juicio la relación incestuosa entre dinero y política. Por ello, un plebiscito que defina el mecanismo por el cual debe realizarse una nueva Constitución es una oportunidad para el país, pues permitiendo la participación y la inclusión de la mayor cantidad de actores sociales, la nueva Carta Fundamental adquirirá legitimidad en su origen.
Una segunda consideración es la incorporación del pueblo en la toma de decisiones, toda vez que en él recae la voluntad soberana: desde el retorno a la democracia una de las deudas pendientes de los gobiernos democráticos fue mantener e incrementar la participación política de la sociedad civil, generando instancias en las que ésta pudiera ser parte de la toma de decisiones de manera decisiva y no tan solo una opinión a ser considerada a través de un sinnúmero de consejos consultivos sin poder ciudadano.
La creciente distancia entre los ciudadanos y las instituciones políticas no puede ser resuelta sin que los primeros vuelvan a ocupar un rol fundamental en los grandes temas del país, generando fuentes de financiamiento transparente y suficiente para su vida institucional, dotándolos de mayor incidencia en los temas locales y fortaleciendo los procesos de participación democrática en cada localidad o sector.
En tercer lugar, y para una efectiva consagración del régimen democrático chileno, es necesario extirpar toda forma de tutela fáctica.La vieja práctica de “cocinar acuerdos” entre cuatro paredes no es posible en el Chile actual, cuando los movimientos sociales han ido recomponiendo su importancia y fuerza histórica, y en el que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han permitido a la ciudadanía asumir una vocería sin intermediarios.
La responsabilidad que nos cabe en este período a los actuales parlamentarios es no poner trabas al debate político, algo que ha sido entendido por los más de 50 diputados que han adherido a la propuesta. Esto, toda vez que es el propio Congreso Nacional el llamado a aprobar el plebiscito e instaurar un mecanismo que dote a Chile de una vía institucional, democrática y participativa para definir nuestra nueva Constitución Política.